septiembre 21, 2021

Cuando el feminicidio trunca vidas iniciales. El feminicidio infantil

por: Patricia Brañez C. *

Mirar la violencia contra las mujeres y —su manifestación más cruda como es el feminicidio— es una obligación de toda la sociedad boliviana. Los datos muestran números de mujeres asesinadas de todas las edades. Queremos enfocar este artículo al feminicidio infantil que, por sus características, nos impone primero sentimientos de mucha rabia e impotencia, pero no podemos quedarnos en estos sentimientos que paralizan, sino crear y recrear nuevas formas de intervención política para sancionar a los agresores feminicidas y también prevenir.

Las primeras preguntas que saltan a mi mente son: ¿Qué pasa con esta sociedad que tolera semejantes atrocidades? ¿Por qué después de marchar en protesta volvemos a la rutina y callamos? ¿Por qué se nos pide que hagamos procesos participativos “de consulta” si cada día vemos, leemos, se nos muestran casos reales de vidas que recién se están iniciando de niñas o bebés mujeres truncadas por el odio (misoginia)? Afirmamos, entonces, que nacer mujer es el factor de riesgo para el feminicidio, y que los familiares siguen luchando día a día en la administración de justicia para que estos delitos no queden en la impunidad.

¡¡¡Si!!! Están violando y matando/asesinando a niñas, ¿qué haremos como bolivianos y bolivianas? sabiendo que estos delitos son la máxima vulneración a los derechos humanos de las mujeres por tratarse de la eliminación de la vida, principal bien jurídico protegido por los sistemas nacionales e internacional.

Como lo señala un informe de UNICEF, ninguna forma de violencia contra los niños, niñas y adolescentes es justificable. Igualmente, toda la violencia es prevenible y llama la atención que se hable del uso de la violencia como herramienta de “disciplinamiento”.

Demandando respuestas

La pregunta nuevamente vuelve: ¿qué ha pasado con la implementación de la Ley de Reformas al Código Penal para la Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes que, como dice en su exposición de motivos, tiene la finalidad de efectivizar un desarrollo integral a su favor, el cual comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y fundamentalmente el acceso a una administración de justicia pronta y oportuna?

Entre enero y octubre de este año 2011 el Observatorio “Manuela” Violencia, Feminicidio y Mujeres en Riesgo del CIDEM ha registrado un total de 16 feminicidios infantiles. ¿Dónde están las instancias correspondientes para esclarecer estos delitos y sancionarlos? Si es cierto que las cárceles están llenas, como dice el informe del Órgano Legislativo – Diputados, entonces por qué no se realizan acciones articuladas para la prevención desde el Estado?

Esperemos que la anunciada ley de declaración al año 2012 como el año de la no violencia contra la infancia, niñez y adolescencia de la Red Parlamentaria por la Niñez y la Adolescencia incorpore en su agenda de manera prioritaria el feminicidio infantil y que se visibilice en su campaña de comunicación, sensibilización y movilización social esta problemática en crecimiento en nuestro país. Asimismo, ojalá cumpla con el objetivo de prevención de la violencia contra las niñas. O que las acciones que se generen a partir del Decreto Supremo Nº 1053 del 23 de noviembre de este año por el Órgano Ejecutivo para la lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres sean contundentes para desnaturalizar, prevenir y contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres de todas las edades.

También apelamos al Ministro de Educación, uno de los firmantes del Decreto Supremo mencionado, y teniendo promulgada la Ley Nº 070 de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, la que en su artículo 3 referido a las bases de la educación señala en el inc. 12 que: “es promotora de la convivencia pacífica, contribuye a erradicar toda forma de violencia en el ámbito educativo, para el desarrollo de una sociedad sustentada en la cultura de paz, el buen trato y el respeto a los derechos humanos individuales y colectivos de las personas y de los pueblos”, para que en el sistema educativo se regule mecanismos de prevención y sanción a la violencia física y sexual para que los mismos no queden en la impunidad.

Patricia Flores en nuestra memoria

No nos olvidemos que en las unidades educativas se han producido y se producen delitos de abuso sexual e incluso feminicidio como es el caso de la niña Patricia Flores que a más de 12 años de ocurrido el delito aún está en la impunidad como lo señala el informe emitido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el Centro de Derechos Reproductivos, ITAM, Funderes y Women’s Link Worldwide.

Este informe señala que a “…cuatro días desde su desaparición, el cuerpo de la menor fue hallado en la bodega de deportes de la institución educativa con brutales signos de tortura, violencia sexual y estrangulamiento. En 2003, seis años después de transcurridos los hechos, el juez de la causa penal condenó al regente de la institución, “Odón Fernando Mendoza Soto”, a treinta años de prisión por los delitos de violación y asesinato de la menor Patricia Flores. En noviembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conociendo el recurso de apelación del imputado, emitió sentencia de casación en la cual se manifestó que por existir diversas fallas en el manejo de la prueba en las etapas iniciales de investigación, se decide dejar en libertad al primer presunto responsable de la violación y muerte de la menor y adicionalmente se ordena la anulación del caso hasta la etapa inicial y la reapertura de las diligencias iniciales de investigación. A 12 años de ocurridos los hechos de tortura y violencia sexual que enmarcan la muerte de la menor dentro de un centro educativo, el caso se encuentra en completa impunidad con el agravante de que los fiscales y jueces del distrito de La Paz se han negado en los últimos dos años a reiniciar nuevamente el proceso de investigación en contra de los presuntos responsables de manera injustificada”.

Ante estos delitos, es imprescindible que el feminicidio como delito sea incorporado en el Código Penal con 30 años sin derechos a indulto.

* Coordinadora de Proyectos e Incidencia Política del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer – CIDEM.

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