septiembre 26, 2021

Femicidio, impunidad y acceso a la tierra

por: Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos *

En los últimos cuatro años se ha duplicado la violencia feminicida en el Estado de Morelos, donde ha prevalecido la indiferencia institucional para esclarecer los asesinatos de mujeres.

En el año 2006 la Comisión Independiente de Derechos Humanos registró 20 homicidios de mujeres. En el 2007, el número aumentó a 29; en el 2008 la cifra creció a 31; en el 2009 se documentaron 36 casos. Hasta octubre del 2010 eran ya 40 y en los primeros 7 meses del 2011 se han contabilizado 18.

El Congreso del Estado de Morelos aprobó la tipificación del feminicidio en el artículo 213 Quinto del Código penal para el estado señalando que: “Comete el delito de feminicidio quien por razones de género, prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se acrediten cualquiera de las siguientes hipótesis (…)”.

El tema no se reduce al incremento de penalidad (de 30 a 70 años) sino a todo el proceso que se debe seguir, qué características, cuáles causas que son desde el punto de vista jurídico lo que debe quedar suficientemente claro para hacer justiciable el hecho. Hay una corriente de pensamiento que pone énfasis en el castigo solamente y no en el análisis de lo que significa socialmente. Y este último punto es central para poder sancionar efectivamente, pero, sobre todo, para tomar medidas de no repetición sistemática que es, en última instancia, el significado profundo de la justicia y la lucha contra la impunidad.

¿Una cultura de respeto?

Desde la perspectiva de creación de una cultura de respeto a los derechos de las mujeres, el ámbito penal (la tipificación del feminicidio en este caso) es como el último eslabón de una cadena que tiene sus inicios en otros terrenos: injusticia, desigualdad, explotación, opresión, discriminación. Por ello, la tipificación penal es un paso que celebramos, pero a la vez matizamos para no echar las campanas al vuelo.

Y vaya que no somos pesimistas, pero la realidad es tan, pero tan oprobiosa, que hay que analizarla en toda su brutalidad, para preparar mejor las estrategias que nos permitan incidir en ella y transformarla. Sobre todo si tenemos en cuenta las cifras:

  • 310 feminicidios en 11 años
  • 32 mujeres asesinadas en lo que va de 2011
  • 40 mujeres asesinadas en 2010 hasta 28 de octubre
  • 36 mujeres asesinadas en 2009
  • 31 mujeres asesinadas en 2008
  • 29 mujeres asesinadas en 2007
  • 20 mujeres asesinadas en 2006
  • 122 mujeres asesinadas del 2000 al 2005

Y los municipios donde éstos han ocurrido son: Cuernavaca, Jiutepec, Yautepec, Cuautla, Xochitepec, Temixco, Jojutla, Zacatepec, Tlaltizapán, Jonacatepec, Jantetelco, Puente de Ixtla, Huitzilac, Tepoztlan, Ciudad Ayala, Emiliano Zapata, Miacatlán y Amacuzac. Es decir, 18 de los 33 que integran o conforman el estado mexicano.

Definiendo el feminicidio

“El feminicidio está conformado por el conjunto de hechos violentos misóginos contra las mujeres que implican la violación de sus derechos humanos, atentan contra su seguridad y ponen en riesgo su vida. Culmina en la muerte violenta de algunas mujeres. Hay infinidad de sobrevivientes.

Se consuma porque las autoridades omisas, negligentes, o coludidas con los agresores ejercen sobre las mujeres violencia institucional al obstaculizar su acceso a la justicia y con ello contribuyen a la impunidad.

El feminicidio conlleva la ruptura del Estado de derecho ya que el Estado es incapaz de garantizar la vida de las mujeres, de actuar con legalidad y hacerla respetar, de procurar justicia, y prevenir y erradicar la violencia que lo ocasiona. El feminicidio es entonces “un crimen de Estado”.

Por otra parte, la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado. Está conformada por el conjunto de conductas misóginas —maltrato y violencia física, psicológica, sexual, educativa, laboral, económica, patrimonial, familiar, comunitaria, institucional— que conllevan impunidad social y del Estado y, al colocar a las mujeres en riesgo e indefensión, pueden culminar en el homicidio o su tentativa, y en otras formas de muerte violenta de las niñas y las mujeres:

El caso del feminicidio de Celia Muñoz

Un caso concreto es el de Celia Muñoz, ocurrido en octubre de 2002, en Jiutepec. Nueve años después aún no hay justicia. Se tiene preso al acusado, existen pruebas fehacientes, sin que a la fecha se dicte sentencia, como se expresa en el expediente: “Que con todos y cada uno de los elementos de prueba y convicción se acredita el cuerpo del delito de la muerte violenta u homicidio calificado de Celia Muñoz Rodríguez, y en el mismo sentido se tiene plena y legalmente confirmada de manera definitiva la responsabilidad penal en contra del procesado Goven Hernández Martínez en la comisión del delito antes referido y que, además, existen una serie de indicios contundentes, así como diversas diligencias que corroboran que el conjunto de actuaciones legales de cargo tienen un carácter veraz y efectivas para que al momento de resolver la presente causa penal (No. 127/2010, radicada en el Juzgado 2do. Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos) las mismas se consideren efectivas al dictar sentencia para efecto de condenar al citado homicida al pago de la reparación del daño en su aspecto material y moral a favor de las causahabientes, ello de conformidad a los establecido en el Código Penal y Civil de la época en el Estado, así como a lo que ordena el apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos Convenios, Tratados e Instrumentos Internacionales de protección en materia de los Derechos Humanos de las Mujeres firmados y ratificados por el gobierno de la Republica.”

Sin embargo, existe el temor fundado entre los familiares de la víctima de que la sentencia no se apegue a las pruebas existentes, ya que en casos donde se ha logrado detener al agresor con una mala revisión de expedientes se han liberado a los detenidos.

Es por esa razón que hacemos un llamado a que se realice una buena revisión de los expedientes y en el caso en mención particularmente llamamos a que el Juez Alejandro Hernández Arjona, del Juzgado Segundo, considerando el tiempo que se tiene, atiendan todas y cada una de las pruebas presentadas por las víctimas, para que se declare la culpabilidad y sentencia correspondiente y no quede en la impunidad este feminicidio como tantos otros en Morelos.

Desde la Comisión, cientos de personas asistentes de diferentes organizaciones, nos comprometimos a movilizarnos para ello. Para nosotras, llevar el feminicidio a los tribunales y obtener respuesta es importante, precisamente porque la impunidad, la violencia institucional y la falta de garantías a las mujeres es el pan de cada día. Así como lo es garantizar que tengan acceso a una vida libre de violencia y que la condena ética cuestione al Estado mexicano y se exponga ante el mundo la grave situación que viven y padecen miles de mujeres en nuestro país. Vergüenza y oprobio para los perpetradores, no para las víctimas.

*          Asociación civil fundada en 1989 en Morelos, México, como organismo independiente para la lucha cotidiana en defensa de los derechos humanos y que no se respetan por las autoridades.

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