octubre 20, 2020

Indígenas, un alto en el camino

La construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos opone a indígenas y Gobierno en torno a una discusión donde no sólo se debate el futuro del megaproyecto y del TIPNIS, sino también la preservación del medio ambiente, el desarrollo económico del país y el derecho a la consulta de los mismos pueblos indígenas, quienes son, por el momento, el único obstáculo para el emprendimiento.

El proyecto caminero está pensado para reducir la distancia terrestre entre los departamentos de Cochabamba y Beni, y está financiado con dinero de Brasil, que a través de Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico e Social de Brasil (BNDES) desembolsó 332 millones de dólares. Su costo total será de 415 millones de dólares, 80% de los cuales estarán cubiertos por la cooperación brasilera y solamente 83 millones serán invertidos por Bolivia.

Se ha anunciado que esta construcción de más de 306 kilómetros generará 4.500 empleos de forma directa e indirecta. Pero lo más resaltable es que además de estrechar a Occidente y Oriente dentro de Bolivia, esta carretera también será parte de un corredor bioceánico que podrá ser utilizado por Perú, Chile, Argentina y Brasil; algo que, como puntualizó el presidente Evo Morales el año pasado, fortalecerá la integración latinoamericana.

El problema

Pero la construcción de este camino tiene entre sus obstáculos al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), cuyos habitantes se oponen a que el segundo tramo de la carretera lo atraviese y se provoque así desequilibrios ambientales que pongan en peligro a la flora y fauna silvestre del lugar, alterando al mismo tiempo las condiciones de vida de los pueblos indígenas del lugar.

El TIPNIS es el hogar de tres grupos étnicos: yuracarés, moxeños y chimanes, que juntos comprenden más de 11 mil habitantes. Son ellos quienes rechazan la construcción de una carretera por su territorio, expresándose a través de organizaciones como la Subcentral del TIPNIS, la Subcentral Indígena Sécure, la Central Indígena Sécure, la Central de Pueblos Indígenas de Beni (CPIBC), la Central de Mujeres Indígenas de Beni (CMIB) y la Central de Pueblo Étnicos Mojeños de Beni (CPEM-B).

Durante las últimas dos semanas estas organizaciones han demandado la paralización de las obras como condición para dialogar, dado que sin su consentimiento el segundo tramo de la carretera no puede realizarse.

La carretera está compuesta por tres tramos: el tramo 1 que va desde Villa Tunari hasta Isinuta (47 kilómetros), el tramo 2 de Isinuta a Monte Grande (117 kilómetros), y el tramo 3 que parte desde Monte Grande hasta San Ignacio de Moxos.( 82 kilómetros). Esto quiere decir que el tramo más largo es aquel que debe pasar por el TIPNIS.

El derecho a la consulta

Su otra demanda es precisamente el respeto del derecho a la consulta reconocido por el Estado boliviano. De acuerdo al artículo 352 de la Constitución Política del Estado, la explotación de recursos naturales y la construcción de infraestructura en territorios indígenas debe respetar un proceso de consulta libre, previa e informada a los dueños del territorio, en este caso los pueblos indígenas yuracarés, moxeños y chimanes.

A pesar de que varios activistas ambientales han acusado al gobierno de Morales de no respetar este derecho a la consulta, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Walter Delgadillo, aclaró la última semana que el discutido segundo tramo no está todavía definido y que se realizarán las consultas correspondientes desde el lunes 13 de junio. Lo mismo sostuvo el presidente Morales el último 3 de junio, cuando afirmo que el tramo 2 estaba en la etapa de consulta pública, insistiendo en la importancia del proyecto y pidiendo el apoyo de los pueblos indígenas.

No obstante, los pobladores del TIPNIS señalaron que ellos ya sabían que el segundo tramo no tenía recorrido definitivo y que por ello presentaron una propuesta de un recorrido alternativo que ya no pasaría justamente por el medio de su reserva natural sino a la altura del Sindicato Castillo, que se encuentra en Villa Tunari, Cochabamba.

En declaraciones a Erbol, el subalcalde del TIPNIS, Pedro Taamo, informó que esta propuesta ya era conocida por las autoridades gubernamentales pero que aún así no fue tomada en cuenta. De todos modos, el ministro Delgadillo volvió a insistir en que se negociará con los indígenas la construcción de este segundo tramo, aun que en sus declaraciones no se entendió la disponibilidad por parte del Gobierno a ya no pasar por el TIPNIS.

“Lo que les hemos dicho es que estamos dispuestos a la posibilidad de elaborar un trazo que corresponda a un equilibrio entre las comunidades, la naturaleza y este camino para llevar el desarrollo (…) Se quedó en que iban a reunirse y darnos señales para discutir la temática. Para nosotros, primero, hay necesidad de cumplir la norma, y lo haremos. El trazo del tramo dos lo haremos coordinando con ellos, consensuando, discutiendo como dice la Ley”, le dijo a Erbol.

Los intentos por lograr el beneplácito de los indígenas también fueron realizados por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que admitió que la empresa encargada de la construcción no había realizado todavía un estudio que establezca la factibilidad técnica, económica y ambiental del proyecto.

La última palabra aún no está dicha, pues el proceso de consulta aún no ha finalizado, ni tampoco el proceso de negociación anunciado por el Gobierno.

Otros peligros para el TIPNIS

Pero la carretera no es el único peligro que los habitantes indígenas del TIPNIS perciben para su habitad. Desde hace años que denuncian el ingreso y apropiación ilegal de tierras dentro de su reserva por parte de colonizadores campesinos que plantan hoja de coca, además de sospechar que detrás de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos el Gobierno esconde un interés por las riquezas hidrocarburíferas que yacen bajo su suelo.

Las reservas que tienen los indígenas respecto a los cocaleros no son gratuitas. Desde 1990 se permitió que colonizadores de aquel sector campesino habiten una parte delimitada del TIPNIS, sin poder ir más allá de ella. Los límites de esa parte, el polígono siete, fueron, sin embargo, sobrepasados desde principios de ese siglo, algo que el presidente del TIPNIS, Adolfo Moye, señaló a la red Erbol.

De hecho, los colonizadores cocaleros también se han pronunciado respecto a la construcción de la carretera, aprobando el proyecto y minimizando la negativa de los pueblos indígenas de la región. “El camino es desarrollo para todo el pueblos boliviano. Hay acuerdo”, sentenció esta última semana el dirigente cocalero Martín Leva, quién además señaló que la construcción en realidad pasa por la periferia del parque y no por el medio. No obstante, los sectores indígenas que amenazan con movilizarse para hacer indican que la carretera pasaría justamente por el medio de la reserva natural.

Solo una pregunta

La ABC ha reiterado que no ha violado el derecho a la consulta de los pueblos indígenas puesto que aún no existe un trazo definitivo para el segundo tramo de la carretera. No obstante, al finalizar esta semana a las organizaciones indígenas del Beni y del TIPNIS se han añadido la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), cuyos representantes anunciaron que se unirían a las medidas de presión para hacer respetar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas de la reserva natural, quienes son por el momento el único alto en el camino.

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