
La Paz-. La exministra de Culturas y Turismo de Bolivia (2017-2019) Wilma Alanoca fue detenida hoy en el epicentro político de Bolivia, la Plaza Murillo, previamente a una conferencia de prensa.
También exconcejal en el municipio de El Alto (2020-2025) y afín al primer expresidente indígena de Bolivia, Evo Morales, Alanoca calificó de “arbitrariedad” su aprehensión, porque los agentes que la interceptaron nunca se identificaron, según expresó.
La televisión reportó cómo la Policía la interceptó cuando se disponía a ofrecer declaraciones a medios periodísticos, la montó a una camioneta y la condujo a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) “con fines investigativos”, según se informó.
Insistió Alanoca en que los agentes policiales no se identificaron claramente, que estaba dispuesta a aclarar cualquier situación, y confesó sentirse sorprendida ante el procedimiento.
“Sin más ni más ha venido esta policía que no se identifica y otros acompañantes, entre cinco para decirme que con fines investigativos tengo que ir a la Felcc, le vamos a acompañar para que se aclare”, comentó ante los medios mientras era conducida hacia la camioneta.
Cercana colaboradora del exmandatario Morales, Alanoca presenta un largo historial de enfrentamiento a la Policía y los órganos judiciales desde 2019, después del derrocamiento del exdignatario, el 10 de noviembre de ese año, lo cual es considerado por sus correligionarios como parte de una persecución política.
En el mismo 2019, tras la toma del poder por la exgobernante Jeanine Áñez, el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra ella por presuntos delitos de terrorismo y sedición, lo cual la llevó a asilarse en la embajada de México ante La Paz.
Resultó electa concejal municipal de El Alto en los comicios generales de 2020, y en esa función edilicia presentó múltiples denuncias contra el oficialismo por alegada conducta antieconómica, sobreprecios en obras (como hospitales); contratos millonarios y manejo irregular de fondos.
En febrero del año en curso, la fiscalía la imputó por presunto delito de discriminación contra una funcionaria municipal, y en ese contexto solicitaron contra ella medidas de arraigo, fianza y alejamiento de la víctima, acciones que ella denunció como un “complot político”.
Las fuerzas afines al Gobierno también han acusado a la exministra de enriquecimiento ilícito, presión a funcionarios o participación en bloqueos y protestas.
Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente la causa exacta de su arresto y conducción a la Felcc, y solo insisten en que se trata de “fines investigativos”.


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