octubre 25, 2020

Los movimientos sociales en el nuevo tiempo político latinoamericano

por: Isabel Rauber *

El quehacer actual de los movimientos indígenas, sindicales, campesinos, comunitarios y sociales forjado en años de resistencias y luchas, ha sido y está siendo transformado y potenciado por la realidad sociopolítica que ellos mismos han construido o contribuido a construir, impulsando o constituyendo gobiernos populares. Tal es el caso, por ejemplo, del gobierno indígena-popular de Bolivia.

Pasado el momento inicial de goce y disfrute, la conformación de nuevas interrelaciones sociales, el surgimiento de nuevas contradicciones, conflictividades, afinidades e interacciones de fuerzas e intereses sociales, económicos, culturales y políticos acorde con la nueva realidad política e institucional, configuran un nuevo mapa sociopolítico que define nuevas tareas y desafíos a los actores sociales, ahora claramente confrontados en su matriz política o sociopolítica.

Esta situación ubica el quehacer de los movimientos sociales en una dimensión cualitativamente diferente de la hasta ahora experimentada: hacerse cargo de lo que ellos mismos han construido. Se trata también de asumirse como protagonistas centrales de los gobiernos y disponerse -en consecuencia a (co)gobernar. Esto es: profundizar los procesos colectivos de articulación y construcción de poder propio en simultánea transformación de los espacios gubernamentales e institucionales del Estado y el gobierno, profundizando la disputa integral con el poder hegemónico del capital.

Esto, obviamente, no depende solo de los movimientos indígenas, campesinos, sindicales o sociales, implica también una serie de definiciones y posicionamientos de todas las partes intevinientes en el gobierno, en aras de redefinir y fundar un nuevo y diferente tipo de gobierno y de interrelación con los pueblos, las comunidades, los movimientos, las organizaciones no gubernamentales… es decir, con la sociedad y la ciudadanía.

No es políticamente lógico resistir, luchar, voltear y poner gobiernos si luego se rechaza asumir la responsabilidad de (co)gobernar; con autonomía respecto a quienes gobiernan y a las estructuras gubernamentales-estatales, pero articulados a los representantes para (luchar por) participar en la toma de decisiones, en el control de la gestión pública y para llevar propuestas propias construidas desde abajo, en las comunidades, movimientos, sindicatos… Esto es vital porque el que un gobierno sea popular no es cualidad que se desprenda de las raíces genéticas o del currículo de los gobernantes, sino de su vocación y empeño práctico para transformar radicalmente las instituciones gubernamentales-estatales y su papel en la sociedad y viceversa. Abrir los espacios a la participación ciudadana es clave. Y en esto, como en todo, los movimientos sociales, los pueblos todos, tienen que involucrarse. Pero esta sola afirmación no resuelve la situación puesto que hay variadas modalidades de involucramiento de los movimientos: como demandantes, con reivindicaciones corporativas, como ejecutores subordinados al gobierno-estado, como fuerzas de choque de la oposición, como espectadores críticos, como protagonistas en disputa con lo viejo y creadores-constructores de lo nuevo, que se atreven a transitar por el terreno del conflicto propio de las disputas y acción política, que supone vivir ellos mismos en conflicto, protagonizando la disputa por la construcción de un nuevo poder, el que es construido-con el protagonismo de los de abajo, desde abajo y en todos los ámbitos de la vida social: gobierno, estado y todo el cuerpo de instituciones sociales y políticas, así como en los diversos ámbitos de la vida social.

Esta es tal vez, una de las miradas menos frecuentes, puesto que normalmente se analiza la situación de conflicto como una situación ya dada (exterior) en la que intervienen los actores. Sin embargo, el conflicto existe porque es constituido por el accionar de los actores en lucha. Ellos son parte del mismo, de sus dinámicas, de su desarrollo y también de las salidas posibles del mismo. El conflicto es la forma “natural” de existencia y participación de los movimientos sociopolíticos en defensa de la vida, en disputa con el poder hegemónico del capital y en la construcción de su propio poder.

En el caso de los gobiernos populares, el reconocimiento de la centralidad del conflicto contribuye a reconocer el carácter político de las contradicciones del proceso revolucionario. Este no se define por decretos, sino por las dinámicas concretas de las interacciones e interdefiniciones de los actores sociopolíticos que pelean y discuten palmo a palmo con el poder hegemónico para construir otro poder e instalar una nueva hegemonía. Pero lo hacen partiendo de posiciones de subordinación histórica al capital, empeñados en romper con ella construyendo su no subordinación emancipatoria que cristalizará en su propia hegemonía. Es decir, que -en el caso de los gobiernos populares- todos los actores sociopolíticos tienen que aprender a desempeñarse en un escenario diferente, afianzando y desarrollando el protagonismo construido en aras de gobernar en función de sus ideales y metas revolucionarias. Pero esto no ocurre mágicamente; los que gobiernan tiene que emprender los cambios a la vez que van gobernando, encorcetados por un aparato político institucional que responde a otros intereses, otras lógicas, y otros protagonistas. Romper ese círculo de poder es una de las claves del proceso, tanto para quienes ocupan posiciones de gobierno, como para los actores sociopolíticos que protagonizan el proceso de cambios desde el terreno social. De no hacerlo, ambos actores quedarán atrapados -y anulados- por las redes del poder. Los gobernantes porque serán absorbidos por los mecanismos y los procedimientos de las instituciones y terminarán abortando los objetivos revolucionarios, limitándose a administrar el poder de otros. Y los movimientos sociales porque -de actuar así- retroceden y -conducidos por la hegemonía del capital- vuelven a la escena sociopolítica, fraccionados, reconstituidos en actores demandantes, corporativos, sectoriales. En tal caso -arrastrados por la inercia cultural de la vieja política y sus prácticas fragmentarias, jerárquicas y excluyentes-, pierden su capacidad política colectiva para impulsar el proceso de cambios.

Revalidar hoy el protagonismo político alcanzado ayer en las luchas contra el neoliberalismo

Está demostrado que en el movimiento histórico social no hay procesos con resultados unívocos, permanentes e irreversibles; todo está en juego permanentemente en la arena de la lucha de intereses que configura y define en cada momento la conflictividad dominante del campo político por el poder (a derribar o a construir). La condición de sujeto no es abstracta; está raizalmente articulada a la acción de los actores en el entramado de contradicciones del conflicto sociopolítico, a su capacidad para definirlo en sentido favorable a sus intereses, necesidades y aspiraciones. Las condiciones sociopolíticas, así como las correlaciones de fuerzas, han cambiado. Y el protagonismo social y político de ayer no es automáticamente trasladable-como talprotagonismo- al presente.

Una clara manifestación de ello puede observarse en los acontecimientos políticos y sociales -originados ya desde el gobierno, ya desde movimientos sociales, sindicales indígenas o de pobladores, o desde ambos espacios-, que vienen modificando los escenarios políticos en los procesos boliviano y ecuatoriano, reconfigurando los conflictos y sus actores, no necesariamente en sentido positivo para los cambios buscados.

El conflicto es el modo de ser de lo político y la política, ciertamente, pero es la relación conflicto sociopolítico-intereses y requerimientos de las luchas sociales, la que va definiendo, en pulseada cotidiana, la correlación de fuerzas en un sentido o en otro, delimitando el escenario político a favor del poder hegemónico del capital o de la nueva hegemonía, del nuevo poder indígena-popular en gestación y construcción.

En este caminar, no basta con lo acumulado en las resistencias y las luchas antineoliberales, no basta con sobrevivir, no basta con reclamar reivindicaciones sectoriales ante el gobierno o el estado. Hay que hacerlo, evidentemente, pero en un contexto político propositivo de profundización revolucionaria.

En este sentido, es vital superar la defensiva, erigirse (construirse) en sujetos políticos protagonistas de su historia. Esto supone dar cuenta de la nueva realidad política, de sus características y dimensiones, de sus tareas y sus nuevos desafíos. Estos implican -tanto para los movimientos indígenas y sociales del campo popular como para los gobernantes-, moverse en un terreno histórico y políticamente desconocido hasta el presente.

Es tiempo de construir y transitar nuevos caminos. Por ejemplo, haciendo de los instrumentos estatales-gubernamentales herramientas de los cambios definidos con la participación popular y comunitaria gestada desde abajo. Esto configura nuevos espacios de conflictividad sociopolítica; en ellos reside la posibilidad de que los diversos actores sociales, reducidos históricamente por el capital a una expresión demandante reivindicativa, vayan encontrándose y constituyéndose en actor político colectivo capaz de definir protagónicamente los rumbos su historia y traccionar hacia ellos los cambios.

La conformación del sujeto político es parte del desarrollo de ese proceso que es, en tal sentido, un proceso constituyente. Implica que no existe un ser ni un deber ser definidos a priori, que no hay sujetos, ni caminos, ni tareas, ni rumbos y resultados preestablecidos, ni situaciones irreversibles; todo está en juego permanentemente.

Este nuevo tiempo político abierto a los desafíos sociotransformadores gestados desde abajo en las resistencias y luchas de los movimientos indígenas y sociales, demanda de ellos alzarse sobre carga cultural histórica heredada y acuñada por el capital, para erigirse en protagonistas responsables de co-gobernar, es decir, de participar en la toma de decisiones y asumir la responsabilidad de llevarlas adelante, de formular propuestas para impulsar el proceso de cambios haciendo realidad las consignas del pasado y dando los pasos necesarios en aras de fortalecer en el presente el protagonismo colectivo del conjunto de actores sociales y políticos revolucionarios y del pueblo todo. Y para ello es fundamental el instrumento político.

No se trata de un reivindicar la existencia de un “tiempo de movimientos” y un “tiempo de partidos”; se trata de asumir que la articulación de actores dispersos en un actor colectivo, implica su (auto)constitución como actores políticos, es decir, con responsabilidad y capacidad para construir y fortalecer -ellos todos- la herramienta política que necesitan para articular las diversas aristas y dimensiones, y desarrollar tareas que va reclamando el proceso a cada paso y conducirlo.

En esto, como en la vida, el desafío estratégico está abierto.

 

*          Dra. en Filosofía. Directora de la Revista “Pasado y Presente XXI”. Profesora de la Universidad Nacional de Lanús. Educadora popular. Estudiosa de los procesos políticos de los movimientos sociales e indígenas de indo-afro-latinoamérica. www.isabelrauber.blogspot.com; e-mail: irauber@gmail.com

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