La Paz-. El senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Bolivia Humberto Suárez ratificó hoy la exigencia de que la Ley 1720, de reconversión e hipoteca de tierras, sea derogada porque vulnera principios constitucionales.
La autoridad electa por el departamento de Beni reclamó que el presidente Rodrigo Paz atienda las demandas de los sectores movilizados en una marcha que arribó este lunes a La Paz en su jornada 28.
“Presidente, usted lo que tiene que hacer es escuchar al pueblo. Usted cuando hizo campaña dijo que iba a gobernar para la gente y esta es la gente. ¿Para quién está gobernando, para un grupo de empresarios?”, criticó el senador.
Advirtió acerca de las consecuencias de ignorar las demandas sociales y sostuvo que “si usted no va a escuchar al pueblo, a mí no me quita el sueño no ser senador, vámonos los dos a la casa. No podemos hacer leyes en contra del pueblo. Escuche al pueblo, presidente, está a tiempo”.
Suárez se dirigió hasta la zona conocida como Chuquiaguillo para recibir allí a los marchistas y, posteriormente, acompañarlos hasta el centro paceño.
“Esta es una ley inconstitucional -explicó ante los periodistas-, todo el capítulo nueve de la Constitución dice que esta ley es inconstitucional. Están beneficiando dos veces a una misma persona que ya fue titulada y eso no puede ser”.
Enfatizó Suárez en que la normativa abre la posibilidad de favorecer a determinados actores en desmedro de otros, y argumentó respecto al tema agrario sobre la base de preceptos constitucionales.
Recordó el artículo 393 de la “Ley de Leyes” que “(…) dice que la propiedad privada es indivisible ni embargable y es la que sustenta la economía del hogar, ahora quieren convertirla en mediana para acopiar tierra a los que tienen plata y blanquear tierras”.
Enfatizó Suárez en que la prioridad debe centrarse en las comunidades indígenas, de acuerdo con lo establecido en el artículo constitucional 395, que señala que las tierras deben ser tituladas a comunidades indígenas originarias; sin embargo, subrayó que ahora se las quieren dar a terratenientes.
“Los hermanos exigen seguridad jurídica para sus tierras y titulación para las que no están tituladas”, concluyó.
Este lunes, la Central Obrera Boliviana (COB) dio la bienvenida a la marcha de campesinos de tierras bajas que llegó al centro de La Paz, tras 28 días de recorrido desde el norte del país con la mantenida demanda de que sea abrogada la Ley 1720.
La normativa establece convertir la pequeña propiedad en mediana con la posibilidad de su hipoteca, y es considerada por quienes la critican como una puerta abierta a la expansión del latifundio.
Durante el recibimiento, los dirigentes de la COB respaldaron a los sectores movilizados y destacaron la legitimidad de sus demandas en defensa del territorio y la seguridad jurídica, como parte de la agenda histórica de las organizaciones sociales.
El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, ratificó que esa estructura sindical mantendrá las medidas de presión hasta lograr la anulación de la 1720, además de su reclamo de un incremento salarial del 20 por ciento.
También este lunes, la Confederación Nacional de Trabajadores Fabriles de Bolivia confirmó la continuidad de un paro indefinido en el país, acompañado de protestas y movilizaciones, como parte de las medidas anunciadas por la COB para que el Gobierno atienda sus demandas.
El secretario ejecutivo del sector, Mario Segundo, recordó que la agenda de reivindicaciones quedó definida en el cabildo realizado el 1 de mayo en la ciudad de El Alto.
“No existe temor a represalias, no hay miedo a despidos y descuentos”, sostuvo, y advirtió que los fabriles evalúan medidas más drásticas en caso de falta de respuesta por parte del Ejecutivo.
Mencionó entre ellas la posible paralización del aparato productivo, incluso en empresas privadas, como una forma de presión hasta lograr que sus demandas sean atendidas.
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