Tercera Nacionalización
La tercera nacionalización fue necesaria ejecutarla, por tres aspectos fundamentales:
- Era un mandato popular que emergió en las movilizaciones de octubre del 2003 y siguientes.
- Por un retorno necesario a la legalidad, puesto que la “capitalización neoliberal” estaba plagada de ilegalidad.
- Fue el compromiso de campaña que hizo el candidato Evo Morales, para las elecciones de diciembre del 2005.
- A consecuencia de los movimientos sociales se llevó a cabo el referéndum que exigía la recuperación de los hidrocarburos y la elaboración y aprobación de una nueva ley, la 3058.
Antes de este acontecimiento históricamente necesario, el estado de la situación respondía totalmente a los objetivos del capital transnacional y de las exigencias que hicieron los organismos financieros internacionales, veamos algunos de estos aspectos de “legalidad”
Las Leyes de los Gobiernos Neoliberales y el desmantelamiento de YPFB
En fecha 1° de noviembre de 1990, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora se promulga la Ley de Hidrocarburos Nº 1194, cuyo objetivo principal era otorgar mejores y mayores garantías a los inversionistas privados, especialmente a los capitales extranjeros que trabajaban en el área petrolera, relegando a YPFB del papel central que tenía en el sector, abarcando todas las fases de la industria.
Otro de los aspectos relevantes de la Ley 1194 fue la definición de un nuevo modelo de contrato petrolero: el Contrato de Asociación. Este tipo de contrato establece que YPFB podrá realizar las fases de exploración y/o explotación de la industria de hidrocarburos, en forma conjunta con terceros o, una vez declarado comercial un descubrimiento, podrá ejercer su opción para asociarse.
Durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en fecha 30 de abril de 1996, se aprobó la Ley de Hidrocarburos Nº 1689, que eliminó los Contratos de Operación y de Asociación, estableciendo únicamente los Contratos de Riesgo Compartido, con una vigencia de 40 años.
En cuanto al régimen tributario, se hace una diferenciación entre hidrocarburos nuevos y existentes, algo inusual en la industria petrolera.
Los hidrocarburos nuevos eran aquellos cuya producción iba a iniciarse a partir de la promulgación de esta ley y estaban sujetos al pago del 11% de Regalía Departamental, 1% de Regalía Nacional Compensatoria y 6% como participación de YPFB, totalizando un pago de 18% sobre el valor de la producción.
Los hidrocarburos existentes eran aquellos que a la fecha de vigencia de esta ley ya se encontraban en producción y estaban sujetos, además del 18% citado precedentemente, a una Participación Nacional de 19% y una Regalía Nacional Complementaria de 13%, totalizando un pago de 50% sobre el valor de la producción.
Luego de la capitalización y privatización de sus principales unidades de negocio, YPFB quedó como una empresa residual, sin patrimonio, dedicada únicamente a la supervisión y suscripción de contratos de riesgo compartido, agregación de volúmenes de gas natural para la exportación, fiscalización de las actividades del upstream (exploración y explotación) y certificación de la producción fiscalizada, sujeta al pago de regalías y participaciones.
En esta situación, los recursos naturales, como el gas natural, dejaron de ser propiedad del Estado boliviano, las empresas transnacionales se sentían dueñas absolutas de estos recursos, tanto así que se dieron el lujo de cotizarlas en la bolsa de valores, para capitalizarse mediante la emisión de valores.
El último acto temerario que hizo del gobierno de la mega coalición neoliberal fue anunciar y apoyar el proyecto de exportación de gas natural por puertos chilenos. Agresivo y amenazante, el ex presidente Sánchez de Lozada, anunció que ese proyecto no se levantaría por ningún motivo. Los efectos de esta tozudez, de exportar por Chile, le costó la expulsión del palacio de gobierno hasta su país de sus añoranzas, los EE.UU.
La nacionalización de mayo 2006
Fue instituida por el gobierno de Evo Morales, mediante el decreto supremo “Héroes del Chaco”, el 1 de mayo del 2006. El decreto asume importantes medidas para cambiar la situación desastrosa en la que dejaron los gobiernos neoliberales, medidas que resumimos a continuación:
- Todas las empresas petroleras deben entregar la producción de hidrocarburos a YPFB.
- El Estado asume la comercialización, las condiciones, volúmenes y precios de la industrialización.
- Sólo podrán seguir operando en el país las compañías que acaten las disposiciones.
- De ahora en adelante los contratos deberán ser aprobados por el Poder Legislativo.
- Los campos cuya producción es superior a 100 millones de pies cúbicos diarios, entregarían el 82% del valor para el Estado (18% de regalías y participaciones, 32% de Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH y 32% a través de una participación adicional para YPFB), y 18% para las compañías.
- El Estado tomaría el control y la dirección de la producción, transporte, refinación, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de hidrocarburos en el país.
- Se nacionalizan las acciones necesarias para que YPFB controle como mínimo el 51% en las empresas Chaco SA., Andina SA., Transredes SA., Petrobrás Bolivia Refinación SA. y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia SA.
- Iniciar el proceso de refundación de YPFB.
Obsérvese que, esta nacionalización es distinta a las dos anteriores en la forma. Aspecto que fuera objeto controversias, por aquellas posiciones conservadoras, tanto de la derecha neoliberal como de la izquierda autista, los mismos que calificaron que: esta medida o forma de nacionalizar, al no ser igual a las dos anteriores nacionalizaciones, no corresponde a ser reconocida como nacionalización. Sus amenazantes pronósticos eran fatales: que no habría más inversiones, que económicamente no era beneficiosa, que seríamos aislados de la globalización, etc.
Los acontecimientos y la información estadística se encargaron de desmentir esas afirmaciones precipitadas que hacían. Veamos algunos aspectos que apoyan esta afirmación:
Las Inversiones, comportamiento en la década 2000-2011
Los criterios reaccionarios amenazaban con la ausencia de inversiones en el sector de hidrocarburos. La información proporcionada por YPFB muestra lo contrario, el cuadro 1 nos muestra:
- Que las inversiones se incrementaron a partir del 2006, después de disminuciones, del 2001 al 2005, llegando a 1.254 Millones de dólares en el 2011.
- YPFB cuyas inversiones eran nulas, por ser empresa en extinción, a partir del 2005 y de la nacionalización del 2006 comienza a crecer en sus inversiones.
Incremento en los ingresos
La aplicación de la nueva ley de hidrocarburos y la tercera nacionalización tuvieron efectos positivos en el incremento de los ingresos, tal como muestra el cuadro 2:
- Obsérvese que los ingresos se incrementaron de manera importante entre el año 2005 y el 2006, llegando a más que duplicarse: de 673.1 a 1.473.70 Millones de dólares.
- A partir del 2006, los incrementos en los ingresos fueron creciendo significativamente, no se puede negar que las medidas que fueron ejecutadas tuvieron estos efectos positivos.
- Lo más relevante de la información que nos proporciona el cuadro 2, están en los rubros del IDH y la participación de YPFB. Ambos aspectos no existían en los primeros años de la década 2000 y antes de esta tampoco.
- El IDH aporta a los ingresos en un 46% sobre el total.
Uno de los aspectos fundamentales a ser mejorados seguramente tiene que ver con la utilización de los excedentes generados por la actividad petrolera. Esta cuestión plantea muchas interrogantes, como: ¿la distribución del IDH, entre gobernaciones, municipios y universidades está siendo utilizada de manera que optimice los objetivos de desarrollo? ¿YPFB, con el monto de los ingresos que le toca, podrá asumir en el mediano plazo, la cadena productiva en un porcentaje importante? Aspectos como los que nos plantean estas interrogantes deben ser objeto de debate y decisiones de un pacto social, a la brevedad posible.
Mientras tanto los temas de la redistribución del excedente petrolero que pasa por el Estado están comprometidos tanto para la política social como para las posibilidades de la industrialización y el incremento de las inversiones de YPFB.
Utilización de los excedentes en políticas sociales
Han transcurrido seis años de la tercera nacionalización y parte de los recursos del excedente generado por esta actividad permitió la ejecución de políticas sociales de redistribución, con la creación de tres bonos: Juancito Pinto, Juana Azurduy y Dignidad. Así mismo estos recursos permiten el mejoramiento de la educación y la salud, a partir de la creación de más ítems para estos servicios.
La utilización de estos recursos en las políticas sociales mencionadas se justifican plenamente, por cuanto atienden a sectores vulnerables de la sociedad que has sido fuertemente castigadas por las políticas de ajuste de corte neoliberal. Pero también porque los objetivos propuestos se están cumpliendo de manera positiva.
Industrialización
La tarea pendiente es la de lograr valor agregado a los recursos naturales que seguimos exportando en forma de materia prima, principalmente el gas natural. Tomando en cuenta que las actividades de ejecutar proyectos de industrialización no se dan en periodos cortos, es necesario hacer todos los esfuerzos por acelerar su ejecución.
En este entendido, las inversiones en el sector de la industria petrolera, según la información recabada, se ha incrementado en 650% desde el 2006, importante para el cambio de modelo extractivista en la que todavía nos estamos desenvolviendo.
Para el periodo 2012, se dice que se dispone de 627 Millones de dólares, destinados a la construcción de plantas de separación de líquidos y para impulsar proyectos que deben consolidar complejos industriales de gas natural que darían producciones como: urea, amoniaco, etileno, polietileno.
En materia de industrialización es importante no cometer los errores que se dieron en el modelo ISI (industrialización por sustitución de importaciones) o los fallidos intentos de modelos de polos de desarrollo y tener resultados de enclaves. Esta problematización, requiere que se proponga, por parte de YPFB, el modelo industrial que se plantea y el debate urgente con la sociedad. Estos momentos son importantes para lograr el consenso entre Estado y sociedad.
* Docente Investigador Titular de la UMSA, economista
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