La Paz-. Un distanciamiento entre el Gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz, y el exmandatario ultraderechista Jorge Tuto Quiroga resulta evidente hoy, tras la conferencia de prensa ofrecida la víspera por el vocero presidencial, José Luis Gálvez.
Ante la insistencia de Quiroga y de legisladores de su bancada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, Libre, de implantar en un decreto el estado de excepción frente a quienes exigen la renuncia Paz en marchas y bloqueos, Gálvez criticó la actuación del exjefe de Estado hace 26 años, en Cochabamba, durante la denominada Guerra del Agua.
“Supongo que se refiere a la Guerra del Agua, en la cual su gobierno dictó un estado de excepción, de tal manera que provocó muertes, cientos de heridos, y se debe utilizar como un ejemplo de cómo no se debe manejar una crisis social”, afirmó el portavoz.
Recordó que, pocos días después de haberse dictado la medida de excepción, el Gobierno de Bánzer (Quiroga entonces era vicepresidente) tuvo que dar un paso atrás.
“A los pocos días tuvieron que revertir y fue un fracaso”, sostuvo.
Gálvez aprovechó su intervención ante los periodistas para reafirmar su posición contraria a los gobiernos del primer expresidente indígena de Bolivia, Evo Morales, y del Movimiento al Socialismo (2006-2019) y (2020-2025, con Luis Arce al frente).
“(…) Fue una situación en la que se generaron las condiciones para que justamente Evo Morales y los intereses del Chapare (…) se hicieran luego del poder”, criticó el vocero.
Aseguró la autoridad que el Gobierno no cometerá los mismos errores del pasado; por el contrario, anunció que “vamos a vencer al esquema narcoterrorista que hoy enfrentamos los bolivianos y vamos a implementar un régimen profundamente democrático”.
Desde el inicio de los bloqueos y marchas iniciadas hace 42 días por los movimientos sociales con la exigencia de la dimisión de Paz, Quiroga y su bancada han estado insistiendo en que el Ejecutivo dicte estado de excepción como vía de solución, lo cual se reforzó a partir del 8 del mes en curso, tras la promulgación de la Ley de Regularización de los Estados de Excepción.
Sin embargo, en lo que pareció un “guiño” en medio de la crisis a las fuerzas que con su voto llevaron a Paz a la Casa Grande del Pueblo (sede del ejecutivo) y ahora en las calles reclaman su dimisión por sentirse traicionadas, Gálvez hizo una distinción al señalar que es necesario diferenciar a las organizaciones sociales de los intereses “narcoterroristas” que quieren “muerte” y “sangre”.
En un retorno a la posición “centrista” que pregonó Paz en la campaña hacia el balotaje contra el ultraderechista Quiroga, el vocero insistió en que las organizaciones sociales tienen todo el reconocimiento de la sociedad boliviana y de este Gobierno, pero a los violentos que contaminan las demandas sociales se les aplicará la ley.
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