El Departamento de Estado ha emitido, como todos los años, donde observa varios casos de violación de derechos humanos en Bolivia. ¿Con qué moral puede Estados Unidos hablar de derechos humanos?
El gobierno de los Estados Unidos de América se ha tomado por cuenta propia la atribución de elaborar informes, no solo para su propio consumo, sino para hacerlos públicos, con la finalidad de premiar o castigar a quienes se hallan incluidos en los mismos, en diferentes ámbitos como la lucha contra las drogas o la observación de los derechos humanos, en los cuales no cuenta precisamente con la autoridad suficiente para pretender convertirse en juzgador.
Ya muchas autoridades nuestras se han referido al último informe del gobierno estadounidense acerca de los derechos humanos en Bolivia, por lo cual, mi intención va en otro sentido, en reflejar, cuál es la situación del país del norte, en el tema de los derechos humanos, es decir preguntar a quienes elaborar los enjundiosos informes sobre nuestros países, ¿cómo andan en casa?
Históricamente, Estados Unidos no se han caracterizado por ser un estado que se precie de respetar los derechos de las personas. Mucho antes de Trump o del muro o de las deportaciones masivas o del cierre del ingreso de musulmanes a su territorio, ya se podía evidenciar que este país vulneraba de manera constante estos derechos.
Racismo y violencia
El esclavismo y la segregación racial, fueron la marca del estado norteamericano durante más de dos siglos y aún hoy, cuando formalmente se podría afirmar que se han superado ambas situaciones, la realidad nos indica que la situación se mantiene. Los afroamericanos siguen siendo víctimas de un sistema que no solo los diferencia en los económico y social, sino que también actúa contra ellos de manera violenta, incluso desde instancias estatales como la policía.
Los datos con los que se cuenta, por ejemplo, sobre ejecuciones en el sistema judicial norteamericano, establecen que el 99 por ciento de los condenados a la pena de muerte por asesinato son aquellos que los cometieron contra personas blancas y que por el contrario solo un uno por ciento de sentenciados por la muerte de personas negras. En los últimos años son incontables los asesinatos de jóvenes de color por policías blancos que no han tenido sanción alguna.
Pena de muerte
La pena de muerte, vigente en 38 estados de la unión, es otro tema que va en contra de todo principio de los derechos humanos. La Organización de Naciones Unidas ha resuelto realizar una relatoría especial sobre esta situación que contradice todo principio de una sociedad que se autodenomina civilizada. Cerca de 1500 personas han sido ejecutadas en los últimos cuarenta años en cumplimiento de sentencias judiciales en los Estados Unidos y se encuentran casi 3000 personas en espera de su ejecución en los denominados pasillos de la muerte, entre ellos 49 mujeres. Del total de ejecutados un 58% pertenecías a comunidades afroamericanas, hispanas o de otras minorías.
Son muchas las historias de personas que han sido condenadas y ejecutadas por fallos equivocados de la justicia, basados en manipulaciones de pruebas o de testigos, que años después son aclarados, pero que ya no sirven de mucho porque ya se ejecutaron las sentencias. Tal el caso de Donald Reynolds o Willy Waldell, condenados a muerte en 1986, que después de once años de permanecer en el pabellón de la muerte fueron declarados inocentes o del joven mexicano Ireneo Tristán Montoya que no tuvo la misma suerte ya que fue condenado y ejecutado con una declaración que se la hicieron firmar en inglés pese a que desconocía el idioma, indicándole que con ella aceptaba su deportación, pero en realidad se trataba de una aceptación de la comisión del delito.
Se conoce que se han establecido penas de muerte en contra de jóvenes que al momento de cometer los supuestos delitos eran menores de 18 años, y que recién en el trascurso del juicio alcanzaron la mayoría de edad, cuando en prácticamente en la totalidad de las legislaciones penales del mundo, este grupo etario cuenta con un tratamiento sancionatorio diferente, en el marco de la racionalidad y el respeto a las personas.
Cárceles y torturas
La cárcel de Guantánamo no solo constituye una agresión a la soberanía territorial de la república de Cuba, sino que además es la muestra de la barbarie y el abuso con que un estado puede tratar a sus “prisioneros de guerra”, sin cargos ni juicios, violando toda normativa al respecto. Las múltiples denuncias y demandas internacionales, formuladas desde diferentes sectores incluso dentro de la propia sociedad norteamericana o los compromisos del expresidente Obama de cerrar la prisión nunca han servido de nada, puesto que esta prisión se mantiene como una afrenta al mundo.
Pero no solo eso, también en las cárceles de los distintos estados en las cuales se denuncian de manera frecuentemente violaciones de los derechos de los detenidos y torturas. “Atar como un cerdo” es una forma de tortura policial que se ha hecho muy popular en la población norteamericana, habiendo llegar incluso a causar la muerte de muchos detenidos por asfixia posicional, igualmente el uso de cinturones electroshock y la forma casi indiscriminada en que la policía usa sus armas de reglamento contra personas indefensas, como el adolescente de 16 años, Michael Jones de Nueva York, que fue baleado por un policía mientras se desplazaba en su bicicleta portando en la mano una pistola, pero de agua”. El autor del crimen nunca fue sancionado, ni siquiera procesado.
Estados Unidos tiene la población carcelaria más grande del mundo con un millón y medio de reclusos, no todos en las mejores condiciones de subsistencia, pero además dentro de esta población se encuentran en las prisiones norteamericanas 3000 menores de edad.
Brutalidad policial y carcelaria, discriminación y xenofobia, aplicación de la pena de muerte a menores, incapacitados, mujeres e inocentes, son rutilantes ejemplos de cómo Estados Unidos «respeta» los derechos humanos: vida, libertad, igualdad, etc.
Derecho de reunión y protesta
El derecho a la reunión y la protesta como valores fundamentales de su sistema democrático ha quedado en entredicho, puesto que particularmente durante el último año, el uso de agentes químicos e incluso armas de uso militar por parte de la policía se ha hecho frecuente para dispersar e impedir actividades de protesta en distintas ciudades de ese país.
Igualmente se ha procedido a la persecución de dirigentes de organizaciones indígenas y de migrantes con la finalidad de atemorizarlos y de evitar continúen las protestas en contra de las medidas gubernamentales.
Se ha criminalizado la protesta y se recurre con mucha más frecuencia que en otros países a las detenciones extrajudiciales, al espionaje a través del pinchado de comunicaciones telefónicas, intervenciones de correos electrónicos y redes sociales, seguimiento y otras formas de acoso, en clara vulneración de los derechos de las personas.
Libertad de expresión y de prensa
Aun cuando muy pocas organizaciones gremiales de propietarios o periodistas se hubiesen referido al tema, es evidente que durante los primeros meses del nuevo gobierno norteamericano se han puesto en evidencia las serias limitaciones que existen en el país del norte al ejercicio de la actividad informativa y, desde luego a la libre expresión de los ciudadanos.
Todos conocemos los intereses económicos que giran alrededor de las grandes transnacionales de la comunicación y cómo funcionan estos en defensa y al servicio de dichos intereses. Pese a aquello, basados en su primera enmienda, los gobiernos norteamericanos se llenaban la boca hablando del periodismo libre.
Sabemos que nunca existió ese periodismo, que además exigen que exista en otros países. En un anterior artículo en La Época, realice una relación de los periodistas despedidos y procesados por haber intentado ponerse en contra de las líneas editoriales e informativas de los grandes medios.
Pero sin duda ha puesto en tela de juicio todo el discurso de contrapoder del periodismo la determinación de la Casa Blanca de impedir que tres medios de importancia como el New York Times, la cadena CCC y el periódico especializado El Político, puedan realizar su cobertura dentro de las oficinas gubernamentales.
No podría en ningún momento alegar defensa alguna a favor de estos medios de comunicación. Cada uno de ellos tiene una posición política clara y responden a intereses económicos y políticos claramente identificados, más allá de su máscara de periodismo independiente. Sin embargo, el hecho de prohibir el ingreso de algunos medios de comunicación, bajo cualquier argumento, a realizar su trabajo de cobertura informativa dentro de la Casa Blanca, no es precisamente una muestra de respeto a la decantada libertad de prensa, que en sus informes el gobierno norteamericano reclama, principalmente a los países que no se alinean con sus mandatos.
Estos son apenas algunos de los aspectos sobre los que podemos hablar cuando hacemos referencia a qué sucede con los derechos humanos en los Estados Unidos de Norteamérica. No nos corresponde hacer informes ni reclamar el respeto a esos derechos, es algo que deben hacer sus propios ciudadanos y con seguridad lo harán más pronto que tarde.
* Periodista
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