octubre 26, 2020

La Cumbre Nacional por el Agua y el Saneamiento Básico

por: Pilar Uriona Crespo *

El 24, 25 y 26 de junio pasados se realizó en Cochabamba, gracias a la iniciativa de ASICASUDD-EPSAS y con el apoyo del Centro di Volontariato Internazionale (CEVI), de la Associazione de Cooperazione Rurale in África e América Latina (ACRA), la Fundación Abril, el Centro Vicente Cañas, Agua Sustentable y la Red Vida, la Cumbre por el Agua y el Saneamiento Básico que tuvo lugar como escenario las instalaciones de la Casa Campestre.

En esta ocasión, y luego e efectuar una serie de talleres preparatorios para la Cumbre —entre el 20 de mayo y el 7 de julio— se definieron como aspectos prioritarios a abordar los principios que debe incluir la ley de agua potable y saneamiento básico, el análisis de los acuerdos públicos comunitarios como nueva forma de cooperación horizontal y solidaria viendo sus posibilidades de institucionalización, conocer cómo funcionan las políticas de inversión en agua y saneamiento de la cooperación internacional y del Estado Plurinacional de Bolivia, cuáles son las prioridades de inversión y condiciones de financiamiento, analizar las implicancias del cambio climático, su complejidad, las percepciones sociales sobre dicho cambio en los ciclos del agua y los procesos de negociaciones internacionales que giran alrededor de este tema.

Diálogos y arte: estrategias para despertar

La inauguración de la Cumbre en la Plaza 14 de Septiembre, donde se dieron cita muchos de los comités de agua e instituciones para mostrar su compromiso con el tema, incluyó la participación de conjuntos de teatro y música que desde la representación artística buscaron crear conciencia sobre la problemática.

Posteriormente, en los dos días sucesivos, se procedió a realizar un intenso trabajo que combinó la exposición en paneles de los temas agendados y el trabajo en mesas de discusión. Lo importante a resaltar en esta dinámica es que en ella se combinaron la investigación, la experiencia laboral de instituciones de la sociedad civil y de organizaciones sociales que cotidianamente inventan, se preguntan e imaginan cómo se puede seguir contribuyendo a colocar como asunto público prioritario y vital el cuidado, el acceso y el uso del agua y difundir con ello en los imaginarios una concepción que defina al agua como bien común y como derecho, pero también como recurso escaso.

De igual forma, se contó además con la explicación estatal que buscaba dibujar cómo se encara desde el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y desde el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico la formulación de una ley que regule la materia. Si bien a la Cumbre no asistieron las autoridades máximas de cada una de estas instancias, cosa que, de haberse dado, habría permitido estipular compromisos específicos que, al menos, posibiliten la delimitación de una serie de primeras acciones conjuntas y de alianza con la sociedad civil, el hecho de que se haya contado con representantes de las mismas para que informen sobre las acciones emprendidas, sus limitantes, obstáculos y la visión que tienen sobre el tema es un paso positivo.

Considerando la trascendencia de los argumentos expuestos en la Cumbre, en esta nota pretendo dar a conocer lo esencial de cada uno, analizando a la vez cómo los contenidos discutidos permiten pensar que los intercambios sobre acciones ensayadas, buenas y malas prácticas y sobre los avances y retrocesos con los que se tropieza en esta vía son a la vez un espacio concreto de construcción de interculturalidad, entendida ésta última como práctica política, cultural y cognitiva orientada a recuperar y obtener conocimientos que, en la línea de lo que señala León Olivé 1, además de emplearse y ser apropiados para entender y resolver problemas vitales, permitan sobre todo impulsar la generación creativa de los conocimientos útiles para ello.

A 11 años de la guerra del agua: seguir caminando

La guerra del agua no puede verse meramente como un acontecimiento histórico emblemático, congelado en un tiempo de sacudidas sociales, sino como un proyecto de construcción de sentidos y de prácticas en el que se suceden discursos que se posicionan, van mejorándose, enriqueciendo, aterrizando y buscando modos para realizarse en lo concreto.

La guerra del agua ha sido y es por tanto más que el recuerdo de un conglomerado de luchas que, en un momento inicial, para manifestarse con fuerza contundente y posicionarse en lo político recurrió a la auto-referencia. Con ella, los protagonistas involucrados podían narrar sus propias vivencias respecto a lo que implicaba en su propia vida privatizar el agua y mercantilizarla, logrando con ese compartir de percepciones congregar a otros y otras con sentires similares.

Pasar de la auto-referencia a la referencia ha exigido en primera instancia recuperar recuerdos y saberes y no perder de vista las lógicas que aglutinaron las movilizaciones. Escarbar en la memoria para revivir esos sucesos requiere recurrir a analogías para aprender de la experiencia: si fue una ley, la 2029, la que validó el contrato de privatización con Aguas del Tunari es central ahora seguir de cerca los procesos de reelaboración de los nuevos marcos normativos que regulan el manejo del agua para que estos recojan y reflejen la cultura organizativa de los regantes y los comités de agua. Éstos han aprendido que el capitalismo se reproduce asumiendo nuevos rostros, que la lógica de acumulación se desentiende siempre de lo fundamental que es conservar la vida y respetar la tierra que nos contiene.

Las historias se repiten y la Guerra del Agua ha inspirado por ello la elaboración de libros, artículos, ensayos y, finalmente, de un film, También la lluvia, de la directora Icíar Bollaín, cuya trama se entreteje recordando discriminaciones pasadas, atentados contra la dignidad humana y figuras que la denuncian, para terminar abordando el relato de los sucesos de Cochabamba como un reflejo más de que dicha dignidad no está aún del todo a salvo, pero que aún hay voces dispuestas a alzarse y retumbar para que no se la melle impunemente.

El agua: ¿prioridad en la inversión pública?

Adelantando datos del trabajo emprendido junto a Carlos Crespo, Susan Spronk, investigadora de la Universidad de Ottawa (Canadá), presentó en la mesa dedicada a analizar las políticas de cooperación internacional en agua y saneamiento un conjunto de datos e interpretaciones preocupantes.

De acuerdo con un documento obtenido por ella, el mismo que fue presentado en Estados Unidos para solicitar financiamiento desde instancias oficiales del gobierno de Bolivia en el mismo momento en que se realizaba la Primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra, la inversión pública destinada a la dotación de agua alcanza tan sólo un 1,2%.

Comparar esta cifra con aquellas previstas para la explotación en los campos de la minería (22%), los hidrocarburos (21%) y la generación de energía eléctrica (20,1%) apabulla y empuja a que coincidamos con Spronk cuando señala que, en el campo económico, el gobierno privilegia como objetivo la promoción de un gran salto industrial enarbolando una visión de desarrollo netamente extractivista.

Tomando en cuenta lo anterior, vienen a la cabeza un conjunto de preguntas que buscan indagar de dónde se obtienen los recursos para promover esa visión de desarrollo, a lo cual Spronk responde nuevamente esgrimiendo datos numéricos e información precisa que muestra que el 33% de la inversión en el ámbito de explotación de recursos proviene de la cooperación externa, lo cual nos dibuja nuevamente como un país dependiente, a pesar de que nuestro horizonte emancipatorio se nutra de la idea de la descolonización.

Ante este panorama, Carlos Crespo y Susan Spronk proponen como ruta crítica para captar la atención en el tema el posicionamiento social y político de la idea de que trabajar en el tema del agua es una inversión productiva y que en la lógica de la implementación de las autonomías es básico no sólo descentralizar y trasferir recursos, sino también competencias para así permitir que desde lo local, desde lo municipal y desde lo departamental se establezcan proyectos de uso y gestión del agua que reflejen lo que sabe, vive y quiere la propia gente.

Saberes y prácticas acumulados

Continuando en la línea propositiva, luego de rememorar la historia de las disputas de sentidos, que terminan conceptualizando el agua como un elemento de vida y un bien común cuyo cuidado exige corresponsabilidad pública y comunitaria, ASICASUDD-EPSAS coincide con Spronk cuando manifiesta que es fundamental insistir en la transferencia de competencias, pues hacerlo facilitará la cogestión como práctica de administración conjunta en base a las buenas prácticas recogidas para la resolución de problemas de cuidado y abastecimiento desde los 90 sistemas de agua afiliados a esta organización social.

Así, la definición de políticas referidas al agua y al saneamiento básico no sólo requerirá modificar las referidas a la inversión para volver directa esta última y colocarla al servicio de las entidades beneficiarias. También supondrá abrir espacios de diálogo ciudadano, habilitar un Consejo del Agua con la participación de los comités, donde se definan los lineamientos de dichas políticas, teniendo como principio orientador la idea de que el primer uso del agua es para el consumo humano.

Finalmente, ASICASUDD-EPSAS propone como medida urgente, ahora que se analiza la construcción de una Ley Marco sobre agua y saneamiento básico, fomentar un encuentro de las asociaciones y de los prestadores de servicios para que esta ley y sus reglamentos considere los planteamientos propuestos por las 374 instituciones de la sociedad civil que trabajan en el tema.

Respuestas estatales y de las ONGs

En su intervención, el representante del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico resaltó como un avance el hecho de que exista desde 2009 un Plan Sectorial de Desarrollo que dará los lineamientos institucionales hasta el 2015. En el mismo, se han adoptado como enfoques la equidad y la interculturalidad y como estrategias de acción la adopción de medidas de ahorro del agua (p.e. uso de artefactos sanitarios de bajo consumo) y de un programa de incentivos que implique ofrecer a los proveedores del servicio y a los usuarios menores costos de inversión y tarifas más bajas, siempre y cuando los mismos se comprometan a hacer un uso ecológico y sostenible del agua.

Sin embargo, la propuesta gubernamental aún está lejos de pensar nuevas modalidades de asociatividad intercultural para la gestión común del recurso y de superar la excesiva carga procedimental que implica apoyar un proyecto de dotación y manejo del agua, pues como lo señalaba el representante del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, acceder a los fondos canalizados desde el gobierno para apoyar iniciativas sociales de gestión hídrica supone presentar un proyecto, el cual muchas veces adolece de fallas y carencias que los funcionarios del Ministerio deben reparar para que se lo apruebe y cumpla con las exigencias establecidas para viabilizarlo.

Asimismo, desde el punto de vista de ONGs que creen en el apoyo a un desarrollo sin condicionamientos y que recuperan el sentido solidario de la palabra “cooperación”, se propone el rescate y difusión de procesos de diálogo democráticos y ampliamente participativos como los que se vivenciaron en la Cumbre, que contemplen la necesidad de intercambiar visiones sobre: i) las modalidades de resolución comunitaria de conflictos en torno al uso del agua escuchando a ambas partes; ii) los mecanismos de asunción de compromisos y responsabilidades mutuas; iii) la definición conjunta de políticas públicas; iv) el respeto a usos y costumbres así como el rescate de saberes ancestrales descalificados en el pasado por no ser considerados científicos, pero cuya eficiencia ha sido comprobada y validada porque respetan la ecología; v) lo que supone conocer el ciclo del agua como un todo complejo; vi) y lo que implica una gestión comunitaria sin caer en la exaltación de la misma como solución única y perfecta.

En esta perspectiva, la interculturalidad involucra la recuperación, la presentación y el intercambio de experiencias positivas y negativas, en un balance para recrear las primeras y comprender por qué se dieron las segundas.

La experiencia de Obras Sanitarias del Estado (OSE): ejerciendo la interculturalidad

Si bien en el marco de la Cumbre se han sostenido interesantes debates sobre otros temas como los relacionados con el cambio climático, la crisis del agua y los contenidos que sí o sí deben incluirse en la ley sectorial de agua potable que se está elaborando, quiero concluir este artículo haciendo referencia a la experiencia compartida por Adriana Marquisio, representante de la Federación de los Funcionarios de OSE en Uruguay, pues la misma demuestra que es posible aprender la cogestión y aplicarla, como se ha hecho en este país vecino cuyo legado histórico no incluye la gestión comunitaria.

Desde su vivencia, Marquisio insiste en que es necesario redefinir el concepto de lo público incluyendo en ese campo no sólo lo estatal sino también las iniciativas sociales orientadas a la consecución del bien común. En esa lógica, aplicar la cogestión supone posicionar el acceso al agua como un derecho humano haciendo de la universalización de su dotación una obligación gubernamental, sin perder la escala en el análisis de las problemáticas. Así, si bien puede considerarse un éxito rotundo el hecho de que a la fecha Uruguay cuente con un 98% de población que goza del abastecimiento de agua, la agenda pública no debe dejar de lado la resolución de la problemática de falta de acceso a este recurso que vive ese 2% restante ubicado en la zona rural, y que la convierte en población vulnerable a enfermedades, obligándola a adoptar una calidad de vida inaceptable que trae consigo la extrema pobreza.

Así, la idea que no se debe perder de vista si hablamos de solidaridad y justicia social es que, en términos de escala, para ese 2% carente no tener agua representa el 100% de sus problemas. Por tanto, hablar de cogestión implica considerar que cada persona y cada colectivo social tienen necesidades definidas y que es preciso idear diferentes soluciones evitando la estandarización de políticas que pretendan convertirse en la cura aplicable a todas las enfermedades.

En sus sucesivas visitas a Bolivia, donde ha seguido de cerca las acciones de los comités de agua, Marquisio ha abordado la interculturalidad como un aprendizaje continuo, buscando comprender las prácticas de las culturas andinas sobre ecología para aplicarlas en su país, recatando la idea de la autogestión. Si bien la misma puede ser un proyecto no rentable desde el punto de vista económico, desde lo socio-político es absolutamente vital, pues se ha transformado en el referente que recuerda que las acciones políticas son legítimas y pesan en la medida en que contribuyen a auto-proporcionarse la sobrevivencia y la autonomía, asignando valor a la palabra empeñada como principio del buen vivir y como herramienta de lucha para garantizar no sólo los derechos humanos, sino también los de la Madre Tierra.

*     Escritora e investigadora.

1    León Olivé, Por una auténtica interculturalidad basada en el reconocimiento de la pluralidad epistemológica. En: Pluralismo epistemológico. Luis Tapia Mealla (Coordinador). CIDES-UMSA. La Paz, 2009. Pgs. 19-31.

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