octubre 25, 2020

Defender el derecho a la paz, la justicia y el consuelo

por: Pablo Uc *

La cobertura de los medios de comunicación en México no sólo es insuficiente por el sesgo y la cooptación creciente del duopolio televisivo que existe en este país, sino también por la nefasta conducción de las normativas del Estado para la regulación sobre las telecomunicaciones y el derecho a la información.

 

Consolar es estar con la soledad del otro. Ir a su encuentro para abrazarla y acogerla.

Para decirle -como coreaban muchísimos cuando llegamos a la Ciudad de México-:

“No estás solo”. “No estamos solos”. “Tu dolor es el nuestro”.

Javier Sicilia

Se legisla para Televisa y Tv-Azteca, y se des-comunica para coadyuvar a la conservación autoritaria del ‘Estado policiaco-militar’ mexicano, mientras se suspende, temporalmente, la ciega desregulación al monopolio político-informativo de la compañía Telmex, que llevó a la concentración de poder y de riqueza más escandalosa y canalla que se conozca en la historia socio-económica mexicana en la figura del magnate Carlos Slim, marginando con ello la verdadera democratización de los medios y la información.

A merced de la violencia: cronómetro y geografías

Además de estas degradantes condiciones, la cobertura de la realidad social es insuficiente porque el cronómetro y la geografía de la violencia, la corrupción y la impunidad, rebasan el cronómetro y el mapa diurno y nocturno de un México en guerra; un México hundido en preocupantes condiciones de ‘excepción’. La suspensión de las garantías individuales se extienden a la par de la prohibición del reclamo fundamental de derechos de ciudadanía; del norte al occidente y sureste del país, el derecho a un tránsito libre de toda expresión de crimen organizado, pero también de impunes estructuras policíacas y de unas mancilladas fuerzas armadas, tiende a desvanecerse. En este sentido, la naturalización de la muerte en el país, hace de los 40 mil muertos, 30,000 huérfanos y más de 10 mil desparecidosdurante la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón entre 2006 y 2007, una cifra “necesaria y colateral” que responde a un fin último: el sostenimiento de un régimen político ilegítimo y el uso del dolor y la vida en México para compensar el déficit de la averiada economía de guerra estadounidense.

Por el acceso al consuelo

El derecho al duelo, al reclamo de justicia y al consuelo, enfrentan un espacio de suspensión creciente ante la desinformación y el congelamiento (y secuestro) político de los sectores vitales en la evaluación de un proyecto de país -universidades, organizaciones civiles, sindicatos, medios de comunicación, etc. Pero en los pliegues de estas sombras, las últimas acciones de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad -después bautizada como Caravana del consuelo-, y las crecientes formas de repudio y de desobediencia pacífica civil al autoritarismo de la violencia, nos dan un margen esperanzador para reclamar nuestro derecho a informarnos y a demandar el derecho a vivir.

Tras recorrer más de tres mil kilómetros desde el centro de México hasta la ciudad más violenta del país, Cd. Juárez, la caravana encabezada por el poeta Javier Sicilia logró la convergencia de miles de víctimas que habían sido replegadas por la intimidación y la paradójica amenaza que implica el acudir a las instancias de justicia, crecientemente infiltradas por el crimen organizado y la ineficiencia estructural del sistema político.

Más allá de la divergencia interna sobre el rumbo y el discurso que deberá tomar este movimiento civil pacífico frente a la coyuntura político-electoral del país (2012), y el matiz ideológico de sus consignas, se ha logrado rearticular la demanda creciente de la desmilitarización del país y el replanteamiento de una estrategia de guerra fallida. El pasado 23 de junio, la comitiva resultante de la caravana obligó a que el Poder Ejecutivo Federal, encabezado por Felipe Calderón, se reuniera con los representantes de las víctimas que aceleradamente se visibilizan con demandas específicas. A saber:

  • Primero: Exigir a las autoridades verdad y justicia para esclarecer y resolver los asesinatos, desapariciones, secuestros, fosas clandestinas, la trata de personas y el conjunto de delitos que han agraviado a la sociedad.
  • Segundo: Poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana, no militarizada.
  • Tercero: Combatir la corrupción y la impunidad.
  • Cuarto: Combatir la raíz económica y las ganancias del crimen organizado

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  • Quinto: Brindar una atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas para la recuperación del tejido social.
  • Sexto: Buscar la creación de democracia participativa, mejor democracia representativa y democratización en los medios de comunicación.

Es clara la compleja tarea que implica el desmontaje de la maquinaria de guerra del Estado mexicano, que no sólo ha articulado a la coyuntural guerra abierta contra los cárteles de droga mexicanos con el álgido mercado de drogas estadounidense y su expansiva industria de armamento. Sino que además, ha representado la única fuente legitimidad de la administración de Calderón, desde que éste asumió el poder el año 2006, ante la falta de transparencia en su “triunfo” por la presidencia en las urnas electorales. No obstante, la creciente articulación de múltiples frentes que constituyen el rostro de una ciudadanía que había sido anulada como actor con capacidad de opinión, evaluación y decisión en la definición de la seguridad nacional, cuenta hoy con un referente de articulación social que lucha por hacer germinar un tejido de vida, al que podemos escuchar y desde el que podemos gritar contra la soledad que han -y quizás hemos- sufrido las miles de víctimas invisibilizadas durante tantos años de violencia injustificada.

*Investigador y periodista mexicano

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