octubre 24, 2020

Mar para Bolivia: Desafío heroico para la conciencia de los pueblos

por: Ricardo Balladares*

“Debemos considerar, queridos compañeros, que todos los que pertenecemos a la clase trabajadora, no podemos contar con más apoyo que el que pueden proporcionarnos nuestros hermanos y jamás podremos conseguir el triunfo de nuestros ideales si no formamos un bloque único y sólido, capaz de oponer formal resistencia a ese monstruo fatídico y avasallador: la explotación capitalista… Por esto creo, estimadísimos compañeros, que sería de gran conveniencia para todos consolidar fuertemente el cariño que mutuamente se profesan las clases trabajadoras de Bolivia y Chile”. Estos son los términos en que el dirigente obrero Luís Emilio Recabarren, fundador del Partido Obrero Socialista de Chile, se dirigió a organizaciones de trabajadores de Oruro en 1919. A casi 100 años de esta declaración sus planteamientos deben orientarnos en plena vigencia.

Sería monótono y restringido abordar el problema de la mediterraneidad de Bolivia desde la posición estática de la configuración territorial asentada en la fuerza de la violencia estatal y los tratados limítrofes derivados de ella, porque dicha orientación respondería solo a la continuidad discursiva del estado nación oligárquico y de la elites dirigentes, únicos beneficiados de los arrebatos fratricidas.

Las guerras que lesionaron la integración latinoamericana a finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX estuvieron siempre condicionadas por los conflictos de interés entre la gran burguesía inglesa y norteamericana, sustentados en el compromiso de uno u otro bloque económico y de las incipientes oligarquías nacionales latinoamericanas. Así ocurrió en la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, la Guerra del Chaco, la Guerra de la Confederación Perú-Bolivia contra Chile y también en la Guerra del Salitre en 1879-1883 ocasionada por la disputa del control de los yacimientos en el sudoeste boliviano. La sangre de los hijos e hijas de nuestros pueblos fue lanzada de unos contra otros en sacrificio de intereses foráneos.

Así, circunscribir el debate tan solo en la razón de los tratados limítrofes resultados de la Guerra del Salitre sería dar continuidad al coloniaje económico, político y cultural. Aún en la actualidad, la mayor parte de las principales actividades económicas en el territorio involucrado están bajo la propiedad de corporaciones transnacionales mineras y acuíferas. Los habitantes de esas zonas ven sus derechos permanentemente expuestos a la arbitrariedad de los privados, especialmente el derecho al agua y sobre todo sobre los recursos naturales en cuanto ejercicio efectivo de la soberanía popular.

¿Fuimos realmente protagonistas de las motivaciones de ese conflicto bélico? ¿Fuimos participantes hegemónicos en la delineación de nuestros países? ¿O tan solo fuimos obligados y acarreados a cargar con el tiro de las escopetas, con el cadáver de un amigo o hermano, con la sangre en nuestros pechos y las balas del trabajo sucio? Visto así, ¿Cuál es la soberanía por la que luchábamos si ya nuestros cuerpos fue lo primero que hipotecamos?

La dilatada solución de un acuerdo de integración, justo para los pueblos, que considere el acceso marítimo a Bolivia, debiera ser impulsada por la ciudadanía y el pueblo movilizado de los dos países en cuestión. La sociedad y los movimientos sociales debieran participar protagónicamente de manera alterna al diálogo, existente o no, entre estados. La soberanía popular debe desplazar a la soberanía del estado nación colonial. Para dicho cometido, debemos comenzar por evadir, como eje de tratamiento querellante, la verdad histórica de las oligarquías nacionales y remplazarla por las necesidades de los pueblos y la cimentación de una historia de integración, solidaridad y cooperación mutua.

La expresión de la conciencia ética de los pueblos en una Comisión Permanente de los Pueblos de Bolivia y Chile, que delinee y ejecute una estrategia de integración por abajo, que haga presión a los Estados y los grupos económicos y no al revés, posee potencialidades de garantizar una época pacifica de seguridad material y espiritual para los dos países, desde la reivindicación de una nueva concepción de la territorialidad en relación ética con la tierra y sus habitantes. Lejos de la devoción mística, de lo que se trata, es de asumir una responsabilidad infinita con el otro que también soy yo mismo, como decía Octavio Paz. El acceso soberano al mar y en general a todos los recursos hídricos, en correspondencia con la soberanía popular, concierne ser visto como un derecho fundamental y no como el resultado de una guerra fratricida.

El involucramiento consciente de la población ayudará a resolver en democracia y participación el por qué y el cómo hacer la integración. Se hace necesario desplegar los mayores esfuerzos de sensibilización en orientar el debate a partir de las conveniencias mutuas y al cumplimiento de derechos fundamentales y no en base al interés unilateral como hasta ahora.

La aparente soberanía en chile

Sin duda que en Chile el principio de soberanía territorial se aplica de manera muy laxa cuando de intereses económicos se trata. En cambio, no ocurre así cuando estados/pueblos vecinos someten a revisión límites o manifiestan sus interpretaciones territoriales. Numerosos son los ejemplos en que la cesión de soberanía no ha sido problema para la elite política chilena en los últimos años.

En el año 2006 el gobierno de Ricardo Lagos aprobó el proyecto minero transnacional Pascua Lama, el cual se encuentra en un área binacional de explotación minera delimitada en el Tratado Sobre Integración y Complementación Minera Chile y Argentina del año 2000. Una vez concesionada la explotación minera, el área afectada queda en administración de la empresa transnacional que se adjudicó la explotación. Generándose con esto, una especie de paraestado transnacional privado.

El año 2009 el Congreso Nacional, durante el gobierno de Michelle Bachelet, aprobó la reforma al estatuto jurídico de las concesiones de acuicultura para que estas pudieran pasar a ser propiedad de sus concesionarios: las empresas salmoneras. Esta ley consagró la privatización del mar austral, principalmente a empresas extranjeras. La concesión marítima pasó a ser considerado parte de los activos de las empresas salmoneras, las que pueden vender, comprar, transferir e hipotecar lo que hasta antes fue un bien de uso público. En el presente año se aprobaron 500 concesiones salmoneras y 2400 has. de explotación solo en la Provincia de Chiloe-Palena. El Centro Ecoceanos ha denunciado en numerosas ocasiones la precariedad laboral, el alto riesgo en mortalidad, las extensas jornadas y bajos salarios, el alto porcentaje de infracción a la escueta ley laboral y prácticas antisindicales de las empresas trasnacionales del salmón.

Emblemático es en la actualidad el caso de la hidroeléctrica Hidroaysen, propiedad de un consorcio italiano y español, contra el cual ha habido grandes movilizaciones ciudadanas en las últimas semanas. El proyecto en cuestión inundará 5.910 has. afectando el ecosistema e hipotecando el futuro económico sustentable de la región de Aysén. La aprobación se dio en medio de serias acusaciones por irregularidades y conflicto de intereses de las autoridades regionales con el proyecto.

Recientemente se aprobó en el Congreso Nacional de Chile el Convenio Upov 91 que según el periódico chileno El Quinto “significará la privatización de las semillas chilenas y el inicio de un proceso que convertirá a la transnacional Monsanto en la dueña de semillas, alimentos y agricultura; su agresiva política expansiva la ha llevado progresivamente a acercarse al objetivo de controlar la cadena alimenticia mundial, acabando con la soberanía alimenticia de las naciones.”. La empresa Monsanto es dueña del 90% de la semilla para producir alimentos en EE.UU. y en Chile posee una propiedad cercana a las 2.500 has de cultivos.

En materia de pesca artesanal, cada vez se reduce más la cuota de pesca para los pescadores artesanales y aumentan las restricciones para el ejercicio de la actividad. En cambio, para los buques pesqueros transnacionales la explotación aumenta y poseen las mayores facilidades para la explotación del recursos económico pesca.

En tal sentido, resulta paradójico que un país con 4.000 kilómetros de costa marítima y con un nivel aproximado de 3.5 millones de toneladas de embarque de alimentos marítimos, tan solo un 2.5% corresponde a consumo fresco. Eso se expresa en que el consumo per cápita asciende en Chile a tan solo 7 kilos anuales de pescados y alimentos del mar, muy por debajo de Perú el cual se monta por sobre los 22 kilos per cápita. En los dos quintiles más pobres de la población chilena la cifra de consumo es considerablemente menor al promedio nacional. Recién en el mes de mayo del 2011, el Congreso Nacional de Chile decidió legislar con el objeto de incentivar el consumo de pescados y mariscos.

En específico, la industria salmonera también da cuenta de la progresiva extranjerización del mar. Chile aporta el 36% del consumo global de salmón, no obstante, el consumo de esta especie en el país es muy reducido debido a su alto costo en el mercado interno, un kilo de salmón puede llegar a costar fácilmente los 9 US$. La mayoría del sector pesquero se encuentra en propiedad de empresas noruegas, canadienses, españolas, italianas y japonesas.

Durante el gobierno de Michelle Bachelet se aprobaron 35 proyectos termoeléctricos de empresas extranjeras en el borde costero, lo que dañara irreparablemente el ecosistema marino y las posibilidades de desarrollo de la pesca artesanal, hipotecando la vida y salud de diversas comunidades humanas costeras. Política de continuidad del actual gobierno de Piñera.

Así, la citada soberanía nacional resulta ser una soberanía fingida, que solo es utilizada como argumento para manipulaciones patrioteras y fomentar la negación de la necesaria integración pacífica y equitativa de nuestros pueblos y los potenciales beneficios que esto acarrearía.

Acuerdo de integración. La batalla de los pueblos para los pueblos.

“Tenemos que compartir nuestras riquezas, tenemos que compartir nuestros mares, tenemos que compartir la dignidad, en ese sentido, no es necesario seguir discutiendo que Bolivia tenga salida al mar” Con estas palabras el dirigente social chileno Alexis Parada, secretario general del Movimiento Pueblo Sin Techo y representante del Partido Igualdad se dirigió, en el acto del Día de la Recuperación Marítima, el pasado 29 de abril en La Paz a los 40.000 bolivianos asistentes. Lo expresado por Parada es muestra de la disposición de un sector de la ciudadanía y el pueblo chileno que se compromete activamente en la sensibilización para la integración y la solución marítima entre los pueblos de Bolivia y Chile. A eso se suma un sondeo de opinión realizado en marzo que arrojó un 64% de los chilenos y chilenas a favor de dar una salida al mar a Bolivia aunque sin soberanía. Resulta innegable el avance de una conciencia con la intención positiva de resolver el problema de la mediterraneidad boliviana. La sensibilización de apertura al diálogo cobra mayor relevancia en la zona norte de Chile, donde habita la población directamente involucrada.

Si bien el norte de Chile posee extensas costas, eso no significa que tenga alta cantidad de agua disponible. De hecho, la disponibilidad de agua en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta se caracteriza por la escasez del recurso, lo que limita el desarrollo humano y económico de la macro región. La actividad minera, agrícola e industrial, así como la salubridad pública se ven amenazadas por la carestía de agua. La especialista chilena Sara Larraín asegura que en el norte de Chile la disponibilidad de recursos hídricos es “menor a 500 metros cúbicos por habitante al año”. Según la Dirección General de Aguas, el agua está cerca del agotamiento en el norte chileno y los balances generales a nivel regional son negativos y los recursos calculados por los servicios públicos pertinentes son mucho menores que el total de derechos otorgados. En Chile si bien el agua figura en las leyes como bien de uso público pero en la práctica es un bien privado y ningún país ha ido tan lejos en su mercantilización. Todas las empresas sanitarias se encuentran en manos de pocos consorcios privados europeos generándose un oligopolio en el sector. Esto es posible ya que durante la dictadura militar de Augusto Pinochet se separó el agua del dominio de la tierra, lo que permitió la entrega gratuita por parte del estado a empresas privadas. Como ejemplo, tan solo tres empresas poseen el 90% de los derechos de agua para la generación eléctrica del país y en las regiones del norte casi el 100% de los derechos está en manos de transnacionales de la gran minería.

El proceso de privatización y transnacionalización del agua y de la empresa sanitaria tuvo como consecuencia que los servicios de agua potable en Chile sean los más costosos de América Latina, siendo el norte de Chile la zona de mayor costo. Sumando la mala calidad del agua para su consumo en esa región del país por su alto contenido de arsénico y plomo.

Se hace urgente, que en el proceso de negociación, a corto plazo se hagan valer las necesidades e intereses de los pueblos. Un diálogo que promueva una solución justa y equitativa para brindar las facilidades para el desarrollo humano y el buen vivir de las poblaciones de Bolivia y el norte de Chile. El intercambio territorial con soberanía, en el marco de un Tratado de Acuerdo para la Integración y Complementación Acuífera y Energética de los pueblos de Chile y Bolivia, en el que se destaque la participación activa de la ciudadanía, puede ser una salida sensata a impulsar por los movimientos sociales de los dos países. Remarcar los beneficios del diálogo y el entendimiento por abajo, contrarrestando el relato obstaculizante de la verdad histórica formulada por las elites políticas y económicas. Uno de los primeros puntos a colocar sobre la mesa debiera ser el aseguramiento económico social de la población y su involucramiento directo en la administración de los acuerdos y distribución de los beneficios. Tanto los pueblos de Chile y Bolivia deben conquistar en conjunto la soberanía popular sobre el mar y el agua, solo la movilización y coordinación conjunta puede hacer frente al leviatán neoliberal y sus disfraces progresistas.

¿Y Paraguay…?

El acceso a los recursos hídricos y al mar, bajo el enfoque del derecho fundamental universal de los pueblos, exige recordar que en América Latina existen dos países que carecen de soberanía a un puerto marítimo. A Bolivia se suma Paraguay que desde 1.617 carece de una salida marítima. Resulta imperativo que los movimientos sociales del continente, en especial los del Cono Sur, generen mecanismos de diálogo y entendimiento para resolver, en el marco de la complicidad de los pueblos, también la situación de Paraguay. Los pueblos de Brasil, Uruguay y Argentina debieran tomar la iniciativa en el cauce de la solidaridad regional. El derecho al mar debiera ser corolario de la creación política y heroica de los pueblos de nuestra América y de la lucha por la integración regional a favor de las mayorías.

En tanto en Chile, algo se ha echado andar. El dirigente social Alexis Parada, ha anunciado la preparación de las condiciones para la realización de un foro regional dirigido al mundo social y popular sobre el problema de la mediterraneidad en el Cono Sur: los casos de Bolivia y Paraguay. En Chile, la necesidad de una salida al mar para Bolivia ya no está en cuestión, la sociedad está abierta a esa posibilidad. Falta resolver el cómo, a este debate la voluntad de los pueblos debe sobrepasar la acción estatal nacional y no renunciar a tener una cita con la historia. Nuestra historia.

*     Luchador chileno

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