octubre 21, 2020

Gobierno y COB ¿del conflicto a una nueva relación?

La COB parece determinada a conseguir un aumento salarial mayor al 10% decretado por el Gobierno y después de más de una semana, la intensidad de las movilizaciones no parece ir disminuyendo. A diferencia del año pasado, el ente matriz de los sindicatos obreros mantiene cohesionados a sus sectores movilizados, pero con diversos grados de compromiso ¿A que se debe esto? Las protestas parecen ser impulsadas principalmente por la elevación en el costo de vida, duplicado en los últimos meses, aunque no pocos políticos de oposición se esfuerzan por montarse en la coyuntura para lograr protagonismo en los medios y ante la masa enardecida.

Las acciones de la Central Obrera Boliviana (COB) giran alrededor de una doble estrategia: una movilización de sus sectores más combativos en las calles de la sede de Gobierno y un paro general de actividades indefinido a nivel nacional. En cuanto a la movilización, forman parte de ella principalmente los sindicatos de educación, salud, fabriles, universitarios y mineros. No obstante, el paro general indefinido es acatado solamente por el magisterio y salud.

Posibles causas

Esta es la segunda ola de protestas en torno a un incremento salarial que el gobierno de Evo Morales enfrenta en su segundo mandato. El año pasado el Ejecutivo logró desmovilizar a los sectores demandantes de la COB otorgando algunas concesiones a mineros y salubristas en negociaciones por separado. En ese entonces el incremento salarial fue de un 5% que los trabajadores consideraban insuficiente ya que el costo de la canasta familiar había aumentado mucho más.

Este año, si embargo, la situación de muchos bolivianos es más dramática. Desde finales de 2010 se vive un aumento de los precios de los alimentos en todo el mundo, situación que empeoró en el país debido a la especulación y el contrabando de los mismos hacia el exterior. Pero es desde diciembre del año pasado que comprar azúcar, arroz u otros cereales es el doble de caro. En esa fecha, el Gobierno promulgó un decreto que suspendía la subvención a los carburantes, lo que provocó que estos subieran de precio, empeorando así la especulación de los alimentos cuyos efectos todavía se sufren hoy a pesar de que la medida fue levantada.

Este encarecimiento del costo de vida es el principal argumento de la COB movilizada por un incremento salarial. Entre sus otras demandas también está la abrogación del DS 21060 y la reactivación del aparato productivo, como medidas para superar, según dicen, el modelo neoliberal. Sin embargo, estas últimas tienen sólo un carácter secundario y discursivo que no dificulta el arreglo de acuerdos entre el Ejecutivo y los dirigentes sindicales.

De hecho, en los últimos días el Gobierno ha propuesto la nacionalización de miles de concesiones mineras improductivas y la elaboración de un paquete de leyes para hacer inefectivo el decreto histórico que marcó el reinado del neoliberalismo por más de dos décadas. Aún así, los trabajadores continuaron movilizándose y su dirigencia explicó que ningún acuerdo sería posible si no aumentaba el salario hasta el 15% como mínimo. Lo fundamental quedaba subalternizado a lo importante.

Un diálogo difícil de establecer

Los intentos por establecer un diálogo entre ambos actores han sido en su mayoría frustrados por las condiciones impuestas desde ambos lados. La COB, por una parte, se negó a negociar con los ministros y cualquier otro representante que no sea el propio presidente Morales. El gobierno desestimó cualquier encuentro con el secretario ejecutivo Pedro Montes y afirmó que el Presidente del Estado plurinacional solo hablaría con la nueva dirigencia que se escogería en mayo.

Aún cuando se estableció el diálogo, este no resultó ser fructífero. A pesar de los condicionamientos señalados, el presidente Morales aceptó dialogar con la dirigencia de la COB y se preparó una reunión en los salones de la Vicepresidencia que duró el sábado 9, domingo 10 y lunes 11. El resultado de estas negociaciones fue un pre-acuerdo de ocho puntos. Inexplicablemente los acuerdos consentidos por la dirigencia de la COB fueron rechazados por el ampliado de los trabajadores, quienes elaboraron una contrapropuesta.

Después, el presidente Morales emprendió una gira que tenía programada por varios departamentos del interior y la dirigencia de la COB volvió a las calles. Luego los ministros del Ejecutivo denunciaron que los trabajadores cambiaron las condiciones del preacuerdo devolviéndolo a foja cero, es decir, a nada. La COB, por su parte, negó la acusación y señaló que ningún acuerdo vale si no considera el aumento salarial.

Las medidas de presión de los trabajadores continuaron durante los días del encuentro y después de la partida de Morales las calles se mantuvieron convulsionadas y bloqueadas por los sectores en protesta; magisterio y salud, principalmente. Una mesa de diálogo con los ministros fue rechazada por los trabajadores nuevamente, y estos ratificaron que sólo hablarían con Morales, quien estará disponible en La Paz desde este sábado 16.

Los trabajadores proyectaron una imagen de radicalidad desde el inicio de las protestas, cuando sectores mineros hicieron estallar dinamitas en vez de los tradicionales cachorros de dinamita y petardos, mancharon la bandera nacional con tinta y exclamaron consignas contra el proceso de cambio, lo que llevó al presidente Morales y a otros del gobierno a acusarlos de golpistas. Días después, seis policías fueron internados por heridas de gravedad provocadas por los marchistas y las carreteras entre Oruro y La Paz y la fronteriza con Brasil fueron tomadas por los magisterios rurales.

¿Una oposición relevante?

El Gobierno señaló que estas acciones extremistas eran inducidas por figuras de la oposición con intereses políticos dentro y fuera de la COB. El vicepresidente Álvaro García Linera indicó que varios dirigentes estaban movilizando a sus bases por intereses políticos individuales dada la cercanía de la elección de nuevos dirigentes el ente sindical efectuará en mayo próximo.

Durante esos días, también, dirigentes sindicales como Jaime Solares y ex líderes políticos como Felipe Quispe acusaban al presidente Morales de neoliberal mientras se declaraban perseguidos políticos ante las cámaras, y partidos opositores como el Movimiento Sin Miedo (MSM) emitía comunicados en solidaridad con la COB y sus reclamos, además de permitir la movilización de los trabajadores municipales, instancia de gobierno que dicho partido controla.

Además, la actividad de grupos trotskistas en medio de las movilizaciones de la COB también fue identificada por autoridades gubernamentales como una de las causas de la actitud de confrontación de los trabajadores. Esta corriente ideológica cuenta con adeptos declarados dentro del magisterio y salud principalmente. Tal es el caso de la dirigente de los profesores urbanos, Vilma Plata, por ejemplo.

No obstante, en la agenda política de los trabajadores sobresalía principalmente la demanda salarial. El resto de las reivindicaciones fueron atendidas por el Ejecutivo hasta alcanzar ciertos acuerdos, de acuerdo a la Agencia Boliviana de Información (ABI). Los diferentes grupos trotskistas apuntaban a extraer los recursos para el incremento salarial de los empresarios de la banca boliviana y de las transnacionales principalmente, pero la COB fue acusada de exigir un aumento salarial a como de lugar, incluso usando las reservas internacionales netas que de 1.700 millones de dólares ahorrados en 20 años han subido a más de 10.000 millones de dólares en cinco años y que el Gobierno defiende como patrimonio de todos los bolivianos y no solo de la población asalariada. El gobierno insiste en emplear parte de las reservas en grandes proyectos productivos.

Determinación

Las jornadas de protesta del último mes albergan otras demandas y contradicciones además de la del salario. A principios de marzo a la COB se unieron estudiantes universitarios que rechazaban una fiscalización de las cuentas de su institución a manos del Estado, argumentando que era una violación a su autonomía constitucionalmente reconocida. El Gobierno, a su vez, aclaró que no se trataba de ninguna violación a su autonomía universitaria ni de una intervención del Estado en asuntos internos, sino de una forma de fiscalizar una institución acusada reiteradamente de ser centro de corrupción.

Después, en abril y una vez solucionado el asunto con los universitarios, la Caja Nacional de Salud (CNS) se opuso a una fiscalización de sus cuentas por el Estado argumentando que eso daría paso a una masacre blanca en la que empleados de este seguro serían reemplazados por otros más funcionales al Gobierno. La CNS también es acusada de ofrecer servicios de mala calidad a sus asegurados y de tener una administración corrupta.

Pero es la demanda salarial la que ocupa el centro del debate y la que moviliza a la COB, cuyo grado de determinación se puede medir por los sectores que se ha sumando a sus dos estrategias.

La primera estrategia, la movilización en la sede de Gobierno contó con los sectores de fabriles, salud, magisterio, mineros, docentes y administrativos de las universidades y, finalmente, rentistas. Esta estrategia, en cuya aplicación los maestros rurales la llevaron a bloquear en un punto la carretera La Paz-Oruro y en otro lugar del oriente, fue atentamente observada por el Gobierno.

La segunda estrategia, el paro general de actividades indefinido, sólo fue acatada por el magisterio y salud, el resto de los sectores continuaron trabajando y produciendo; como los mineros y los fabriles. Los trabajadores petroleros no se sumaron nunca a las medidas de presión. La huelga general indefinida que, según notó el presidente Morales, es solo usada para desestabilizar gobiernos, tuvo un grado de radicalidad sólo discursivo y en los hechos poca incidencia, salvo la suspensión de clases en escuelas y universidades y de la atención médica en la CNS.

Los recursos utilizados por el Gobierno para encontrar una salida al conflicto alcanzaron un nuevo nivel el lunes 11, cuando ante un repentino cambio en la agenda de la COB que condenó el Ejecutivo porque hacia retroceder el diálogo hasta foja cero, los movimientos sociales afines al proceso de cambio liderado por Morales anunciaron que se movilizarían en contra de la COB, a la que acusaron de dejarse utilizar por la derecha.

Estos movimientos sociales aglutinados en la Coordinadota Nacional por el Cambio (CONALCAM) indicaron que defenderían el proceso de cambio, así quiera decir enfrentarse con los trabajadores. La única organización que se excluyó de esta iniciativa fue el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), que además de negarse a marchar contra los trabajadores desconoció la existencia de la CONALCAM.

El viernes se ha ingresado, presuntamente, a la recta final del conflicto. No hay duda que el gobierno tiene mucha fuerza pero es de su interés, sobre por razones de imagen, salir del conflicto cuanto antes. La COB también tiene premura por una solución pues al margen de su advertencia de convulsionar el país, sus fuerzas son pocas -solo magisterio y trabajadores de salud en paro indefinido-, como para prolongar la movilización. Los trabajadores saldrán con su salario incrementado (sin saberse si es más de 10%). El gobierno sale de un remezón, quizá el último de esa naturaleza desde que quiso subir el precio de los carburantes, y tiene todo por delante para hacer ajustes en la gestión, establecer nuevas relaciones con los sindicatos y movimientos sociales, poner en marcha inversiones productivas, y sobre todo tomar medidas que le muestren a la gente que el proceso de cambio continúa.

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