diciembre 6, 2021

Los dueños de los medios de comunicación

Un aspecto que se elude en el debate sobre el papel de los medios masivos de comunicación en nuestras sociedades es el referido a la propiedad de estos y el significado de esta propiedad en el accionar político de los medios. Quiénes son los dueños de los medios y qué intereses se mueven detrás de ellos? Es una pregunta que debiéramos atrevernos a develar si realmente nos declaramos defensores de la libertad de expresión.

Acudo nuevamente a este tema a propósito del discurso del presidente ecuatoriano Rafael Correa, durante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos realizada en días pasados en la ciudad de Cochabamba. El mandatario ecuatoriano convocó a los países latinoamericanos a “buscar la verdadera libertad de prensa”, porque se han creado medios de comunicación “no para informar, sino para proteger los intereses de los emporios económicos”. Lo que está en debate es la contradicción de negocios privados jugando con la información, afirmó categóricamente el presidente Correa.

Días antes, el vicepresidente García Linera señaló en una entrevista que algunos medios de comunicación “se convirtieron en partidos políticos” y agregó que en Bolivia existiría una “dictadura mediática” encabezada por las cadenas televisivas que distorsionan la realidad nacional.

Y es que esta coincidencia entre ambos mandatarios no es casual, sino que responde a una correcta lectura de la realidad latinoamericana sobre el comportamiento de los medios, que han trastocado el servicio público que debe ser la comunicación y la información, por una forma efectiva y rápida de lucro, aprovechando las condiciones de manipulación y extorsión propias de la comunicación.

La manipulación informativa en las redes de televisión, principalmente, y en una buena parte de otros medios de comunicación, responde a intereses económicos que se encuentran detrás de ellos, acoplados a proyectos políticos conservadores, antinacionales y proimperialistas. No deja de llamar la atención la agenda informativa que manejan estos medios de manera coordinada y unívoca, generada desde legaciones extranjeras, obviamente igualmente interesadas en la desestabilización del gobierno.

Basta recordar la arremetida mediática del 2008, cuando el país transitaba la construcción de su nueva carta constitutiva y para impedirlo se desató un golpe cívico prefectural a partir de los sectores más reaccionarios de la política boliviana. Ahí los mal llamados medios “independientes” no salieron en defensa de la democracia ni del estado de derecho, se alinearon militantemente con aquel proyecto que no solo buscaba el derrocamiento del gobierno constitucional, sino que iba más allá, pretendiendo un magnicidio del primer mandatario y se planteaba como horizonte la separación de la hoy desaparecida “media luna” del estado boliviano.

Una actuación similar, aunque en menor magnitud, se pudo observar en la “cobertura informativa” de la marcha indígena en 2011, en la cual encubriendo sus verdaderos propósitos, se bañaron de un alegórico discurso medioambientalista, con la única finalidad de desgastar la imagen del presidente indígena y “posicionar” nuevos liderazgos, de origen indígena, que puedan aglutinar a la debilitada y dispersa oposición, ante la incapacidad de generar estos en el seno de los partidos políticos de derecha.

Es constante el accionar político de los medios señalado por el vicepresidente y es evidente que, a título de libertad de prensa, se ejercen acciones delincuenciales que pretenden la desestabilización del proceso revolucionario que vive nuestro país. En muchos de estos casos la responsabilidad no es precisamente de los periodistas (presentadores y opinadores) que ponen el rostro, la voz y la firma a estas actividades, sino de quienes, por detrás, defienden sus propios intereses. No hay que olvidar que gran parte de los propietarios de medios están ligados a actividades comerciales y empresariales importantes como la banca, la producción de alimentos, la minería y otros sectores que siempre estuvieron vinculados a los dineros del estado y que hoy han perdido muchos de sus privilegios y de sus ganancias.

Ya durante la discusión previa a la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones desde el Ministerio de Comunicación se puso en la mesa de debate la incorporación de una norma de regulación de la propiedad de quienes detenten licencias para estaciones de radio y televisión, medida que con seguridad debiera abarcar a todos los medios de comunicación. No se lo hizo, se dejó de lado la propuesta, pero con seguridad que era altamente razonable y debe volver a discutirse al interior de cualquier debate sobre los medios de comunicación.

Cuando planteamos, antes y ahora, la regulación de los medios de comunicación nos referimos desde luego, entre otros aspectos, al tema de la propiedad, porque creemos primero que los medios no pueden ser mecanismos de lucro, que debieran ser instituciones de servicio, a partir del concepto de que la comunicación es un servicio público; pero no sólo eso, se debe también extirpar toda forma de monopolio u oligopolio de los medios de comunicación, como también debe limitarse que empresarios de otros sectores de la economía, especialmente de los más sensibles en su relación con el estado, sean propietarios o accionistas de medios. Es importante también la investigación del origen de los capitales con que se crearon los medios y de los recursos con los que muchos de ellos funcionan.

Centrar la discusión en torno a los medios solo a los contenidos o a la libertad de prensa es otra forma de eludir el verdadero debate y se constituye en un mecanismo de encubrimiento de los verdaderos intereses que se mueven detrás de los medios de comunicación y qué objetivos persiguen en lo político y en lo económico.

Be the first to comment

Deja un comentario