diciembre 6, 2021

Los dueños de los medios de comunicación

Los medios se han convertido en actores fundamentales de la oposición política, pues los intereses políticos y económicos de sus propietarios se han visto afectados; han perdido espacios de poder que les permitía gestionar desde sus medios la defensa de sus propios intereses.

Para no señalar solo generalidades de un problema que aqueja a la comunicación, al periodismo y a la democracia en el país, hay que empezar estableciendo quiénes son los dueños de estos medios de comunicación y cuáles son los intereses, económicos y políticos, que se mueven detrás de ellos.

Acudo a un trabajo realizado por el periodista Edgar Ramos (“Análisis del comportamiento de los medios de comunicación. Bolivia Siglo XXI”- 2007), el cual desarrolla una importante investigación sobre los grupos económicos y políticos que detentan la propiedad de los medios de comunicación.

Los datos de Edgar Ramos señalan, al respecto, que la familia Rivero Mercado, propietaria de El Deber, comparte acciones en La Prensa de La Paz, El Alteño, Los Tiempos de Cochabamba, El Potosí, Correo del Sur y Gente. La familia Kuljis Fuchtner es propietaria de la red UNO, además de ser accionistas del Banco Económico, de la papelera Empacar y la de la universidad privada Mateo Kuljis.

Ivo Kuljis fue director del Comité Pro Santa Cruz y representante de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo (CAINCO), además de candidato a la presidencia por UCS en 1997 y candidato a la vicepresidencia junto a Manfred Reyes Villa por la Nueva Fuerza Republicana el 2002.

La familia Asbún es propietaria de la Red Bolivisión, accionista del Shopping Norte de La Paz, de la cervecería Taquiña, del colegio privado AIS-B de Cochabamba y expropietaria del quebrado LAB.

La familia Dueri es propietaria de Radio Panamericana, la más grande del país, del hotel Presidente en La Paz, de la empresa discográfica Discolandia y de criaderos de trucha en el lago Titicaca. Miguel Dueri fue embajador de Banzer en los Emiratos Árabes.

La familia Durán Saucedo es accionista del periódico El Mundo, Megavisión y Radio El Mundo en Santa Cruz, Juan Carlos Durán estuvo vinculado muy estrechamente a Víctor Paz y Gonzalo Sánchez y fue alto dirigente del MNR. La familia Monasterios Añez, es propietaria de la Red UNITEL, accionista del Banco Ganadero, gaseosas Mendocina, Zona Franca de Puerto Suarez, productora de alcohol y derivados Ceibo y estancias ganaderas. Oswaldo Monasterios fue senador por el MNR y tuvo parentesco político con el alcalde de Santa Cruz Percy Fernández.

Por el año en que se publicó la investigación de Edgar Ramos, algunos de estos datos pueden estar desactualizados o faltar otros, como los vínculos recientes de otros políticos y empresarios con medios de comunicación. Marincovic, con el Día de Santa Cruz; Daher, el de Aerosur, con la Red PAT; Garafulic con Página Siete y otros indirectamente relacionados con la actividad política, aunque algunos no tan indirectamente, como la Iglesia Católica que cuenta con una extensa red de radios y estaciones de televisión, así como varias iglesias cristianas y evangélicas.

Ellos son los más visibles. En ciudades pequeñas y en poblaciones intermedias, los medios suelen ser de propiedad, en su mayor parte, de ex autoridades y de ex parlamentarios de distintos partidos, que lograron hacerse de una licencia cuando se encontraban en función de gobierno. También detentan propiedad de medios algunas ONGs vinculadas a agrupaciones y a dirigentes partidarios.

Obviamente este esbozo de la distribución propietaria de los medios no es completo, ni pretende serlo; sin embargo, es lo suficientemente demostrativo acerca de quienes son los que tienen el sartén por el mango en los medios de comunicación. Más allá, nuestra intención apunta a mostrar con esos datos el por qué del comportamiento mediático agresivo y conspirador, frente al proceso de cambio encabezado por el Presidente Evo Morales desde enero de 2006.

Ese comportamiento no es casual, los medios se han convertido en actores fundamentales de la oposición política, pues los intereses políticos y económicos de sus propietarios se han visto afectados, han perdido espacios de poder que les permitía gestionar desde sus medios la defensa de sus propios intereses, porque con sus medios y empresas hoy ya no pueden hacer negocios poco claros con el Estado y menos apropiarse impunemente de recursos de todos los bolivianos y tampoco les sirven ya sus medios como trampolín político, a mucho como instrumentos de conspiración.

Se sienten afectados, y eso los lleva a atacar de manera permanente y sistemática al gobierno, en la perspectiva de debilitarlo y generar articulaciones opositoras, cuando no encabezarlas, para disputar espacios de poder, ya sea en la vía democrática o en la vía subversiva, todo vale. No les interesa informar sino aquello que puede perjudicar al gobierno, espectacularizar las acciones opositoras, devaluando el verdadero valor de la información, de los medios y de la libertad de expresión y banalizando por completo los principios del periodismo, todo bajo una agenda aparentemente coordinada entre ellos, que sin duda más bien es impuesta desde alguna legación diplomática, también interesada en la desestabilización del proceso de cambio.

No es la APLP, cuya directiva actual está seriamente cuestionada, ni la Confederación de la Prensa, ni menos las federaciones departamentales que atraviesan serios problemas de representatividad, ni sus asociados, quienes determinan el comportamiento de los medios de comunicación ni el rol que juega el periodismo boliviano.

Esas organizaciones y sus dirigentes aparecen defendiendo la libertad de prensa (o más bien la libertad de empresa de los medios) olvidando que están en esas funciones para defender a sus organizaciones, su institucionalidad y, fundamentalmente, a sus asociados y no callar ante las precarias condiciones de trabajo, bajos salarios e inseguridad en las que se debaten periodistas y trabajadores de la prensa.

Queda claro quiénes están detrás de los medios y cuáles los intereses que defienden, entonces no hay por qué tenerle miedo a regular la propiedad de los medios de comunicación a través de una ley, ponerle fin a esta especie de dictadura mediática y defender los derechos de todas y todos los bolivianos a la comunicación y la información establecidos en la Constitución Política del Estado. Es obligación del Estado velar por los derechos de los ciudadanos, y abrir el debate sobre este tema, aún sabiendo que será una dura batalla contra estos emporios comunicacionales y sus defensores de oficio, atrincherados en organizaciones de prensa y, desde luego, en los partidos políticos tradicionales.

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