octubre 26, 2020

Violencia contra las mujeres: un problema que se acrecienta

La semana pasada iniciamos en este semanario un nuevo debate sobre violencia contra las mujeres, a partir de un artículo que, más allá de su especificidad local (Puerto Rico), muestra cuán “universal” es este problema y cuánta similitud existe en su tratamiento en diversos países del mundo. Lo que advierte la autora de ese artículo es que las mujeres no podemos sentarnos a disfrutar los avances que logramos en materia normativa o de política pública, porque a la vuelta de la esquina está un “señor autoridad” siempre dispuesto a borrar con el codo lo que tantas luchas sociales lograron construir con las manos. En Bolivia no estamos mucho mejor, paso que damos es paso que debemos cuidar y vigilar para no echar marcha atrás.

Violencia basada en género

La violencia hacia las mujeres “basada en género”, es decir, por el hecho de ser mujeres no es fortuita ni es excepcional, ocurre todos los días, en todas partes de mundo, sin diferenciar —salvo quizás por sus formas culturales— países, regiones ni continentes. No existe sociedad actual donde no se constate cotidianamente que la violencia hacia las mujeres es estructural, es la forma más brutal del ejercicio del poder patriarcal otorgado a los hombres. Se han establecido diversas formas de violencia hacia las mujeres y cada día se descubren nuevas formas, unas más sutiles y otras más atroces.

“La violencia de género es un mecanismo político cuyo fin es mantener a las mujeres en desventaja y desigualdad en el mundo y en las relaciones con los hombres, permite excluir a las mujeres del acceso a bienes, recursos y oportunidades; contribuye a desvalorizar, denigrar y amedrentar a las mujeres y reproduce el dominio patriarcal. La violencia de género contra las mujeres y entre los hombres recrea la supremacía de género de los hombres sobre las mujeres y les da poderes extraordinarios en la sociedad” 1.

Lo que se verifica cotidianamente es que la violencia contra las mujeres suele venir en escalada: puede comenzar con expresiones denigrantes, intimidantes, de descalificación, que merman la autoestima de las mujeres hasta colocarlas en posición de vulnerabilidad y de ahí pasar a actos de violencia física y sexual que son tolerados y justificados por las propias víctimas que, en esas condiciones, hasta llegan a creer que se lo tienen merecido, hasta alcanzarles la muerte. Estos hechos, que generalmente suceden al interior de los hogares, hace mucho tiempo que dejaron de ser asunto privado para convertirse en delitos de orden público. Toda persona individual o jurídica está obligada a denunciar cualquier hecho de violencia contra una mujer, suceda donde suceda. Sin embargo y pese a ello, suman y siguen, campea la impunidad de los agresores, muy pocos de ellos llegan a estrados judiciales y menos aún son condenados por sus delitos

Cifras que debieran abrir nuestros ojos ante la violencia contra las mujeres

En 2010 el CIDEM registró ochenta y nueve feminicidios: esto significa que, sólo el año pasado, casi dos mujeres han muerto cada semana en manos de sus esposos, novios, compañeros o concubinos, lo que muestra a qué punto se ha llegado. No es que en el pasado no hubiera habido asesinatos a mujeres por el hecho de ser mujeres, sucede que ahora estos hechos se hacen visibles y adquieren nombre propio 2. El informe del CIDEM señala que estas cifras pueden incrementarse, ya que muchos casos no han sido reportados por los medios de comunicación —fuente principal de la información recogida por esta institución— y es posible que otros no hayan sido siquiera denunciados en las instancias como la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen-FELCC.

Entre 2000 y 2008, la policía nacional registró un promedio de 44.742 denuncias anuales (124 denuncias diarias) de violencia intrafamiliar. Si se tiene en cuenta que, según datos del CNPV de 2001, ese año Bolivia contaba con 1.977.665 hogares, significaría que en aproximadamente uno de cada cinco hogares bolivianos se da al menos un episodio de violencia intrafamiliar al año.

En el mismo periodo, los centros de salud registraron en el Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS)6.013 casos de violencia física y sexual, en promedio por año. Desagregados los datos por sexo se establece que (también en promedio) el 76% de los casos corresponden a mujeres y el 24% a hombres, es decir, que por cada hombre que solicita atención médica por estos hechos, se presentan tres mujeres agredidas. Y para evitar cualquier mala interpretación sobre este dato, también hay que señalar que en la mayoría de los casos de violencia registrados contra mujeres y también contra hombres, los agresores fueron hombres.

Es más, frente a la continua protesta de que “también los hombres reciben agresiones por parte de sus parejas”, hay que señalar que las consecuencias de las agresiones son mucho más graves para las mujeres que para los hombres. El maltrato genera consecuencias psicológicas (miedo y temores, además de una drástica reducción de la autoestima, depresión y otras secuelas) en el 73% de las víctimas mujeres, respecto del 26% de las víctimas varones. Produce marcas corporales, como moretones y dolores, en el 60% de las víctimas mujeres, contra el 17% de las víctimas de sexo masculino. El 14% de las mujeres sufren consecuencias físicas más graves (herida o hueso roto), frente al 5% de los hombres que sufren el mismo tipo de consecuencias del maltrato y el 3% incluso llegan a perder algún órgano o parte del cuerpo, frente a menos del 1% de los hombres. Obviamente, ningún varón resulta con “embarazo terminado en aborto”, como consecuencia de las agresiones, lo que le sucede al 3% de las mujeres 3.

En el año 2009 el INE, por encargo del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, creó el Sistema Estadístico de Violencia Intrafamiliar(SIVIF). Con una ligera variación porcentual entre el primero y el segundo semestre de 2009 4, no cabe duda de que la mayoría (86%) de las denuncias presentadas en los servicios de atención (SLIM 5 y ONG) provino de mujeres, contra 14% de denuncias provenientes de víctimas de sexo masculino. La información registrada en ambos semestres confirma el dato de que un 83% de las agresiones denunciadas suceden en el ámbito privado, contra 7% en el ámbito público y un 10% sin especificar. Esto indica que el hogar no es el lugar más seguro para las mujeres, como se podría suponer.

El mayor número de casos denunciados proviene de víctimas de violencia con un nivel de educación primaria (41%) y secundaria (33%). El menor porcentaje de denuncias observadas se encuentran en personas de nivel de educación técnico (5%) y este porcentaje se eleva un poco en gente de nivel profesional (7%). Entre personas “sin educación” el índice es de 12%. Por una parte, estos datos guardan proporcionalidad con los niveles de educación promedio de la población nacional y, por otra parte, los datos indican que las personas con educación (formal) suelen tener más recursos para denunciar la violencia y para defenderse frente a ella.

En ambos semestres se observa la misma tendencia de distribución de las mujeres víctimasde violencia según grupos de edad. Un 40% de las víctimas se agrupan en la edad de 20 a 29 años de edad, el 28% en la edad de 30 a 39 años y el 14% en la de 40 a 49 años. Los datos registrados en el SIVIF también confirman que las personas que viven en pareja (casadas o concubinas) son sujetas de violencia intrafamiliar con mucha mayor frecuencia que las personas que viven sin pareja. Alrededor del 80% de las víctimas están en esta situación.

En cuanto a características del agresor o agresora, la mayor proporción de denunciados son hombres (82%). La agresividad parece reducirse con la edad, la mayor proporción (38%) de agresores de ambos sexos se ubica en el rango de 18 a 29 años de edad, el 30% está en el rango de 30 a 39 años, el 17% en la siguiente década y con 50 años o más sólo alcanza la proporción de 9%.

¿Y qué está haciendo el Estado boliviano para enfrentar la violencia contra las mujeres?

Bolivia es signataria de las convenciones internacionales referidas a los derechos de las mujeres y según estos acuerdos, ratificados mediante leyes de la República (hoy, Estado Plurinacional), Bolivia se obliga a desarrollar políticas públicas específicas para eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres (CEDAW 6) y prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará 7).

Desde entonces, Bolivia se ha dotado de una amplia normativa para proteger los derechos humanos de las mujeres y, en particular, hay que destacar la constitucionalización del derecho de las mujeres a vivir sin violencia (artículo 15). También se ha diseñado una serie de planes y programas nacionales para combatirla y se avanzó en la creación de instituciones públicas (SLIM y BPF) que se dedican a proteger a las víctimas y a prevenir la violencia.

No obstante estos avances, no se ha logrado poner un alto a la violencia contra las mujeres en nuestro país porque se constata que no sirve de mucho denunciar la violencia, ya que la ley vigente (Nº 1674) contempla sanciones mínimas a los agresores y en raras ocasiones éstos llegan a los estrados judiciales para recibir los castigos que se merecen. Las estadísticas actuales apenas muestran “la punta del iceberg”, porque están basadas en denuncias y ya se sabe que, para que una mujer llegue a denunciara su agresor en un centro de atención, tiene que haber superado sinnúmero de barreras personales, sociales, familiares e institucionales.

Las instituciones existentes encuentran limitaciones en su accionar, sobre todo los SLIM, que terminan siendo una suerte de “confesionarios” sin capacidad de resolución de los casos denunciados, porque no cuentan con el personal idóneo —que generalmente está ahí por contrato temporal, con sueldos ridículos y escasa experiencia— ni con el presupuesto operativo y el equipamiento imprescindibles para su funcionamiento; esto, cuando no son “fusionados” con las Defensorías de la Niñez y Adolescencia o agregados a plataformas donde el “bien precautelado” es “la familia” en detrimento del interés de las mujeres maltratadas.

Entonces ¿qué hacer?

Sin quitarle un mínimo de responsabilidad al Estado que, al menos en virtud de los compromisos internacionales asumidos, debiera invertir recursos de todo orden para proteger a las mujeres víctimas de violencia, además de sancionar a los agresores y educar a la gente —desde el nivel inicial— en el principio elemental de que no es natural, no es normal agredir de forma alguna a ninguna mujer, estoy convencida de que éste debe ser un asunto del cual la sociedad en su conjunto debe asumir plena responsabilidad, particularmente nosotras, las mujeres.

Ya no es posible continuar con tanta indolencia, con tanta indiferencia, tapándonos los oídos y cerrando los ojos ante cualquier hecho de violencia contra cualquier mujer, porque hoy es mi vecina y mañana podrá ser mi hermana o yo misma la que sufra una agresión. Debemos auto-convocarnos y organizarnos por cuadras, por manzanos, por barrios, por comunidades para proteger a cualquier mujer que sufra violencia, así ella misma procure impedirlo. Y ojo que no estoy hablando de “tomar la justicia en nuestras manos”, estoy hablando de sancionar social y moralmente a cualquier agresor, de denunciarlo, de colocarlo en evidencia, de ponerlo a la vista de todo el mundo.

También creo que es imprescindible tratar a los agresores, pues no es suficiente castigarlos. Para ello yo transformaría cada casa de refugio de mujeres maltratadas en una comunidad terapéutica para hombres agresores, porque me parece que esas casas, con todas las buenas intenciones con las que se las crea y maneja, terminan siendo espacios de re-victimización de las mujeres maltratadas ¿Acaso no es doble castigo recibir agresiones y tener que abandonar el propio hogar, con el riesgo incluso de que los maltratadores acusen a sus víctimas por “abandono de hogar”? Es cierto, se requiere modificar la normativa para obligar a los agresores a salir de los lugares donde se sienten protegidos para ejercer su poder, pues trabajemos en esa dirección.

También considero importante ampliar nuestra mirada hacia la violencia en razón de género en el ámbito de las diversidades sexuales ¿es que alguien piensa todavía que en parejas homosexuales se vive en idilio amoroso permanente? También ahí se reproducen formas de violencia basadas en género y sus víctimas merecen la misma atención y protección que las mujeres. No por ser “minorías” merecen igual o peor indiferencia que las mujeres víctimas de violencia.

Finalmente, es imprescindible conformar un frente común para exigir una ley expresamente referida a tratar la violencia contra las mujeres y que sea incorporada en el ámbito penal, ya no civil, para introducir en esta nueva norma todas las formas de violencia conocidas y —como lo demandan las organizaciones de mujeres— para penalizar el feminicidio con la pena máxima de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.

*     Psicóloga Social, militante por los derechos de las mujeres

1    Tomado de la declaración de la “Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada”, presidida por Marcela Lagarde y de los Ríos, (2003)

2    “El concepto feminicidio se ha construido para nombrar correctamente la especificidad de un crimen. Es parte de un contexto de discriminación contra la mujer porque ocurre cuando el agresor intenta menoscabar los derechos y las libertades de la mujer, atacándola en el momento en que pierde la sensación de dominio sobre ella”. Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (2005) La violencia contra la mujer: Feminicidio en el Perú Lima, CMP Flora Tristán/ Amnistía Internacional, Sección Perú. (pág. 33)

3    Datos presentados en la tabla número 28 del Plan Nacional Para la Igualdad de Oportunidades (2008), con datos del INE/SNIS para el periodo 2000 – 2006.

4    Fuente de los datos SIVIF: Estado Plurinacional de Bolivia, Instituto Nacional de Estadísticas, Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (2009). Construyendo una Bolivia Libre de Violencia de Género. Primer Semestre de 2009. La Paz, INE/VIO; y (2010)Segundo Semestre de 2009. La Paz, INE/VIO.

5    Servicios Legales Integrales Municipales, creados por mandato de la Ley Nº 1674. Actualmente, menos de la mitad de los municipios del país cuentan con este servicio.

6    “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” (CEDAW), ratificada mediante Ley Nº 1100 de 15/09/89.

7    “Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” (Belem do Pará), ratificada mediante Ley Nº 1599 de 18/08/94

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