octubre 25, 2020

Lo que puso en juego las elecciones de autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional

El pasado domingo 16 de octubre se eligieron, por primera vez, a las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. A la fecha en la que se escribe este breve texto aún no se tienen datos oficiales, pero el evento ha sido llevado a cabo y se pueden tener algunas impresiones sobre el mismo. Reflexionemos sobre tres escenarios (entre otros) que abre esta elección de autoridades:

El primer escenario

Debe partirse afirmando que las autoridades ya han sido elegidas, y que pese a que se pueda esbozar muchos criterios respecto a la interpretación que se den a los votos (nulos, blancos y válidos) legalmente tenemos autoridades elegidas, y esto no es el final del asunto, es decir no es un cierre, sino una apertura que trae consigo la necesidad de analizar lo que se pone en juego en el ámbito de la administración de justicia.

Las autoridades elegidas pertenecen a lo más alto de la estructura judicial, es decir se eligieron a las más altas autoridades, no a los jueces más cercanos a la población. En este sentido es necesario seguir mirando a la justicia, es necesario que los problemas de la Justicia no se agoten en su tratamiento en la sola elección de magistrados y consejeros.

Tenemos una alarmante carga procesal que deberá ser resuelta por los magistrados suplentes, en tanto los magistrados titulares esperarán las nuevas causas que pronto empezarán a crecer. El Consejo de la Magistratura tiene uno de los retos más grandes: renovar las demás autoridades: vocales y jueces de los tribunales departamentales, que también traen consigo una pesada y atrasada carga procesal, además de contra con una antigua y colonial estructura y organización de la Administración de Justicia. Y el Tribunal Constitucional Plurinacional tendrá el gran reto de evitar la de-constitucionalización de nuestra Constitución y de nuestra política constitucional, pues tendrá que atender las demandas de inconstitucionalidad de muchas leyes.

Este primer escenario no sólo convoca a las autoridades del Órgano Judicial sino a los legisladores, que tendrían un momento histórico de reformar la Justicia (reemplazar las leyes declaradas inconstitucionales), pues la sola elección de magistrados no solucionan los problemas estructurales de la justicia. Se debe reparar que el Tribunal Supremo de Justicia tiene entre sus atribuciones preparar proyectos de leyes judiciales y presentarlas a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El segundo escenario

Repensar la manera en la cual la Constitución Política del Estado establece la elección de Magistrados y Consejeros del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional.

Veamos, si el parágrafo II del artículo 411 de la Constitución Política del Estado señala que se puede promover la reforma de la Constitución a través de la iniciativa legislativa ciudadana con la firma de al menos el 20% del electorado, se extraña que los partidos políticos que promovieron el voto nulo (o el voto blanco), o los analistas más críticos a esta elección, no hubieran presentado otra opción, como podría haber sido una reforma constitucional a través de mencionada iniciativa legislativa ciudadana.

Tal vez era más sencillo proponer la negación 1 que plantear una propuesta, en la que sin restar derechos a la población (el artículo 26 establece el derecho ciudadano de participar en la formación de los órganos de poder), permita una elección de magistrados con una mayor participación, tal como se discutía en la Comisión de Justicia de la Asamblea Constituyente.

Si bien bajo el principio de preclusión la elección ya fue llevada a cabo y en consecuencia ya tenemos autoridades electas, es la posibilidad de pensar en mejorar lo establecido en la Constitución y a la vez ingresar a plantear reformas a la organización y administración de justicia, pues, como se señaló anteriormente, los problemas en la administración de justicia no se resuelven ni con la mejor y más soñada elección de Magistrados, sino atendiendo a los problemas estructurales (cargas procesales, exceso de juicios voluntarios que podrían encontrar un mecanismo administrativo, etc.), lo cual supone un reforma a la misma Administración de Justicia, y no sólo a cómo se le tomó y/o se le deberá tomar el examen a los candidatos.

Un tercer escenario

Leer la complejidad de los mensajes políticos que presenta el voto nulo y el voto blanco, que excede al desacuerdo de la población con la gestión de gobierno y devela la manera en la cual el gobierno viene descuidando su relación con la población, con las organizaciones sociales, con los pueblos indígenas (con la pluralidad co constitutiva de lo indígena), y a la vez deja espacios a actores que estrenan posturas que nunca antes tuvieron.

Este tercer escenario es complejo en tanto no puede pensarse marchas como las del TIPNIS sin lo sucedido en el país los últimos seis años, no puede pensarse en territorios indígenas y libre determinación de los pueblos indígenas sin la Constitución Política del Estado aprobada el 2009, por ello una interpretación (dentro de otras) sobre el voto nulo y blanco puede referirse a una falta de coincidencia, de coherencia de las acciones del gobierno con las transformaciones sociales y políticas que se desarrollaron estos últimos años.

El filósofo francés Jacques Derrida, parafraseando a Shakespeare y a Marx decía the time is out of join, es decir el tiempo está disyunto, el tiempo está fuera de quicio.

Priorizar nuestra mirada

De estos tres escenarios, el primero es el que se ha puesto en juego desde el proceso constituyente y que consideramos el escenario más importante. La razón de incluir elecciones de las más altas autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional en las transformaciones constitucionales del Estado, tenía como fondo de preocupación una Justicia mejor, una Justicia más cercana a la población, una Justicia no corrupta, no burocrática, una Justicia rápida y a la vez confiable, cálida, cercana (aunque sea repetitivo decirlo). Y esto parecía que se podía empezar a discutir si la población visibiliza a la Justicia como posibilidad de escenario de debate político.

Lo que es preocupante es la posibilidad de que el debate se quede en el cómo se eligió a las autoridades, en si las elecciones son legítimas o no, es decir en llorar sobre la leche derramada, y no se continúe el debate en busca de lograr reformas a la pesada, antigua y colonial estructura de administración de justicia, que es mucho más importante que si el voto blanco y/o el nulo apoya a un partido, refleja a una población o a otra, etc.

Debemos priorizar nuestra mirada, ver el bosque y no sólo los árboles.

1          La elección nunca puso en juego su legalidad. En virtud del principio de preclusión, establecido en la Ley del régimen electoral, la elección realizada no puede ser cuestionada en su legalidad una vez producido el acto electoral.

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