octubre 15, 2021

El gas, lo bueno, lo malo y lo feísimo

El Presidente Evo Morales, a través del respaldo técnico de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), cumple paulatinamente con una de sus promesas electorales: gas domiciliario en cada hogar boliviano, con lo cual se abarata el consumo de energía y se avanza en la meta de disminuir la extrema pobreza.

La mayoría de los distritos de El Alto ya cuenta con redes matrices, algunos desde hace cinco años, y las familias gastan mensualmente menos de 10 bolivianos (poco más de un dólar) para cocinar. Esto significa la cuarta parte de lo que debían pagar por dos garrafas, además del ahorro en tiempo, tensión, esperas.

Desde mediados de 2011, con un trazado de la periferia al centro, las redes domiciliarias avanzan en la ciudad de La Paz. A mediados de 2012, muchos barrios de las laderas ya cuentan con el servicio pleno y las familias pagan menos de 20 bolivianos por consumo de gas para cocinar y para las duchas y grifos con agua caliente.

En el barrio de Sopocachi, fronterizo con Tembladerani que ya cuenta con gas, la primera acción se dio hace casi tres años, aunque fue incompleta pues los contratistas abrieron zanjas en las aceras del lado este y, además, no hubo conexión del tendido con las instalaciones internas. La ilusión quedó a medias. Ahora, desde hace un mes, otra empresa contratista cava las líneas por donde técnicos de YPFB colocan los tubos que trasportarán el gas.

La tarea es complicada. Lo malo es que aparece descoordinada, no sólo con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con las subalcaldías y con lo dirigentes vecinales, sino entre las propias responsables. Una microempresa- cuyos datos no pudimos encontrar en las guías- desplaza a sus obreros que destrozan toda la acera. Los escombros quedan a un lado sin que nadie se responsabilice por su recojo. En el Montículo son tres semanas de huecos y, obviamente, acumulación de otras basuras.

No se conoce con certeza qué otra empresa se encargará de dejar los ingresos como eran antes. Hace tres años, el contratista dejó deshechas las aceras (vean las cuadras del Ketal de la Plaza España y sus alrededores) y pidió dinero extra para ayudar a las mujeres que colocaban como podían los adoquines. Caminar por ahí es un desafío y son varias las anécdotas de personas accidentadas, sobre todo mujeres y los peatones caminan, obligados, por la calzada.

Al parecer, una tercera empresa colocará los controles para que una casa tenga acceso a la matriz. Esa empresa no presenta domicilio ni teléfono fijo, sólo un celular personal. Piden documentos como fotocopia del folio real. En algunos casos de El Alto, las empresas y los dirigentes se quedaron con esos documentos y los vecinos no saben dónde irán a parar. ¿Por qué no solicitan únicamente el pago de impuestos municipales? El temor al mal uso por loteadores crea susceptibilidades.

Lo feísimo del asunto es que nadie sabe cuándo empieza la obra, cómo continúa, cuáles son los plazos. Una mayoría de los dueños de casa ignora sus derechos, cuántos metros son gratuitos, cuántas instalaciones puede tener, cuántos meses son de promoción. No se entrega información completa.

El control social es casi imposible si no hay acceso a la información pública. ¿Cómo se seleccionaron las medianas empresas contratistas? ¿Son recién creadas? ¿Qué tipo de experiencia tienen? ¿Quién paga los destrozos? ¿Cómo se archiva la documentación? Un beneficio trae, de esa forma, innecesarios perjuicios.

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