I. La paradoja fundamental
En el párrafo segundo del Anexo – Memorando de Políticas Económicas y Financieras (MPEF) suscrito por el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Monetario Internacional, se lee una frase que exige ser sometida a la crítica más rigurosa:
“Las políticas y reformas descritas en este memorando son decisiones soberanas del gobierno de Bolivia”.
Esta afirmación, en el contexto del gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, contiene una contradicción dialéctica relevante en la actual coyuntura.
El MPEF no es un “acuerdo entre iguales” ni una “decisión soberana”. Si algo es soberano, no necesita proclamarlo con tanta insistencia en un documento de condicionalidad externa. El hecho de que la administración actual, que asumió el 8 de noviembre de 2025, utilice como lema político “Bolivia, Bolivia, Bolivia… Siempre Bolivia” mientras firma un plan de ajuste que cede el control macroeconómico del país, revela una fractura entre la retórica de la dignidad y la realidad de la dependencia económica.
II. Tesis: La soberanía como promesa y mandato
Desde la teoría clásica del Estado, la soberanía es el poder de mando supremo e independiente. En la narrativa política del presidente Paz Pereira, está soberanía se invoca constantemente como un valor moral y patriótico. El slogan “Siempre Bolivia” apela a una comunidad histórica unida, dueña de su destino y protectora de sus recursos.
La tesis, por tanto, es la promesa de un Estado que, tras heredar lo que el propio MPEF describe como “su crisis más grave desde la década de 1980” (Párrafo 3), actuaría con autonomía absoluta para proteger a su pueblo y sus recursos estratégicos.
III. Antítesis: El MPEF como negación fáctica
La historia, avanza a través de la contradicción. La antítesis llega en forma de un documento técnico de 40 párrafos que, bajo la firma del actual gobierno, niega materialmente la tesis de la autodeterminación y soberanía nacional. El MPEF compromete a Bolivia a:
1. Entregar la política energética: Eliminar la subvención a los combustibles a partir de enero de 2027 y reforzar la participación del sector privado en la importación y comercialización (Párrafos 12 y 13).
2. Perder el control cambiario: Adoptar un régimen de tipo de cambio flexible “determinado por el mercado”, abandonando el ancla nominal que el Estado usaba para proteger el poder adquisitivo (Párrafo 23).
3. Modificar la legislación de recursos naturales: Revisar los marcos regulatorios y tributarios de hidrocarburos y minería para “incentivar nuevas exploraciones privadas” (Párrafo 33).
4. Atar las manos fiscales y monetarias: Prohibir como “criterio de ejecución continuo” cualquier financiamiento del Banco Central al Tesoro, y aplicar un ajuste fiscal del 8,5% del PIB con techos de gasto vinculantes (Párrafos 8, 11 y 24).
Esto no es una simple “reorientación de políticas”, es la transferencia de la capacidad de decisión económica del Estado boliviano a un organismo supranacional. La soberanía, proclamada en los discursos, aparece aquí fragmentada y entregada como garantía colateral de un préstamo de 1.900 millones de dólares.
El FMI no es un “organismo técnico” ni un “prestamista de última instancia”, es el comité ejecutivo del capital financiero internacional, el mecanismo mediante el cual las metrópolis capitalistas garantizan la disciplina de las formaciones sociales periféricas. Sus “condicionalidades” —criterios de desempeño cuantitativos, parámetros de referencia estructurales, revisiones trimestrales (Párrafo 36)—, son la forma contemporánea del tributo colonial o neocolonial, mecanismo mediante el cual el centro extrae la riqueza de los recursos naturales y se beneficia de la explotación de la fuerza de trabajo de la periferia sin necesidad de administración territorial directa.
En el caso boliviano, esta relación adopta una forma particularmente clara cuando el MPEF establece que el gobierno se compromete a “coordinar con el FMI sobre la aplicación de tales medidas y cualquier ajuste de las políticas” (Párrafo 39). Esta cláusula, de una transparencia brutal, consagra lo que en el lenguaje del sistema-mundo se denomina soberanía limitada, situación que se da cuando el Estado periférico conserva la administración cotidiana de su territorio, pero las decisiones estratégicas sobre la explotación de recursos naturales, el patrón de acumulación, redistribución de la riqueza y reproducción social son tomadas en Washington.
IV. Contradicción dialéctica: Herencia histórica y trampa estructural
Aquí reside el nudo trágico del proceso dialéctico actual. No se trata de un juicio moral simplista contra una persona, sino del análisis de una trampa estructural de la globalización financiera.
El hecho de que Rodrigo Paz Pereira sea hijo de Jaime Paz Zamora —vicepresidente en la UDP (1982-1985) y presidente con el MIR (1989-1993) —, añade una capa histórica reveladora, pues, Bolivia parece condenada a ciclos donde, sin importar el apellido o la retórica inicial, la crisis del modelo capitalista en Bolivia termina imponiendo la misma receta de miseria para las mayorías.
El gobierno actual, para “salvar” la economía de la “herencia recibida”, se ve obligado a ejecutar un programa que contradice frontalmente el espíritu de su propio lema “Siempre Bolivia”.
El párrafo 2 del MPEF intenta resolver esta contradicción mediante la ficción jurídica de declarar que estas cesiones son “decisiones soberanas”. Pero en la teoría del poder, la soberanía no se mide por lo que se dice en el preámbulo, sino por quién tiene la última palabra en la práctica. Y en este caso, la última palabra la tienen los “criterios de desempeño cuantitativos” supervisados por el personal técnico del FMI (Párrafo 37).
V. Síntesis: La soberanía vaciada por la globalización
La síntesis que emerge de este choque no es una superación armoniosa, sino lo que el politólogo Stephen Krasner denominó “hipocresía organizada”.
El Estado boliviano mantiene la forma de la soberanía (Constitución, himno, lemas presidenciales, bandera, etc.), pero ha vaciado su contenido material.
La globalización financiera ha demostrado ser más poderosa que cualquier discurso patriótico, ya que no necesita tanques ni ocupación militar; le basta con controlar el flujo de divisas y las calificadoras de riesgo para que un gobierno, a menos de un año de asumir, firme la entrega de su política de hidrocarburos, su tipo de cambio y su gasto social.
Decir “Bolivia, Bolivia, Bolivia” mientras se firman cláusulas que entregan la soberanía económica no es un acto de patriotismo, sino la confesión de una impotencia estructural. La Patria no se defiende con slogans cuando se hipotecan sus recursos y se fija su presupuesto desde el exterior.
VI. Conclusión
El MPEF es el “documento más honesto” (a su pesar) sobre la condición real del Estado boliviano en el sistema-mundo actual. Revela que la soberanía, tal como se entiende clásicamente, es un lujo que la crisis y la deuda han hecho inalcanzable bajo las reglas actuales del juego.
La verdadera tarea histórica para la sociedad boliviana, no es repetir que las decisiones son “soberanas” porque están escritas en un papel. La realidad no es fatalidad, es necesario reconocer esta contradicción dialéctica y buscar, urgentemente, una vía alternativa que tenga como objetivo una auténtica transformación económica política y social. Mientras eso no ocurra, el lema “Siempre Bolivia” seguirá resonando como una promesa incumplida quebrantada, violada, atrapada en la grieta entre lo que se recita en los actos gubernamentales y lo que se firma en las oficinas del FMI.
* Por | Carlos Peñaranda Pinto
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