Hasta dónde y hasta cuándo será posible que el Estado siga sosteniendo la subvención a los carburantes, la que además se incrementa año tras año y se anuncia que el 2013 podría superar los mil millones de dólares? Qué cantidad anualmente se desvía por contrabando a los vecinos países? Estas son dos preguntas fundamentales para poder abordar un tema verdaderamente delicado, para éste como para cualquier otro gobierno.
Empiezo señalando que la subvención como tal no es mala, puede incluso considerarse buena, si su destino es el ciudadano boliviano y su economía, pero si ésta se desvía al contrabando, al narcotráfico o a la explotación ilegal de oro y madera, entonces habrá que analizar la pertinencia de mantener la subvención.
El contrabando de carburantes no es un tema exclusivamente delincuencial, es más, hay que partir de que se trata de un problema económico, de diferencia de precios; se contrabandea porque el margen de ganancia por que los precios cruzando las fronteras son muchos mayores y desde luego se obtienen importantes ganancias. En este contexto, la respuesta del gobierno con la incorporación de las fuerzas armadas al control del contrabando en fronteras, el establecimiento de mecanismos técnicos y administrativos para el control de la venta de combustibles, ni siquiera el cercar totalmente nuestras fronteras u otros recursos similares, no lograrán sino simplemente paliar el problema, pero estarán lejos de poner fin a esta ilícita actividad. Es más, pretender este tipo de soluciones policiacas no solo podría dar lugar al surgimiento de mafias organizadas alrededor de esta actividad, que al parecer ya se están constituyendo, y algo más peligroso que aquello, correr el riesgo de que empiecen a establecerse niveles de corrupción entre quienes tienen a su cargo el control del contrabando de carburantes.
Un problema que se genera en el ámbito económico necesariamente debe ser respondido también en ese terreno. Y la base del problema no es otra que la diferencia de precios que rige en los mercados vecinos que hacen sumamente atractivo el contrabando.
A finales de 2010, el gobierno atravesó uno de sus mayores problemas, cuando determinó la nivelación del precio de los combustibles en el mercado nacional. Pocos días después tuvo que dar marcha atrás, seguramente buscando minimizar el costo político que había significado ya esa medida.
Aún cuando se conoce que esta subvención fue establecida por anteriores gobiernos con la finalidad de favorecer a determinados sectores, entre ellos principalmente a los agropecuarios del oriente, el actual gobierno la ha asumido y le corresponde dar una respuesta integral al tema.
Esa forma de encarar aisladamente el problema fue una de las razones por las cuales la nivelación de diciembre de 2010 fracasó, ya que pese a que una gran mayoría de bolivianos consideran que no se puede seguir desangrando al Estado con esta subvención, también coinciden en que no se trata de un tema aislado sino que tiene una relación directa con muchas otras actividades.
Cualquier modificación en el precio de los carburantes, vía shock o gradualismo, va a afectar la economía de los ciudadanos, negarlo es absurdo; por tanto, si se asume dicha medida tendrá que ir acompañada de otras que creativamente amortigüen el impacto. Si se retira la subvención, pero se generan subvenciones indirectas o cruzadas, que permitan estabilizar principalmente los precios del transporte público y los alimentos, ya se habrá dado un paso importante para no cargar todo el peso al ciudadano. No se precisa hablar de incrementos salariales por el impacto inflacionario que suelen tener estos.
No es necesario precipitarse, pero hay que empezar a debatir sinceramente este tema, analizando los beneficios y perjuicios de mantener la subvención, analizando el cambio de la matriz energética que avanza muy lentamente, proponiendo el establecimiento de sistemas de transporte público no comercial y buscando no afectar a los que menos tienen.
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