Una incursión armada contra Cuba, ocurrida el pasado 25 de febrero, terminó en fracaso cuando el grupo de contrarrevolucionarios reclutados para cometer actos violentos y desestabilizar chocó con las Tropas Guardafronteras cubanas y fue derrotado tras intercambiar disparos.
Cuatro de los cinco sobrevivientes de la «aventura» bélica ofrecieron declaraciones al medio independiente Belly of the Beast —en una investigación publicada en colaboración con Drop Site y Miami New Times— sobre este operativo planificado desde Florida, Estados Unidos, y contaron que su plan consistía en tomar una comisaría de policía, incitar un levantamiento popular e invocar una intervención militar estadounidense que derrocara al Gobierno cubano.
Los implicados, todos migrantes cubanos captados en distintas localidades de EE.UU., se nombran: José Manuel Rodríguez Castelló, de 34 años, quien trabajaba en la remodelación de baños en Homestead, Florida; Christian Ernesto Acosta Guevara, de 24 años, laboraba como pintor de casas en Tampa; Leordán Enrique Cruz Gómez, de 38 años, residía en Houston, Texas, tras llegar en un bote improvisado, y Conrado Galindo Sariol, de 52 años y exoficial militar radicado en Florida, quien se dedicaba a la desinstalación de antenas parabólicas.
Luego de detener a los implicados y brindarles tratamiento médico, el Ministerio del Interior de Cuba (Minint) abrió una investigación exhaustiva del caso. Esas investigaciones y las declaraciones vertidas por los imputados señalan a la contrarrevolucionaria Maritza Lugo Fernández como la autora intelectual, organizadora y financista directa de la fallida incursión.
Lugo Fernández, cabecilla del grupúsculo Partido Democrático 30 de Noviembre Frank País y vinculada a la estructura extremista Nido del Cuervo, dirigió la logística, facilitó campos de adiestramiento en Florida y coordinó el aprovisionamiento bélico del comando paramilitar, que intentó penetrar en la isla a bordo de la lancha rápida «El Tornado».
La aprehensión dejó en evidencia la preparación defensiva de las fuerzas de seguridad cubanas ante sistemáticas agresiones terroristas impulsadas desde el exterior y bajo la permisividad de las autoridades estadounidenses.
Identificar la responsabilidad de Lugo Fernández resulta imprescindible para visibilizar el modo en que redes extremistas asentadas en EE.UU. apelan a estructuras políticas para promover el terrorismo armado.
De La Habana al entramado terrorista en los EE.UU.
En la década de 1990, Lugo Fernández inició sus acciones contrarrevolucionarias en San Miguel del Padrón, La Habana, donde fundó junto a su entonces esposo, Rafael Ibarra Roque, el Partido Democrático 30 de Noviembre Frank País.
Ibarra resultó condenado en 1995 a 20 años de cárcel por hacer estallar artefactos explosivos en instalaciones militares, momento en que Lugo asumió el liderazgo del grupúsculo hasta su salida del país en 2002.
Al radicarse en el sur de Florida, la extremista se incorporó a la estructura Los Plantados Hasta La Libertad y la Democracia en Cuba.
Colaboró estrechamente con reconocidos ejecutores de actos de violencia política como Mario Chanes de Armas, Eusebio Peñalver Mazorra y Ángel de Fana Serrano. Desde esta plataforma mantuvo de manera ininterrumpida la promoción de acciones subversivas contra la isla.
Logística y base paramilitar en Florida
Los testimonios de los sobrevivientes confirmaron que la cabecilla Maritza Lugo Fernández coordinó el aprovisionamiento bélico, la compra de insumos, el transporte hacia Marathon Key (en los cayos al sur de Florida) y la alimentación de la célula violenta.
Por medio de la pesquisa se supo que la base de operaciones funcionó en una finca de 13 acres ubicada en LaBelle, condado de Hendry (al este de la ciudad de Fort Myers, en el centro de Florida), que fue propiedad de Lugo Fernández y de la cual mantuvo control operativo.
En dicho predio, donde detectives locales constataron la existencia de una franja de terreno de tres lados diseñada para ejercicios de tiro multidimensionales, los implicados ensayaron tácticas de combate, acopiaron pertrechos y probaron explosivos.
Pacto extremista y fachada política de la agresión
En los últimos años, la extremista afianzó nexos con la organización Auto Defensa del Pueblo (ADP) mediante una alianza política y una relación personal con Amijail Sánchez González.
Asimismo, figuró en eventos públicos junto a Enrique Tarrio, exlíder de los Proud Boys condenado por conspiración sediciosa, y reivindicó públicamente al terrorista internacional Luis Posada Carriles, a quien calificó en sus redes sociales como un gran patriota y amigo.
Emboscada en Cayo Falcones y respuesta de Guardafronteras
Las pericias del Ministerio del Interior y los medios incautados demostraron el carácter abiertamente militar de la agresión. El comando partió con la orden expresa de infiltrarse por la costa norte de Cuba, promover el desorden público, perpetrar actos violentos y atacar unidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
A las 07H10 hora local del 25 de febrero de 2026, la embarcación fue detectada a 10 millas náuticas de la franja costera de Corralillo, en las inmediaciones de Cayo Falcones (norte de la provincia cubana de Villa Clara), tras haber violado 12 millas del límite de las aguas jurisdiccionales cubanas.
Al ser requerida para su identificación por la lancha interceptora 25 de las Tropas Guardafronteras, los tripulantes de El Tornado abrieron fuego con fusiles de asalto e hirieron al capitán Yosmany Hernández Hernández. Ante la agresión, la tripulación cubana repelió el ataque utilizando su armamento reglamentario.
El enfrentamiento dejó un saldo de cuatro atacantes neutralizados en el sitio, un fallecido posterior por la gravedad de sus lesiones y cinco detenidos puestos a disposición de la justicia.
Durante la inspección de la embarcación se incautó un arsenal de combate en perfecto estado, compuesto por 14 rifles de precisión y fusiles de asalto (incluidos modelos DB AR-15, Delta y escopetas Winchester), 12 pistolas de diversos calibres, 12.846 municiones y 134 cargadores.
Asimismo, se ocuparon cócteles Molotov, artefactos explosivos artesanales, un dron, un generador eléctrico y 10 módulos militares individuales equipados con uniformes de camuflaje, cascos, pasamontañas, cuchillos, medicamentos y equipos de comunicación satelital Starlink.
Justicia, impunidad de Washington y ética médica
De acuerdo con el fiscal jefe de la Dirección de la Fiscalía General de la República, Edward Roberts Campbell, los imputados se encuentran bajo medida cautelar de prisión provisional procesados por el delito de terrorismo. Este es tipificado en el Código Penal cubano con sanciones de privación de libertad de larga duración e incluso la pena de muerte.
Roberts Campbell enfatizó que estos hechos constituyen una flagrante violación de la legalidad internacional y estadounidense. Su declaración dejó ver la inacción de Washington al permitir que desde Florida se financien y preparen actos de agresión armada sin que las autoridades norteamericanas hayan ofrecido respuesta formal a los requerimientos de información emitidos desde La Habana.
Por su parte, el jefe de Servicios Médicos del Minint, coronel Juan Antonio Ramírez Aguilera, informó que el capitán cubano agredido, Yosmany Hernández Hernández, se halla fuera de peligro a pesar de haber sido herido en el estómago y en un brazo.
Ramírez Aguilera confirmó que los atacantes que resultaron heridos, entre ellos Leordán Cruz Gómez, recibieron intervenciones quirúrgicas complejas y atención médica especializada, otro acto de violencia promovido desde EE.UU.
Estas acciones, que abarcan desde los ataques a hoteles en la década de 1990 hasta las tentativas de desestabilización en 2023 fomentadas por agrupaciones extremistas radicadas en Miami, evidencian un patrón histórico de terrorismo financiado en suelo norteamericano con la complacencia de sus autoridades. Ante ello, las fuerzas de seguridad cubanas mantienen una postura firme de soberanía, paz y protección del pueblo.
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