diciembre 6, 2021

¿Por qué Pinto pidió asilo y no refugio? Las preguntas que Brasil está obligado a responder(se)

Cinco grandes preguntas acaban de surgir, de otras que seguramente las complementan y brotarán después, sobre el trasfondo político que acompaña al caso Roger Pinto, quien procesado por delitos comunes sigue acusando al gobierno boliviano de varias cosas con la misma libertad que lo hizo siempre. El Brasil está obligado a responder.

Cada día que pasa, el caso del senador de ultraderecha Roger Pinto, va abriendo una serie de interrogantes que el gobierno del vecino país está obligado a responder, sobre todo luego de haber aceptado con bastante desatino una solicitud de asilo político que a todas las luces ha transgredido la Convención de 1954 y otros tratados, que pretende ser un mecanismo injerencista de nuestra soberanía y por formar parte de una estrategia política de la derecha internacional contra los gobiernos revolucionarios y progresistas de la región.

La primera pregunta es ¿por qué Roger Pinto pidió asilo y no refugio político? El senador opositor no estaba arraigado y aún hubiese en algún momento enfrentado esa situación, producto de los procesos judiciales que pesan en su contra, para nadie es desconocido, sobre todo para un pandino, la extrema facilidad que se tiene en ese departamento para pasar de una frontera a otra. Más aún, para quien ha mantenido una relación carnal con la derecha del estado vecino.

Si de mantener la libertad personal se trataba, como melodramáticamente sostuvo Pinto hace unos días desde la embajada del Brasil, donde espera -al parecer vanamente- el salvoconducto para dejar Bolivia, el opositor pudo optar por el camino seguido por el ex gobernador tarijeño, Mario Cossio, quien ingresó clandestinamente al Paraguay, con el respaldo logístico de la extrema derecha liberal que acaba de darle un golpe de estado al presidente Fernando Lugo. ¿Por qué no lo hizo? La respuesta cae de madura: el objetivo era propinar un golpe político y mediático lo suficientemente fuerte a la democracia y al gobierno del presidente Evo Morales. Eso no se lograba desde afuera, sino desde adentro.

El pedido de asilo -que no se puede hacer sino dentro del país que se quiere abandonar-, apuntaba, así mismo, no solo a escapar de la acción de la justicia con el manto de la política, sino además a ensayar -como efectivamente ocurrió- la solicitud de amnistía general para los presos -que la derecha considera “perseguidos políticos”– que enfrentan procesos ordinarios por su participación en la masacre de Porvenir, en el caso terrorismo y en el uso indebido de recursos públicos.

A estas alturas también se hace evidente que se orientaba a construir una plataforma de impunidad para que regresen al país, en su condición de héroes de la democracia, ex autoridades que tienen relación directa con la masacre de octubre de 2003, con la organización y el financiamiento de un grupo mercenario en 2008 y por casos de corrupción.

La segunda gran pregunta es ¿Pinto sorprendió al embajador de Brasil en Bolivia, Marcel Biato, o éste ya lo esperaba? Es evidente que la línea de acción política del representante del vecino país abre legítimas dudas sobre el tema. El tono de emperador del embajador brasileño al presionar hace un par de semanas al gobierno boliviano para “zanjar” el caso del senador pandino y sus posiciones políticas respecto del proceso de cambio, así como su estrecha relación con la legación diplomática estadounidense, son elementos bastante fuertes como para no dejarlo fuera de la jugada.

La tercera gran pregunta, ¿el embajador de Brasil recabó, con fines de alimentar objetivamente a Itamaraty, toda la información jurídica oficial sobre los procesos ordinarios que el senador Pinto enfrenta por corrupción pública, la masacre de 2008 en el Porvenir y por desacato (una figura que debe dejar de emplearse)?

Un tan importante funcionario diplomático no desconoce que la Convención de 1954 establece con claridad que “No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas (…), salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político”

Es poco probable que hubiese ocurrido. Los casos, sin la figura del desacato, superan la docena y con seguridad habría requerido un tiempo mayor del que se tomó Brasil para aceptar el pedido de asilo (10 días hábiles), lo cual conduce nuevamente a la hipótesis de una articulación de la derecha, nacional e internacional, bastante exitosa.

Por otra parte, es conocido que la Convención sobre Asilo Territorial de 1954 es bastante anticuada y abstracta para determinar lo que debe entenderse por “delitos políticos” y que le deja al Estado asilante el mayor peso. Entonces, surge una cuarta gran pregunta ¿cuáles son los fundamentos materiales que le han llevado al Brasil a pensar que el senador Pinto es un perseguido político?

La respuesta la debe dar Brasil, aunque en términos concretos es completamente seguro que la decisión de Itamaraty fue tomada en base a toda la información y los puntos de vista proporcionados por una fuente primaria: el embajador Biato, quien tuvo que estar plenamente convencido (¿en unos minutos?) de que el político opositor era un “perseguido político” como para no invitarlo a retirarse tal como disponen los tratados internacionales.

Las buenas relación entre ambos estados, que también buscan ser afectadas por la derecha de ambos países, le impone al Brasil la obligación de decir en base a qué criterios hizo la clasificación de la naturaleza del delito o en qué se basa para pensar que Pinto es un “perseguido político”.

La última gran pregunta, ¿por qué el embajador Biato no solicita a su estado retirar el asilo a Roger Pinto, quién hace unos días hizo política desde la embajada del Brasil, en clara violación del convenio de 1954 y otras disposiciones internacionales?

Pinto no dijo nada que deba ser pasado por alto. En una misiva dirigida desde la embajada de Brasil denunció el abuso de poder de Evo Morales y, ahí está lo grave, reiteró que hay altos funcionarios del gobierno boliviano que participan del narcotráfico y otras cosas más.

Esto es muy grave, si Pinto escribió la carta sin el conocimiento del embajador de Brasil, acaba de violar la Convención de 1954 y poner en serio riesgo su asilo. Si Biato autorizó el pronunciamiento público, acaba de reiterar su parcialidad con el senador, transgredir un convenio internacional y ratificar su indeseable injerencia.

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