octubre 30, 2020

Estado laico: Oportunidad y debate pendiente

por: Cecilia Terrazas Ruíz / Católicas por el Derecho a Decidir

“No sé cómo concluir la homilía. La concluyo exhortándoles a que vuelvan a su casa, se arrepientan y al sentirse ya sanos y salvos, vuelvan a su racionalidad laica.”

 

Carlos Monsiváis.

El Estado laico y sus malquerientes.

Como pocas veces en la historia de este país, las y los bolivianos nos planteamos constantemente la necesidad de nuevas miradas y respuestas frente a lo político, lo social, lo económico, lo cultural; con ello re significamos y exigimos el cumplimiento de los compromisos establecidos en las normas internacionales y constitucionales que vayan de la mano con el denominado proceso de cambio.

Es en este proceso que se consolidan, por lo menos en la norma, el Estado laico y los derechos sexuales y derechos reproductivos, que comprenden una larga historia encarada principalmente por mujeres, que exigimos el reconocimiento formal de la sexualidad y la reproducción como Derechos Humanos. Entre la norma y el día a día, lacerantes datos sobre la situación de estos derechos descubren realidades sobre la vida y el cuerpo de miles de mujeres y hombres en el país.

En la ruta del Estado laico

En el actual texto constitucional boliviano, el artículo 4 señala: “El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión.” La constitución vigente hasta el 24 de enero de 2009, en su artículo 3º declaraba: “Bolivia reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana. Garantiza el ejercicio público de todo otro culto. Las relaciones con la iglesia católica se regirán mediante concordatos y acuerdos entre el Estado boliviano y la Santa Sede”. La misma CPE reconoce los derechos sexuales y derechos reproductivos como Derechos Humanos en el Art. 66, este hecho se constituye en un importante primer escalón de una gran edificación democrática.

Mucho se ha dicho sobre el Estado laico: que se trata de un Estado “ateo”, que atenta contra la moral, que no permite el ejercicio de las expresiones religiosas, etc. y como es de esperar frente a los cambios, poco se ha dicho sobre su verdadero significado. El Estado laico es —en principio— un Estado en el que el poder político y el poder religioso se encuentran claramente separados. Esa separación es compleja e implica, entre otras cosas, que el Estado no privilegia a una religión o iglesia determinada y, por lo mismo, no discrimina a otras religiones; permite que todas las religiones puedan expresarse en igualdad de condiciones, en este sentido, el Estado debe garantizar que ninguna religión o iglesia imponga sus reglas, dogmas o principios a las y los miembros de la comunidad política. Los mandatos de una religión sólo valen para sus fieles y nunca están por encima de las leyes del Estado.

En un Estado laico y democrático las personas tienen, en todo momento, el derecho fundamental a profesar una religión y de llevar a cabo las prácticas propias de su culto. En ese marco, la libertad religiosa y la libertad de culto existen, pero en virtud de la laicidad estatal, esas prácticas deben pertenecer a la esfera privada de cada creyente, no así a las leyes, que son aplicables para todas y todos, como lo son las diversas expresiones de libertad: libertad de conciencia, de creencia, de pensamiento, de expresión, y sus consecuencias en las facultades de decisión.

Con todo este marco introductorio, es necesario decir que, como nunca en la historia boliviana, esta es una oportunidad para el Estado boliviano, que debe permitirse verdaderas revoluciones a partir del reconocimiento formal de la laicidad.

El peso de los dogmas

Cuando se abordan temas como el Estado laico, reaparecen los estigmas que siempre han caracterizado a las relaciones Estado – religión, sobre todo tratándose de la iglesia católica, porque se arrastra la historia de una enorme vinculación entre ambos poderes y entonces es difícil separar la autoridad de uno y otro.

De manera similar a lo que ocurre en América Latina, en Bolivia, a pesar de contar con un sistema democrático que implica el reconocimiento del pluralismo y la pluralidad, la lucha de movimientos socialmente excluidos, la defensa de derechos y libertades, entre otras cosas, cuando se habla de derechos sexuales y derechos reproductivos, la injerencia de la jerarquía eclesiástica coloca a éstos, de manera inmediata, en el plano del “pecado’, demostrando permanentemente su poder de decisión sobre cuestiones políticas y sociales.

A pesar del peso que aún tiene la iglesia, o más bien las iglesias, si algo no podemos desconocer es que si bien las tradiciones religiosas están vigentes y son una bandera para los discursos de corte moralista, también han sufrido mutaciones importantes ligadas a los procesos de modernización y secularización. Si desenmascaramos las consignas cargadas de “doble moral”, se hace evidente una menor influencia de la religión en la vida cotidiana y el ejercicio de la sexualidad, o por lo menos más franca, pues aquellos dogmas vinculados con el uso de preservativos, ó el acto sexual ligado únicamente a la reproducción, no condicen con el día a día.

Ciertamente, resulta más fácil corear algunos discursos fundamentalistas basados en “verdades absolutas”, que bien sabemos no corresponden a la multiplicidad de realidades complejas del país: incremento de casos de VIH y/o sida, de mortalidad materna, de embarazos adolescentes, etc. Las cosas no han cambiado cuando hablamos de la objeción a estos derechos, nuevamente son los grupos conservadores que, en nombre de la moral y “las buenas costumbres”, instan a padres y madres de familia, así como al alumnado de diferentes colegios a marchar en contra de los derechos sexuales y reproductivos. Las frases son por demás conocidas: “La vida de los bolivianos está en peligro”, “Manifiesto por la vida” y otros, como si luchar en contra de la mortalidad materna, evitar infecciones de transmisión sexual, o pedir educación que aminore los embarazos de niñas de doce años, no fuese tener la bandera de la “vida” como emblema.

Laicidad, condición innegociable

¿Por qué es importante mirar la relación estrecha entre el Estado laico y los derechos sexuales y derechos reproductivos? Por varias razones, una de las primeras es que a estas alturas del avance de la sociedad y el Estado, y las nociones de cambio a las que nos hemos referido al principio, existen ciertas discusiones que deben llevarse a cabo sin tropiezos moralistas y valores cristianos que no necesariamente son compartidos por toda la población, y ojo, que vuelva a quedarnos claro: “un Estado laico no significa estar en contra de las iglesias”, significa, más bien apostar por la pluralidad.

El reconocimiento de todos los derechos, y particularmente los derechos sexuales y derechos reproductivos, debe darse en un marco de objetividad, información y debates no prejuiciosos, y esto se logra únicamente con la no injerencia de las iglesias en el espacio legislativo y otros espacios estatales. Siguiendo a Savater (2005), no olvidemos que la laicidad consiste en la separación entre dos ámbitos: el terrenal y el íntimo, donde el primero se vincula con aprendizajes, normas y garantías compartidas socialmente, y el segundo con las creencias personales e individuales.

En esta línea, si pensamos por ejemplo en legislación que respalde y garantice éstos derechos, las y los ciudadanos tenemos la obligación ética de recordarles, de manera permanente, a legisladores y funcionarios públicos/as que su papel no es el de imponer políticas públicas a partir de creencias personales, sino el de llevar a cabo sus funciones de acuerdo con el interés público, definido por la voluntad popular mayoritaria, sin excluir los derechos de las minorías.

Ligada a la práctica del Estado laico, está encarnado el hecho de que las personas tenemos derecho a vivir nuestra vida de manera autónoma y libre. La autonomía significa que todas las personas tenemos el derecho de elegir las “normas morales” que nos van a orientar.

Por otro lado, la libertad, en palabras del investigador mexicano Pedro Salazar Ugarte, implica que “ninguna persona o autoridad puede impedirnos hacer ciertas cosas que queremos hacer, ni obligarnos a hacer lo que no queremos. Es cierto que existen prohibiciones y obligaciones que todos debemos observar para vivir en sociedad, pero —en principio— en un Estado laico, nadie puede entrometerse en las acciones que tienen que ver con nuestra vida privada, con la integridad de nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad, con nuestro pensamiento, con nuestra conciencia, con la expresión de nuestras ideas” etc.

Este mismo autor señala: “si observamos la relación de la laicidad con el derecho, vemos que una iglesia tiene derecho a sostener que una acción determinada —por ejemplo tener relaciones sexuales prematrimoniales o divorciarse— es un pecado; lo que no puede pretender es que, porque así lo dicta su religión, esas acciones también sean un delito. Los delitos sólo los puede establecer la ley del Estado y valen para todas las personas que están en su territorio; los pecados los establecen las iglesias y sólo valen para aquellas personas que libremente deciden ser sus feligreses”.

El punto sobre la í: interrupción legal del embarazo

El desarrollo de la laicidad, vinculada a los derechos humanos, no estaría completa si no abarcamos el más polémico de los derechos en la actualidad, el derecho a la interrupción del embarazo.

Este tema, aún no encarado seria ni responsablemente en los debates nacionales, representa un problema de salud pública, pues el aborto en condiciones inseguras es la causa de muerte de miles de mujeres; de injusticia social, porque las que se mueren son mujeres pobres; y de ejercicio de democracia, pues se desconoce la autonomía de las mujeres como sujetas integrales y sociales de derecho capaces de tomar decisiones sobre su vida.; y es precisamente la libertad de decisión en todas las esferas de la vida privada, el principios sin el cual es imposible el ejercicio de la ciudadanía, y esto es difícilmente comprensible en un Estado condicionado por dogmas religiosos y no por principios de derechos humanos.

Repasemos algunas cifras: América Latina es uno de los continentes donde hay más restricciones legales respecto del aborto. Sin embargo existen 37 abortos anuales por cada 1.000 mujeres en edad fértil, frente a los 11 abortos por cada 1.000 mujeres en Europa occidental donde el aborto está despenalizado en gran parte 1.

En este escenario, las mujeres seguimos preguntándonos hasta cuándo nuestro derecho a decidir será una bandera de oferta y negociación; hasta cuándo la doble moral podrá ocultar que la tercera causa de muerte de mujeres en el país es por abortos clandestinos, hasta cuándo se podrá disimular que, cada uno/a de nosotros/as conoce por lo menos a una mujer que se haya realizado un aborto, hasta cuándo las convicciones personales van a primar sobre la vida de todas.

Y claro, vale la pena recordar que no se trata de hacer apología del aborto, pues ninguna mujer interrumpe su embarazo por gusto, o como método de planificación familiar, nada más falso que esto, y aunque las razones parecen obvias en una sociedad que siempre ha castigado a las mujeres, vale la pena hacer memoria: violencia sexual, problemas económicos, falla de métodos anticonceptivos, muchos hijos, imposibilidad en la toma de decisiones vinculadas a la reproducción, rechazo social, etc.

Estas y otras razones conducen a muchas mujeres a enfrentarse al difícil momento de decidir si continúan o no con su embarazo, y claro, esta decisión envuelve temores, sentimientos, creencias personales – religiosas, pero lo que no debiese estar involucrado, si se aseguraran las condiciones, es la salud y la vida de las mujeres.

Pues bien, cuando se habla de la interrupción de un embarazo, se hace referencia no sólo a la posibilidad de elegir en libertad, sino también a la libertad de conciencia, principio central de un Estado laico, (la libertad de conciencia es la facultad de toda persona para formar su propio juicio, sobre lo que considera bueno o malo, sin ningún tipo de interferencias, ya sean políticas, filosóficas, ideológicas, religiosas u otras, es el derecho de pensar con plena libertad, y actuar de acuerdo a los propios juicios morales).

Si pensamos que es necesario, en el marco de un debate pendiente, relacionar la ética con las posturas religiosas, debiéramos situar la libertad de conciencia como el elemento central para adoptar una conducta desprendida de la propia persona, que no esté limitada por fuerzas externas como los mandatos extraterrenales que, muchas veces, condicionan la propia libertad.

Dentro del credo cristiano ha predominado la aceptación del principio que señala que la vida es un don precioso, y que la dignidad se basa en la capacidad de emplear la propia conciencia para definir los principios que rigen la vida moral de las y los fieles. Este es un argumento que permite debatir la posición oficial de la iglesia, que señala que el derecho a decidir a favor de la maternidad voluntaria es algo reprochable. Dicho esto, el desafío es una moral autónoma que permita considerar las distintas situaciones por las que atravesamos las mujeres a la hora de decidir.

Si nos limitamos a revisar únicamente el punto de vista teológico, veremos que posturas como la excomunión no resuelven el problema del aborto, ni evitan el uso de la libre conciencia como un derecho humano, y la tradición teológica claramente señala que la moral cristiana valora a las personas necesitadas y perdona los errores, antes que la imposición de condenas.

En este abanico de posturas, no se debe olvidar que la propia iglesia considera que no todo pecado es un delito, y que la imposición de un castigo o una sanción, no es la mejor alternativa para evitar los abortos, por lo mismo, en el marco de la laicidad, es imprescindible separar la esencia de las leyes de las creencias religiosas, ello permitirá un diálogo horizontal y democrático que contemple, incluso, las diversas posiciones eclesiales.

La perspectiva del Estado laico no apunta únicamente a garantizar el derecho a la interrupción legal del embarazo, pues comprende que este derecho debe venir acompañado de un conjunto de políticas públicas que disminuyan embarazos no planificados, y por tanto la disminución de abortos, así como la reducción de muertes maternas por complicaciones post aborto. La laicidad de las políticas públicas es, entonces, una condición y una oportunidad necesarias para el pleno desarrollo de nuestra sexualidad y de nuestros derechos reproductivos, sin tener que llegar a situaciones extremas como el aborto. Este es todavía un debate pendiente, que se asienta y apuesta por la vida misma, un debate complejo cuya factura sigue creciendo: la muerte de miles de mujeres bolivianas.

1    ORTIZ, Edgar (2009), El Aborto Inducido, un Problema de Salud Pública.Universidad del Valle: Cali (presentación en Power Point).

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