El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos bloqueó la aplicación del arancel global del 10 por ciento impulsado por el presidente Donald Trump, al considerar que el Ejecutivo utilizó de manera incorrecta una legislación comercial de la década de 1970 para imponer los gravámenes.
La corte, con sede en Nueva York, determinó este jueves que la Administración excedió las facultades otorgadas por la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, utilizada por Trump para justificar la imposición temporal de aranceles a productos procedentes de la mayoría de los países.
El fallo responde a una demanda presentada por pequeñas empresas estadounidenses que impugnaron la legalidad de los aranceles, vigentes desde el 24 de febrero de 2026.
Según la decisión judicial, la normativa invocada por Trump solo permite aplicar aranceles limitados y temporales en situaciones específicas relacionadas con desequilibrios graves en la balanza de pagos o amenazas al sistema financiero internacional.
La ley establece además que estos gravámenes no pueden superar el 15 por ciento y solo pueden mantenerse durante un máximo de 150 días sin autorización del Congreso estadounidense.
El tribunal concluyó que los déficits comerciales citados por la Casa Blanca no justifican el uso de esa disposición legal. La resolución fue aprobada por mayoría de 2 votos contra 1. Uno de los magistrados consideró que aún era prematuro fallar definitivamente a favor de las empresas demandantes.
La decisión representa otro golpe para la estrategia arancelaria de Trump, luego de que previamente el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara otros paquetes de aranceles impuestos en 2025 bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
Tras ese fallo, la administración recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 como mecanismo alternativo para mantener medidas comerciales proteccionistas. De acuerdo con medios estadounidenses, la Casa Blanca prevé apelar la decisión, lo que podría prolongar el litigio durante varios meses.
El arancel global del 10 % estaba previsto inicialmente como una medida temporal hasta el 23 de julio de 2026, fecha en la que expiraría salvo aprobación expresa del Congreso.
Según estimaciones citadas por medios estadounidenses, una derrota definitiva del gobierno podría obligar a Washington a devolver alrededor de 166.000 millones de dólares recaudados mediante esos aranceles.
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