diciembre 3, 2021

La consulta en Bolivia: horizontes emancipatorios

“Los cristianos blancos de clase media (y los liberales, los racionalistas e incluso los marxistas) experimentaron una gran satisfacción cuando por fin se les concedieron a los indios, algunas de las maravillosas oportunidades de la gran sociedad en que creían vivir, disgustándose y ofendiéndose cuando la reacción fue de decepción y no de abyecta gratitud. Pero ¿por qué un indio que jamás soñó con imponer su cultura al hombre blanco, habría ahora de mostrarse agradecido al hombre blanco que, tras robarle sus posesiones materiales, su tierra y su espacio vital, procede a robarle también su mente?”

El No como muerte anunciada…

La marcha contra la carretera del TIPNIS en Bolivia, ha puesto al descubierto la escasa cultura jurídica plurinacional, el oportunismo vil de las derechas y su sacrosanta alianza con los medios privados, a la vez que la ausencia de un programa político emancipatorio de la dirigencia indígena en tierras bajas.

La derecha es la culpable del fracaso. Ahí Juan del Granado y su esposa Marcela Revollo, el Alcalde Luís Revilla, Samuel Doria Medina, Rubén Costas y Percy Fernández tienen que asumir el daño hecho, porque es irreparable.

Los medios mentirosos, con el cinismo acostumbrado, harán mañana lo que siempre hicieron, “olvidar” el daño y seguir con su vida, como si nada hubiera pasado.

El No a la carretera, fue una ganancia política que ni la mejor consulta podía dar como resultado. Por eso ahora, el No a la consulta es su consigna principal.

No quieren consulta, no quieren carretera ¿qué quieren?

No quieren cambiar la historia económica del país.

Lo que quieren es mantener una economía dependiente de los poderes imperiales.

Lo que quieren es mantener las pingües ganancias que las consultorías en medio ambiente pagan los usaids y las iuropas.

Ser los escupidos desde arriba y los escupidores hacia abajo, mentalidad enana de sobrevivencia estúpida.

No quieren pasar del estado colonial mendigo al Estado Plurinacional Digno.

Eso no entra en su cabeza puesto que no la tienen, funcionan a control remoto…

El No a la consulta, el No a la carretera es la historia de su muerte anunciada…

La Consulta entre Convenio y Declaración, entre neoliberalismo y revolución…

La adopción del Convenio 169 (1991), y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), responden a tiempos políticos diferentes.

El primer caso se da, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, luego de una larga marcha denominada “por el territorio y la dignidad” protagonizada por la naciente CIDOB, eran tiempos neoliberales y los derechos indígenas -como nos lo recuerda Diego Iturralde (2011)-, servían para “excluir” los otros derechos que eran recortados sin misericordia por la globalización.

El Convenio 169 fue promulgado para no cumplirse, tal como ocurrió a lo largo del periodo neoliberal, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer Suarez, Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez Veltzé.

La Consulta en ese contexto era pura ilusión.

En cambio y a contra ruta de la historia económica del saqueo, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas es adoptada el año 2007, como un instrumento normativo que profundiza la radicalidad de la revolución indígena.

El 2007 cuando el Presidente Evo Morales promulga la ley N° 3760 de Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas como norma interna, no lo hace para aminorar el despojo de derechos, sino precisamente para todo lo contrario. Para abrir la era de los derechos como obligaciones estatales, es decir como derechos con garantías para su cumplimiento.

A momento de su promulgación el Presidente Evo Morales lo dijo con toda claridad: “La Declaración no debe terminar en un papel, es importante aplicar la declaración de Naciones Unidas, una vez que se ha convertido en Ley de la República”

La Consulta en este contexto es una realidad en movimiento, es potencia política pura.

La Consulta como Derecho Internacional

El 2007 y el 2009, serán para siempre, años históricos para los pueblos indígenas del mundo en general y de Bolivia en particular.

El 13 de septiembre del 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas después de veinticinco años de peregrinaje indígena mundial ante las Naciones Unidas, donde el Presidente Evo Morales tuvo una participación decisiva al ser el primer Presidente indígena impulsando su aprobación desde el año 2006.

A los dos meses, el 7 de noviembre del mismo año la Declaración se eleva a rango de ley en Bolivia, siendo el único país en el mundo hasta el presente, que ratificó la normativa como parte de su legislación interna.

Pero no solo ello, el 2009 con la aprobación de la Constitución Política de Bolivia, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas impregna toda su fuerza política descolonizadora y de proyección normativa emancipatoria a lo largo y ancho de la Constitución.

La primera hecha por mano constituyente mayoritariamente indígena.

Esta historia tiene antecedentes. Comenzó cuando en 1923 la Nación Cayuga de Canadá envió al jefe Deskahe a la Liga de las Naciones para hacer conocer el incumplimiento de tratados por parte del gobierno estatal con la Nación Cayuga y en 1925 los Maori de Aotearoa (Nueva Zelanda)

enviaron a W.T. Ratana para que denunciara el incumplimiento de gobierno de Nueva Zelanda del tratado de Watangi, la Liga de las Naciones no recibieron a estos delegados.

Después de recién creada las Naciones Unidas, el delegado de Bolivia propuso tratar la “problemática indígena”, recibió una reprimenda elocuente de México y Perú: No hay indios.

La insistencia histórica de los movimientos indígenas en el mundo, dio sus primeros frutos cuando la OIT (Oficina Internacional del Trabajo) establece el Convenio 109 y lo remite a las Naciones Unidas el año 1957.

Este marco normativo de raíz monocultural es revisado por el Convenio por 169 del año 1989, este nuevo marco jurídico introduce un relativismo epistemológico que rompe del cerco ideológico de razas inferiores y razas superiores, y coloca en el espectro normativo el igualitarismo cultural de los “pueblos indígenas”.

El camino quedo abierto para la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Actualmente está en discusión la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Entre Convenio 169 de la OIT (1989) y Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU (2007), se han abierto debates sumamente enriquecedores y propositivos en la construcción de relaciones de cooperación y no conflictivas entre pueblos indígenas y Estados.

Históricamente los Estados han agredido de forma colonial y neocolonial a los territorios indígenas, puesto que estos territorios por lo general, contienen riquezas naturales renovables y no renovables o en su caso recursos estratégicos que son ambicionados por empresas transnacionales, nacionales y los mismos gobiernos.

Muy recientemente la Asamblea General de las Naciones Unidas ha admitido la necesidad de reparar viejas injusticias históricas, tomando como base los instrumentos internacionales de derechos humanos, pero como “base” no como “fin último”.

Es decir que los derechos establecidos en la Declaración constituyen los mínimos acordados por los gobiernos para con los pueblos indígenas. Estos “mínimos” pueden ser superados si los Estados tienen la voluntad política para hacerlo. Reza la declaración en su artículo 43: “Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas en el mundo”.

Entonces la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas no constituye el techo de los derechos de los pueblos indígenas, sino los mínimos negociados por los gobiernos en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En ese contexto el Derecho de Consulta es un mecanismo político pensado para que Pueblos Indígenas y Estados establezcan relaciones armoniosas y de cooperación y con ello evitar la repetición de injusticias históricas contra los pueblos indígenas.

De jure la consulta es el mecanismo procesal para afirmar la libredeterminación de los pueblos indígenas, así lo afirma el artículo 3 de la Declaración: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, en virtud de ese derecho determinan libremente su desarrollo económico, social y cultural”.

Para el ejercicio de la libre determinación indígena la Declaración en su artículo 19 establece que: “Los Estados celebraran consultas y cooperaran de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.

Entonces la consulta es participación para determinar libremente su propio desarrollo, por ello la Declaración establece en su artículo 23 que “Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para su ejercicio a su derecho al desarrollo. En particular los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible a administrar esos programas mediante sus propias instituciones”.

La Consulta en la Constitución Política Plurinacional en Bolivia

Desde la Constitución Política en Bolivia, tenemos horizontes que abren un nuevo escenario de Derechos, no solo de indígenas sino de pueblos y sociedad a la vez.

Artículo 11.

  1. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley:
  2. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley.

Articulo 30

  1. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

15.A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.

Artículo 304

  1. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias exclusivas:

21.Participar, desarrollar y ejecutar los mecanismos de consulta previa, libre e informada relativos a la aplicación de medidas legislativas, ejecutivas y administrativas que los afecten.

Artículo 316

            La función del Estado en la economía consiste en:

  1. Conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal, que incorporará a todas las entidades territoriales.

  1. Formular periódicamente, con participación y consulta ciudadana, el plan general de desarrollo, cuya ejecución es obligatoria para todas las formas de organización económica.

Artículo 321

  1. Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Si el proyecto no fue de iniciativa del Órgano Ejecutivo, requerirá de consulta previa a éste.

Artículo 343

            La población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente.

Como se habrá notado, la Consulta en Constitución Política Plurinacional, no se restringe a los pueblos indígenas sino que se abre a la sociedad, esta es la ruptura epistemológica que se debe tomar en cuenta a momento de establecer reflexiones sobre la Consulta en Bolivia.

Es decir la Consulta en nuestra Constitución esta como Base Fundamental del Estado en su forma de ejercicio democrático, esta como Derechos de Pueblos Indígenas, esta como participación social para la construcción de políticas públicas, y también esta como la toma de decisiones económicas y el cuidado del medio ambiente.

Es decir tenemos un campo constitucional abiertamente generoso con la Consulta que solo la Constituyente Boliviana podía dejarle a la historia de los derechos constitucionales.

Por ello es que afirmamos, con énfasis, que la Consulta en el caso boliviano merece un tratamiento más exigente que el que los estándares internacionales lo sugieren.

Y ello es así porque nuestra Constitución es plurinacional, es emancipatoria, es indígena originaria campesina.

Su estructura técnico jurídica, supera los estándares internacionales y la historia de la jurisprudencia interamericana.

Por ello mismo, su realización requiere un diseño de reloj suizo.

La “Consulta” entre estado colonial y Estado Plurinacional

Vivimos en un país, cuya memoria política nace cada día, cuya revolución se protege de verdad y sentido histórico, donde el futuro se construye aprendiendo del pasado y midiendo el presente. Se hace a mano y sin permiso.

Vivimos en un país donde la consulta es el modelo central de su descolonización.

Por ello la consulta conviene tomarse en cuenta, porque es la historia del mundo que viene.

La consulta en Bolivia, no debe medirse solo por los estándares internacionales que provienen del Convenio 169, ni la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y la jurisprudencia internacional en la materia.

Sino que debe medirse desde el potencial emancipatorio de la Constitución Política del Estado.

Y ello es así, porque tanto el Convenio 169 como la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas a pesar de su enorme potencial liberador y reparatorio, responden ideológicamente a la idea de estado uni-nacional y nuestra Constitución Política no.

Es una Constitución Plurinacional.

Esta pequeña diferencia, que en realidad no lo es, marca la distancia entre los estándares internacionales de la Consulta y el programa político de la Consulta en Bolivia.

Por ello es que a la hora de reflexionar la Consulta en Bolivia, tenemos que partir de ese eje: lo plurinacional.

Lo plurinacional en tanto programa de país, y lo plurinacional en tanto derechos de los pueblos indígenas.

Por ello la Consulta merece otro tratamiento reflexivo, no sobre el cadáver del estado nación, sino sobre el futuro que anuncia el Estado Plurinacional, no sobre el cadáver del orden colonial putrefacto sino sobre el futuro emergente de manos y cerebros indígenas

La Consulta en Bolivia es democracia de alta intensidad, de base indígena y popular, constitucionalizada para efectividad material no para hipocresía de Estado. Diseñada para garantía de derechos y no para demagogia de políticos reaccionarios.

De hecho pasado este tiempo duro, tiempo Macha, como lo sugiere el Canciller David Choquehuanca, los gobiernos progresistas y los pueblos indígenas del mundo vendrán a Bolivia para aprender cómo se hace Consulta al caminar Constitución Plurinacional.

De eso no hay duda alguna.

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