octubre 30, 2020

La importancia histórica del control social

La nueva Constitución Política del Estado incorpora la figura del control y la participación social. Con eso, traduce la ruta de ampliación de la democracia que la mayor parte del pueblo se trazó como horizonte en su rechazo al sistema político anterior. Sin embargo, todavía su implementación está demorada y el debate acerca de sus alcances y formas no ha empezado a producirse de manera ordenada y sistemática.

Empero, hay algunos ejes que cuentan con un consenso más o menos importante. Primero, el control y la participación social, para ser tal, debe tener como horizonte la radicalización de la democracia, de tal manera que el soberano, el pueblo, cuente con espacios de deliberación y mecanismos para la toma de decisiones, de forma democrática y plural. El ciudadano o los grupos organizados de la sociedad civil deben sentir que votan y elijen, pero sobre todo que aportan desde el lugar en que están a la planificación, elaboración de leyes y la gestión.

Esta radicalización de la democracia debe apuntar a superar la mera selección de autoridades, que es el punto de partida y llegada de las restringidas democracias liberales. Es decir, debe constituirse en un canal para la protagónica y decidida participación del pueblo.

Segundo, la puesta en marcha de estos mecanismos constitucionales deberá conducirnos, en un proceso largo, del Estado restringido —donde todavía hay marcada diferencia entre sociedad política y sociedad civil— al Estado pleno -que es más bien la disolución del Estado en la sociedad y no a la inversa. Se produce, en esa transición de un tipo de estado a otro, de manera compleja y llena de tensiones, la construcción del poder “desde arriba” y “desde abajo”. Es el nacimiento de un nuevo tipo de poder.

Este paso del estado aparente al estado pleno implica, por tanto, estimular y potenciar la capacidad auto-organizativa y de auto-representación del pueblo, de tal manera que teniendo como horizonte el estado pleno o el “no estado”, se vaya asumiendo que todos tenemos derechos pero también obligaciones. La construcción de una nueva sociedad es una tarea muy compleja y difícil para solo dejarle al gobierno.

Tercero, el control y la participación social debe suponer pensar en los intereses universales o generales y cada vez menos en los intereses particulares. No es para plantear pliegos, es para aportar propuestas. Una participación, por ejemplo, en la elaboración del PGN ayudaría mucho a tener conciencia sobre la necesidad de orientar los recursos a la inversión antes que a los gastos de cuenta corriente que benefician a unos pero no al país.

Cuarto, el control y la participación social deben desarrollarse en todos los niveles del Estado autonómico, en cada uno de ellos según las atribuciones y competencias.

Finalmente, quizá la implementación del control y la participación social ayude a pasar de un momento a otro dentro del proceso de cambio y contribuya a lograr nuevas formas de relación entre el gobierno y la sociedad civil, al interior de la propia sociedad civil organizada y a la relación del gobierno central con los gobiernos subnacionales.

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