junio 15, 2021

El déficit de participación ciudadana y control social en el gobierno nacional

por: Diego Cuadros Anaya

Ya han pasado dos años y nueve meses desde que se promulgó la Constitución Política del Estado, uno de cuyos ejes es la construcción de una institucionalidad y gestión pública altamente participativos y con control social. Una tradición de manejo discrecional, cupular, poco transparente y hasta secreto de la cosa pública y de la toma de decisiones respecto a temas que son de interés de la comunidad, y un conjunto de medidas efectivamente contrarias al interés común, fueron el antecedente de esta línea transversal que adopta la CPE.

La autonomía municipal ha sido el único nivel de gobierno que ha nacido con un diseño institucional para el ejercicio de la participación ciudadana y en control social, establecido a partid de las organizaciones territoriales de base (OTB) y la conformación de comités de vigilancia. En más de 15 años de funcionamiento, este diseño institucional ha mostrado en general más sombras que luces, particularmente porque se generalizaron mecanismos de cooptación del control social por parte de las alcaldías, la corrupción de sus representantes y la propia falta de transparencia de estos organismos con respecto a sus mandantes, los ciudadanos y ciudadanas que conforman el conjunto de la comunidad.

En la actualidad, en varios municipios del país se vienen discutiendo ajustes a este diseño o alternativas diferentes para la participación y el control social, con motivo de la elaboración de las Cartas Orgánicas municipales y el mandato de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización para que sea cada autonomía la que defina de la manera más adecuada a sus características y experiencias los lineamientos para este ejercicio respecto a su gobierno municipal. Idéntico mandato tienen los departamentos con respecto al diseño de la institucionalidad de sus gobiernos departamentales autónomos.

Pero, ¿qué pasa con la participación y el control social respecto del gobierno nacional?

Veamos, después de la promulgación de la CPE el gobierno nacional no ha incorporado en su accionar ningún mecanismo destinado a este fin, pese a que desde hace un tiempo (gasolinazo de diciembre de 2010) ha redoblado su propaganda con el discurso del “mandar obedeciendo”. Algunas voces oficiales identifican las reuniones del Presidente con la dirigencia de las organizaciones sociales que controla políticamente como la metodología de la participación, mientras que por otro lado, a instancias del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, varios ministerios hacen anualmente un evento al que invitan a las mismas dirigencias y a los funcionarios públicos de sus pares institucionales, para presentar informes sobre sus logros.

Pero además, y de manera ilegal (porque no se ha derogado la Ley 1600 de 1994, que crea el sistema de regulación sectorial), ha sustituido por Decreto las superintendencias por “Autoridades de fiscalización y control social” en varios sectores, usurpando la atribución que la CPE otorga a la sociedad civil respecto al control social.

Tenemos entonces que la sociedad y los ciudadanos hasta ahora no tenemos abierta la posibilidad de participar en la formulación de las políticas públicas nacionales, ni se han abierto mecanismos que permitan ejercer el control social respecto a la gestión del gobierno nacional. Es más, en un período en el que no sólo por el discurso del partido gobernante sino por las disposiciones constitucionales deberíamos tener un amplio acceso a la información y documentación oficial, la más importante y sensible respecto a las políticas y decisiones que se vienen tomando son menos accesibles que antes. Claro ejemplo es el de los ingresos y distribución de la renta hidrocarburífera.

Adelantándonos a la fácil excusa de la ausencia de una ley específica al respecto, que está prevista en la Constitución, habrá que decir que sería suficiente el que exista la voluntad política para, por lo menos, aplicar 3 principios fundamentales al respecto: transparencia, rendición de cuentas y gestión participativa.

Respecto de la transparencia, se trata de que de manera regular, de manera automática, sin necesidad de que nadie lo demande o interponga una solicitud expresa, el gobierno y cada una de sus entidades debe ser capaz de publicar y crear canales de permanente exposición ante la ciudadanía, de planes, programas, contratos, presupuestos, informes, ejecuciones, procesos, etc. Y, por supuesto, con mayor razón cuando existe una solicitud de cualquier ciudadano, proporcionar la información requerida con prontitud, veracidad y pertinencia.

Sobre la rendición de cuentas, debe conformarse un mecanismo regular para ello, es decir la presentación de informes de las autoridades ante la sociedad que los eligió. Deben ser informes periódicos de gestión, ya sean de carácter semestral o anual, establecerse un escenario institucionalizado y cuyo alcance cubra todas las áreas en las que una autoridad haya tenido responsabilidad, con la previa publicación por escrito del informe, públicamente convocada, en la que no se restrinja la participación ciudadana y en la que se dé respuesta a las interrogantes de la ciudadanía interesada.

El tercer principio es el de la gestión participativa. Hasta ahora era una decisión institucional o del estilo de gobierno de algunas autoridades que incorporaron iniciativas de gestión participativa. Pero a partir del mandato de nuestra actual Constitución Política, la gestión participativa ya no es una opción, ya no está en la voluntad de las autoridades, sino que debe ser la norma obligatoria. Y esto debe trabajarse en dos elementos simultáneos. Por un lado está el diseño y aplicación de mecanismos predeterminados de funcionamiento regular, como la planificación participativa nacional y sectorial. La consulta previa es otro mecanismo constitucionalizado, que debe emplearse en particular cuando se prevé implementar o diseñar una política, una acción o se está preparando una norma susceptible de afectar a los pueblos indígenas, con el objeto de obtener su consentimiento al respecto.

Y por otro lado —y en rigor en este caso sí tendría que esperarse la aprobación de una Ley— deben diseñarse los canales adecuados para dar paso a la demanda y propuestas de la población de manera permanente y regular, no sólo en el momento de planificar, sino en el seguimiento a la propia gestión en cada una de las áreas en las que el Estado interviene. Consejos sociales, audiencias públicas, directorios con participación ciudadana y otros posibles mecanismos podrían ser iniciales ideas al respecto.

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