diciembre 8, 2021

Dilma, el asilo político y la derecha internacional

La derecha internacional lleva, como parte de una estrategia para derrotar a los gobiernos de izquierda en América Latina y el Caribe, ha convertido el “asilo político” en uno de sus instrumentos para eludir las denuncias de corrupción y de sedición de sus militantes y de afectar la imagen de las democracias que se han enriquecido por la vía de la más amplia participación social.

No hay que darle muchas vueltas al asunto. La derecha internacional, cuyos niveles de articulación han crecido en los últimos años, le ha doblado el brazo a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff y ha dado un paso más en su objetivo de desestabilizar a los gobiernos de izquierda en la región.

La aceptación de Itamaraty al pedido de asilo político formulado por un senador opositor a Evo Morales, se hace funcional a una estrategia continental implementada desde hace diez años y se orienta, entre otras cosas a quebrar las buenas relaciones que gobiernos revolucionarios como el boliviano mantienen con otros gobiernos de izquierda moderados de la región.

Vayamos por partes. El senador Roger Pinto, a pesar de estar siendo procesado por delitos comunes, ha recibido una respuesta favorable a su pedido de asilo político. La decisión brasileña, a la que el presidente boliviano, Evo Morales, ha calificado acertadamente de “desatinada”, forma parte de una ofensiva de la derecha internacional contra los gobiernos revolucionarios que se han instalado, con un amplio respaldo popular, en varios países de América Latina y el Caribe desde 1998, cuando el comandante Hugo Chávez ganó las elecciones generales e inauguró una nueva época en Venezuela y el resto del hemisferio, exceptuando claro está a Estados Unidos y Canadá.

Entonces, no se trata de una medida con efectos solo sobre Bolivia. El golpe, que va a contramarcha de la Convención sobre el Asilo Político de 1954, está orientado a reforzar la campaña que la derecha internacional desarrolla contra los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia, a los cuales se los acusa de ser autoritarios y, por tanto, cada vez más alejados de la vigencia plena de la democracia.

Y claro, lo que sucede en cada uno de estos países, es una ruptura con las tres estrategias de dominación política que Estados Unidos ha puesto en marcha desde fines de la década de los 70, cuando la resistencia popular hizo insostenible la continuidad de las dictaduras de la “seguridad nacional” que se instauraron en el contexto de la “guerra fría”. El repliegue de los militares a sus cuarteles, con miles de torturados, desaparecidos, asesinados y exiliados de por medio, estuvo acompañado de un viraje político para impedir una salida más radical desde los sectores populares. Nos estamos refiriendo a la democracia viable de Carter, a la democracia controlada de Reagan y a la gobernabilidad democrática de Bush, que diseñados para coyunturas específicas encuentran sus puntos de convergencia en: la alternancia dentro de un mismo proyecto (el neoliberalismo), la tolerancia de altos grados de corrupción en las elites políticas dominantes a condición de mantener el estatuto quo y la puesta en marcha de mecanismos de subordinación de las mayorías.

Estos gobiernos de izquierda, que enfrentan todos los días una ofensiva nacional e internacional, están llevando adelante dinámicas políticas y económicas que no le son del agrado de Estados Unidos y que afectan al ciclo de reproducción del capital: han recuperado soberanía estatal sobre los recursos naturales, no reciben ordenes desde la Casa Blanca, han desplazado a los viejos bloques en el poder y promueven distintas maneras de participación social. Es decir, hacen todo lo contrario a la alternancia dentro de un mismo proyecto.

Como la ruptura con esas tres estrategias de dominación política se han registrado a través de medios pacíficos y no mediante revoluciones armadas -que fueron los intentos de avance revolucionario en la década de los 60-, la derecha ha tenido que buscar otras respuestas y construir otras estrategias para tratar de derrotar a los procesos y gobiernos revolucionarios. La derecha difícilmente podría negarse a reconocer que los gobiernos de Bolivia, Venezuela, Ecuador y Ecuador son el resultado de una amplia victoria electoral en las urnas.

Por lo tanto, la estrategia -la derrota de los procesos y gobiernos de izquierda-, implicaba una táctica distinta: construir en el plano de lo político y lo simbólico la “sensación térmica” de la ausencia de un estado de derecho -como el que hace unos días afirmó un asociación de politólogos bolivianos conducidos por un opositor a Evo Morales-, y, por consiguiente, la reiterada denuncia de restricciones a la libertad de expresión y la violación de los derechos humanos, entre los que está la vulneración del debido proceso en temas judiciales.

Entonces, la democracia se convierte en el espacio de lucha por la hegemonía. Los gobiernos de izquierda optan por una ampliación de la democracia trascendiendo, sin negarla, la forma liberal representativa e investigando los actos de corrupción. Esto, a su vez, ha sido leído por la derecha como un populismo peligroso y poco democrático.

Si uno le hace seguimiento al discurso y la práctica de la derecha en todo el continente y especialmente en los países miembros del ALBA, que se han convertido en el motor de iniciativas políticas y de integración en América Latina y el Caribe, fácilmente podrá encontrar “extrañas” coincidencias. A los gobiernos de esos países se los califica de “autoritarios”, “dictatoriales” y “violadores” de los derechos humanos. De ahí que no sea casual que organismos controlados por la OEA -el brazo de los Estados Unidos-, hagan eco de las denuncias de la oposición de derechas, pero al mismo tiempo muestren su silencio cómplice con los pedidos de juicio y sanción que se hace contra los que pretendieron derrocar por la fuerza a Chávez (2002), Evo (2008) y Correa (2010), así como contra los que le dieron un golpe de estado al presidente Manuel Zelaya de Honduras en 2009.

La línea central de esa estrategia y táctica contrainsurgente y contra-emancipadora procede desde Estados Unidos. Ya en la era Bush se dijo que nueve peligros acechaban a la democracia occidental, entre ellos el populismo. Obama no ha cambiado la orientación dejada por su predecesor y su secretaria de Estado, Hillary Clinton, se ha encargado de reforzar la tendencia, en una directa relación con los sectores más duros del Partido Demócrata y de las propias fuerzas republicanas que si hay algo que tienen en común es su preocupación por las olas de rebeldía que acechan a su patio trasero.

Esta línea de cuestionamiento sistemático a la ampliación de la democracia, que implica una estrategia prolongada de desgaste a la que se somete a los gobiernos de izquierda, tiene varios instrumentos, de los que el asilo político es uno de los más importantes.

Esta figura ha sido empleada por Pedro Carmona y Carlos Ortega entre 2002 y 2003 y por Manuel Rosales en 2009. Todos, venezolanos. Los dos primeros fueron parte de los conductores del golpe de estado contra el presidente Hugo Chávez el 11 de abril de 2002. Los dos ingresaron a las residencias de los embajadores de Colombia y Costa Rica, respectivamente, y se declararon “perseguidos políticos” del gobierno bolivariano. El último, acusado por actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones como gobernador del estado de Zulia, ingresó al Perú en abril y también se declaró víctima política.

De ahí que no es extraño que la misma fórmula haya sido empleada contra la democracia boliviana. En todos los casos, los acusados por la comisión de delitos se declaran “perseguidos políticos”. Los casos de Mario Cossío y Roger Pinto son bastante afines, pues se trata de un gobernador suspendido y un senador en ejercicio que han sido denunciados por actos de corrupción con recursos del Estado. El primero fugó del país y recibió asilo político del estado paraguayo en enero de 2011 y el segundo ingresó en la embajada del Brasil el 28 de mayo y obtuvo asilo en junio pasado.

En ambos casos, la amplificación mediática de la solicitud de asilo político y de la respuesta favorable de Paraguay y Brasil -lo cual parece ser parte de la estrategia contra los gobiernos de izquierda-, han minimizado el hecho de que Cossío enfrentaba más de 20 cargos por corrupción pública y un daño de cerca de 190 millones de dólares al Estado Plurinacional y que Pinto tiene cuentas pendientes por desacato y cuatro casos de corrupción que presuntamente habría cometido cuando ejercía su condición de prefecto del departamento de Pando, además de su participación en la masacre de Porvenir en 2008.

El caso Pinto tiene, sin embargo, algunas particularidades respecto de Cossio. El senador de la ultraderechista PODEMOS, que también militó en el ala más radical de Acción Democrática Nacionalista (ADN), formaba parte del “Clan Fernández”, cuyas relaciones políticas y de negocios con la derecha brasileña son innegables. En el ejercicio de sus funciones, en franca violación de la Constitución Política del Estado, el senador pandino elaboró y gestionó un proyecto de ley para que ciudadanos extranjeros puedan poseer tierras y propiedades dentro de los 50 kilómetros de la frontera limítrofe con el Brasil.

Lo más grave de esta serie de aceptación de asilo y refugio político es que, además de socavar la imagen de democracias de amplia participación social en el mundo, vulneran los principios del derecho internacional público. La Convención de 1954, siguiendo la línea adoptada desde 1928, es bastante clara al sostener que esta figura no procede cuando el solicitante está siendo procesado o ha sido sentenciado por delitos comunes.

Los mecanismos de la campaña internacional de la derecha son varios: los medios de comunicación, ONG con financiamiento estadounidense y redes de organizaciones políticas conservadoras. Entre las más importantes figuran la NED, USAID, UnoAmérica y una plataforma de parlamentarios de derecha recién conformada por un diputado boliviano bastante amigo de Cossío y Pinto.

En síntesis, los procesos revolucionarios que hoy se desarrollan en varios países de América Latina y el Caribe enfrentan en la actualidad una ofensiva imperial sin precedentes.

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