octubre 26, 2020

Comunicación con derechos

por: José Luis Exeni R.

La comunicación y la información, ¿son derechos humanos fundamentales? ¿O sólo bastaría con reconocer y garantizar las libertades de expresión y de prensa? ¿Son acaso excluyentes esos derechos y estas libertades? ¿O resultan, más bien, necesariamente interconectados y hasta indisolubles en democracia? Cuestiones para el debate.

En la nueva Constitución Política del Estado, a diferencia de la anterior, que era anoréxica en la materia, se reconocen los derechos a la comunicación y a la información. Y eso, como ciudadanía, como sujetos y colectividades, debemos celebrarlo. Más aún: tendríamos que avanzar en la exigencia de esos derechos, para lo cual se requiere un marco normativo general.

Ahora bien, ¿cuál es nuestro horizonte en este campo? O en otras palabras: ¿qué cualidad comunicativa requiere la construcción de una democracia intercultural con igualdad en Bolivia, en el actual escenario de refundación estatal? ¿Otra comunicación es necesaria? ¿Es posible? ¿Acaso deseable? ¿Cómo avanzar en el ejercicio de estos derechos?

Como insumo para la deliberación, sostengo que el desafío mayor radica en cimentar el ejercicio pleno, en democracia, de una comunicación plural, asentada en la complementariedad, en igualdad de jerarquía, recursos y condiciones, de cuatro formas-sectores de la comunicación: social-comunitaria, estatal, pública (no estatal) y privado-comercial.

Por supuesto que no basta declarar la necesidad-anhelo de una comunicación plural en Bolivia. Para conseguirla se requiere, en principio, un marco normativo que aliente y garantice la democratización de su ejercicio en términos no sólo de acceso y participación, sino también de propiedad (en especial de medios masivos e interactivos).

Así pues, esta opción por la comunicación plural asentada en cuatro sectores tiene consecuencias analíticas, pero también implicaciones prácticas. La distribución de frecuencias en el espectro electromagnético, por ejemplo, si buscamos que sea equitativa, debiera garantizar que cada sector tenga acceso al 25% de las mismas. Y eso, enhorabuena, rompe el actual statu quo.

Demás está decir que esta búsqueda de democratización de los derechos comunicacionales e informativos, como parte de la disputa por la construcción democrática, implica decisiones normativas en diferentes ámbitos de regulación, entre otros: sectores de la comunicación, telecomunicaciones, servicios de comunicación audiovisual, acceso a la información, publicidad, tecnologías de información y comunicación, responsabilidad del periodismo, nueva institucionalidad (como un Consejo Plurinacional de Comunicación y una Defensoría de los Públicos)…

¿Cómo hacerlo? No desde el Estado y sus órganos del poder público (que imponen), no desde el Mercado y otros poderes fácticos (que vetan). Soy un convencido de que cualquier norma en materia de comunicación e información debe construirse de manera plural y colectiva, en sociedad, desde los propios actores, con participación ciudadana. Para ello será necesario -como enseña la experiencia de otros países- conformar, sin más demora, una Plataforma por la Comunicación Democrática en Bolivia.

Hay avances en ese sentido. Contamos ya con importantes insumos de reflexión, debate y propuesta. Existe análisis comparado. Precisamente este artículo tiene el propósito de invitarles a compartir tal emprendimiento por ahora expresado en un portal web denominado “Comunicación con Derechos”. Puede visitarlo en la siguiente dirección: www.comunicacionconderechos.org

La comunicación y la información, como establece nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional, son derechos humanos fundamentales. Y sin su ejercicio pleno por parte de la ciudadanía -que no sólo monopolio de los operadores mediáticos-, la construcción democrática estará lisiada, incompleta, pendiente. Para decirlo como anhelo-reto: sin comunicación plural no es posible la democracia intercultural en Bolivia.

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