por: Ricardo Soberón
En el caso de Bolivia, sugerimos con modestia, que su Cancillería debe impulsar una agresiva política diplomática con vecinos y socios importantes, como Argentina, Ecuador y Venezuela, para fomentar negocios bi nacionales con productos provenientes de la coca. Pero eso sí, queda un reto sustantivo, pendiente: ¿Cómo relacionar la política de coca respecto a los procesos de reforma en marcha?
Recientemente, el canciller de Guatemala, Luís Fernando Carrera, planteó cinco temas específicos, sobre los cuales sostiene debe girar el debate en torno a la exploración de alternativas, en la próxima Asamblea General de la OEA (6/8 de julio): i) fortalecimiento de sistemas de salud pública; ii) reducción violencia homicida y delitos conexos al tráfico de drogas, iii) promoción del desarrollo económico social y legalización de los cultivos, iv) reducción del tráfico de armas, v) despenalización del consumo para reducir hacinamiento carcelario.
Desde hace más de 25 años, los meses de Marzo de cada año, concentran los más importantes eventos relacionados a las políticas mundiales de lucha contra el narcotráfico, en el ámbito regional, hemisférico y global. Este año no fue la excepción, salvo algunos situaciones que pueden re configurar el escenario próximo. Lo más interesante es que como nunca antes, América Latina lejos de ser “convidado de piedra”, es hoy actor protagónico de los cambios que se producen en el paradigma de la guerra contra las drogas
En esta oportunidad se presentó el Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo cuasi judicial que se encarga de calificar quien cumple y quien no cumple con los tratados internacionales. En esta oportunidad se encontró con la paradoja que tenía que felicitar y criticar, simultáneamente, a La Paz. Lo primero por las cifras obtenidas en todos los aspectos de la interdicción bajo la filosofía del control social y sin presiones externas. Lo segundo, por haber insistido en retornar a la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, con las reservas del caso. Es decir, la JIFE se atreve a calificar el buen uso del derecho internacional y sus procedimientos: ¡el colmo de la osadía!
También se produjo el 56 período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas en Viena, y el Departamento de Estado norteamericano confirmó su Informe semestral en estos asuntos. Este último, se encargó de criticar fundamentalmente la gestión anti narcóticos de Bolivia, Colombia, México y Venezuela, bajo distintas excusas.
Además de ello, en el mes de junio, la Asamblea General de la OEA que se realizará en Guatemala, dedicará su agenda a discutir las políticas sobre drogas. Esto toma mayor realce dado que en abril del 2012, los mandatarios asistentes a la VI Cumbre de las Américas encargaron a la CICAD OEA, la exploración de alternativas a las actuales políticas vigentes. Se hicieron un conjunto de consultas, entrevistas, encuestas a los más prestigiosos estudiosos del mundo, por temas. Aunque no debemos esperar grandes propuestas, luego del tamizado que seguramente harán los estamentos políticos de la CICAD que por lo demás están en manos de Canadá y EE.UU., estemos atentos a sus contenidos.
¿Cuál es la diferencia respecto de los últimos 24 años?
En primer lugar, que existe un mayor consenso mundial sobre las graves limitaciones de las políticas actuales basadas en la Reducción de la Oferta para contener el problema de las drogas ilícitas, en cualquiera de sus manifestaciones. Mientras que en los años 2009 y 2010, el Presidente Obama fue muy drástico al momento de evaluar la Iniciativa 119 de California, que pretendía regular el uso del cannabis (y que finalmente perdió por estrecho margen), las recientes decisiones de Oregon y Colorado que confirman el uso recreativo del cannabis, ha dicho que “tiene pescados más grandes que freír”. No podemos descartar que la fisura producida en el ámbito doméstico norteamericano pueda tener cambios significativos en el futuro de la política federal, hacia fuera de los EE.UU.
En segundo lugar, el proceso de denunciar la Convención Única de 1961, y la posterior re admisión de Bolivia con el apoyo de 169 Estados, aunque aparentemente es de carácter simbólico (respecto a la prohibición del acullicu), tiene una potente señal al resto del mundo Occidental: el sistema jurídico internacional compuesto por las tres convenciones antidroga, ha sido debidamente fracturado: por pernicioso, por poco preciso, por incoherente. Lo más importante es que al hacerlo, Bolivia ha utilizado los procedimientos legales establecidos en las mismas Convenciones, por lo que mal podría ser acusada por los “cuasi comisarios” de la JIFE, de estar erosionando el espíritu y el objeto de los tratados.
En definitiva, el sistema internacional de control de drogas está siendo erosionado por distintos lados, la Oferta, la Demanda, los impactos no queridos de una interdicción indiscriminada, la afectación de la salud, iniciativas desde el municipio, la lentitud de los organismos internacionales. Es como el “Titanic” que inexorablemente debe terminar hundiéndose, dada la gravedad de sus fisuras.
Algo está ocurriendo en el Hemisferio
Hasta la primera década del siglo XXI, los casos más frecuentes de reforma ocurrían en ciudades y países de la Comunidad Europea. Incluso podían haber experiencias importantes en Oceanía, en Canadá, como es el caso de los esfuerzos en Reducción de Daños y tratamiento comunitario. Es decir, que cualquier intento de cambio estuvo circunscrito al Norte; en el Sur, palo y zanahoria.
Al sur del Río Grande, éramos fieles cumplidores de los convenios multilaterales y los acuerdos bilaterales con EE.UU. Nos definieron leyes sobre lucha contra el narcotráfico, presupuestos condicionados e instituciones (SENAD, DEVIDA, DNE, CONACE, CONSEP, etc.). Así, se produjeron las experiencias de Colombia y la agudización de la “guerra” de los carteles de Cali y Medellín en los años 90 y la posterior escalada del conflicto armado; el trasvase a las fronteras de la región Andina (Ecuador y Venezuela), y el empeoramiento de su situación; desde el 2006, la crisis humanitaria y de inseguridad en América Central y México, como consecuencia de la Iniciativa Mérida.
Sin embargo, empezaron algunos cambios que pueden tener una base sólida en el profundo cambio geopolítico que significó, para América Latina y sus relaciones con Washington, el advenimiento del ALBA, CELAC, UNASUR y la toma de distancia respecto a las posiciones hegemónicas de los EE.UU y sus organismos (Dpto. de Estado, Comando Sur, Pentágono; DEA).
En el tema específico de las drogas comenzaron los cambios pequeños, pero importantes: la decisión de la Corte Suprema argentina, la decisión de la Corte Constitucional colombiana de no penalizar el porte para uso, el indulto a los presos en el Ecuador, hasta llegar a los Centros de Atención a dependientes propiciados por la Alcaldía de Bogotá. A nivel diplomático político, fueron los gobiernos de Bolivia y Uruguay los primeros en poner en entredicho el mal llamado “consenso de Viena”, por el cual las discusiones y decisiones de la Comisión de Estupefacientes evitaban precisamente eso, el debate democrático. Bolivia con su estrategia en torno a la coca y el entredicho con su Constitución; Uruguay, mediante las contradicciones entre los instrumentos internacionales de Drogas respecto a los de DD.HH., y recientemente, con su propuesta para regular los mercados del cannabis.
Hay que aprovechar el momento propicio de reforma, donde confluyen actores sociales, políticos y académicos, a la luz de los evidentes fracasos ocurridos. Debemos seguir con las iniciativas puntuales de reforma normativas y política, a distintos niveles (municipales, regionales, sectoriales), profundizar las coordinaciones diplomáticas en el marco CELAC UNASUR, exigir mayores cambios en la OEA, producir consensos regionales sobre temas específicos.
En el caso de Bolivia, sugerimos con modestia, que su Cancillería debe impulsar una agresiva política diplomática con vecinos y socios importantes, como Argentina, Ecuador y Venezuela, para fomentar negocios bi nacionales con productos provenientes de la coca. Pero eso sí, queda un reto sustantivo, pendiente: ¿Cómo relacionar la política de coca respecto a los procesos de reforma en marcha?
* Abogado peruano, Director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, ex Presidente de DEVIDA.
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