octubre 26, 2020

La libertad económica y el Estado

En los “felices noventa”, para usar la radiante expresión de Joseph Stiglitz, una idea que el neoliberalismo intentó sembrar en Latinoamérica fue la oposición existente entre libertad económica y Estado. Se decía que la intervención estatal era por “naturaleza” nociva y que lo único que conseguía era entorpecer el desarrollo de la empresa privada, generar desempleo y extender la pobreza.

Tal forma de ver las cosas tuvo un fuerte impulso tras la caída del “muro de Berlín” acaecida en 1989. Así, los neoliberales proclamaron que el viejo debate entre capitalismo y socialismo ya no tenía razón de ser.

Se planteaba que tras la caída del “socialismo real” el único sistema económico de la modernidad era la economía de mercado, y que lo que diferencia actualmente a las economías del mundo está en el grado de intervención del Estado, que da lugar a tres formas de economía de mercado: la libre, que se caracteriza por poca injerencia del Gobierno; medio libre, que se caracteriza por intervención estatal media y poco libre, cuyo distintivo es una alta intervención estatal.

Así proclamaron un nuevo credo en el que ya no cabían opciones de cambio del modo de producción capitalista. Todos debíamos resignarnos a vivir bajo las reglas de la economía de mercado.

Este es el génesis del “índice de la libertad económica” elaborado por la Fundación Heritage y el Wall Street Journal. Los resultados de dicha evaluación fueron presentados en Bolivia por el semanario “Santa Cruz Económico” en su edición de octubre de 2011. Dicho índice, en el fondo, mide cuan neoliberal es un país. Así por ejemplo Hong Kong es el país que ocupa el primer lugar en este curioso índice.

El índice valora el grado en que la acción política y las instituciones apoyan la libertad económica en los países. Con este propósito cuantifican, separadamente, el grado de libertad comercial al interior del país y su apertura al exterior; estudian la presión tributaria y el peso del gasto público; la estabilidad de precios; la libertad en cuanto al flujo de inversiones al interior del país como hacia el exterior; la eficiencia bancaria y su autonomía del gobierno; el respeto a los derechos de propiedad y a la acumulación de la misma; el grado de corrupción y el grado de flexibilidad del mercado del trabajo. Sobre la base de estos indicadores parciales obtiene uno general por país que mide el grado de libertad económica.

Nótese que en la forma de evaluar a las economías está ausente cualquier criterio social. De hecho más bien se aplaude la “flexibilización laboral” que permite la liquidación de conquistas sociales y la posibilidad de despedir a los trabajadores en cualquier momento. Asimismo, pone un alto énfasis en la defensa de los “derechos de propiedad”, es decir se valora que los países no efectúen nacionalizaciones, por más que las transnacionales se encuentren saqueando los recursos naturales.

Se valora que no exista una alta presión tributaria, o sea que no se cobren impuestos altos a las ganancias de los empresarios, por ende se valora que el gasto estatal se encuentre restringido. La razón es simple, si un Estado baja su gasto social requiere menos impuestos, lo que hace que el “clima de negocios” mejore garantizando una alta tasa de ganancia para las transnacionales.

También se valora la “eficiencia bancaria y la autonomía respecto a los gobiernos” que implica la libertad de movimiento del capital, la libre repatriación de utilidades, el mantenimiento del secreto bancario, en fin, se mide las condiciones en que los gobiernos someten a sus sistemas bancarios a la dictadura del capital financiero.

En el informe de 2011 (que puede encontrarse en http://www.freetheworld.com) Bolivia se ubica en el puesto 99 de 141 países. El documento caracteriza a la economía como “medio libre”. Lo cual no ha impedido que Gary Rodríguez, Gerente General del IBCE, califique al Estado plurinacional como “poco libre”.

Rodríguez cuestiona las “políticas públicas restrictivas a las exportaciones y la inseguridad jurídica para la tierra e inversiones agrícolas”, asimismo no ve con buenos ojos la intervención estatal que tendría un papel negativo en la “capacidad de desarrollarse” del sector privado. Puntualiza que “cuando no hay libertad económica en un país, el mismo está condenado a experimentar un sufrimiento económico”.

Para analizar dichos criterios es importante comenzar indicando que la “libertad económica” no puede restringirse únicamente a la libertad de la empresa privada. Por dicha libertad debe entenderse la posibilidad de que todos los agentes económicos cuenten con las oportunidades de desarrollarse en la medida de sus capacidades, y esto solo puede lograrse con la presencia de un Estado fuerte y con una alta capacidad de regulación.

No seguir este camino más bien es lo que lleva al subdesarrollo. En el apogeo del neoliberalismo no se asistió a un crecimiento del sector privado. De hecho, en los años noventa los beneficiados fueron los empresarios transnacionales, el crecimiento del sector privado fue prácticamente nulo. Restringir la intervención del Estado hizo que la inversión pública caiga drásticamente, esto junto al escaso papel de la inversión privada hizo que la tasa de crecimiento del PIB sea inferior a 3% tras la finalización de la época dorada de la capitalización.

Esta errada forma de ver las cosas también hizo que la demanda interna sucumba. Al mantener restringidos los derechos laborales y reducir los incrementos salariales al mínimo la capacidad de consumo interno se redujo, el resultado fue que cuando cayó la demanda externa (1997 a 2002) la economía se derrumbó. Todo esto tras seguir rigurosamente la receta neoliberal.

En 2011, la economía boliviana continua en el tránsito al “Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo” la cuál se caracteriza (como señala la Revista “Economía Plural” de septiembre de 2011 publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) por una alta intervención estatal en sectores estratégicos generadores de excedentes (como hidrocarburos y minería) y la promoción y fortalecimiento de sectores generadores de ingresos y empleo (como la industria manufacturera y el desarrollo agropecuario).

En tal sentido no se establece un único motor de desarrollo, pues se combina la economía privada, la social cooperativa, la comunitaria bajo el liderazgo estatal. Lo cual no debe ser entendido como una subordinación al Estado. En todo caso se promueve el desarrollo de cada una de estas formas de hacer economía. Lo que busca la intervención estatal es el desarrollo armónico que permita un alto crecimiento del PIB junto a una adecuada distribución del ingreso.

La Constitución Política del Estado es una de las mejores muestras de este sentido “plural” de la economía pues la norma suprema se caracteriza por un alto contenido “garantista” que incluye la “propiedad privada”. Por tanto, es falso indicar que existe inseguridad jurídica al momento. De hecho, una tasa de crecimiento al primer semestre (2011) de 5% muestra que actualmente hay un buen clima para hacer negocios.

No debe causar zozobra en la población que Bolivia no obtenga un alto puntaje en una “escala neoliberal”, esto más bien muestra que el país se aleja de un modelo que se caracterizó por beneficiar únicamente a la burguesía empresarial y financiera y se acerca, más bien a un nuevo modelo que no descuida la importancia de incrementar la producción pero, también pone los ojos en la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población como fin último del quehacer económico.

*          Economista

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