Coca y drogas en los Andes. Sobre cifras virtuales, fracasos reales, fronterizaciones y el debate a tres bandas

por: Hugo Cabieses Cubas

Desde el Perú y el CIDDH 1, permítanme discutir la danza de las cifras de monitoreo de cultivos de coca que han sido publicadas con retraso este año por la agencia de las Naciones Unidas en cargada de estos menesteres. Por otro lado, planteo que la estrategia prohibicionista, ofertista, de erradicación/fumigación de cultivos, de “guerra contra las drogas” y del llamado “desarrollo alternativo”, siguen siendo un gran fracaso al menos en los países andinos y la cifras, aunque virtuales y propagandistas, lo demuestran.

En tercer término planteo que además del efecto “globo” como es la aparición de actividades ilícitas en otras zonas y el efecto “mercurio”, es decir la dispersión de los cultivos en pequeñas parcelas y microcuencas, ambos efectos a consecuencia de estas estrategias equivocadas, tenemos ahora y desde por lo menos hace una década un efecto “membrana” o fronterización de las actividades ilícitas en general como son la tala ilegal, minería ilícita, tráfico de armas y productos químicos, contrabando, trata de personas, etc. y no sólo el tráfico ilícito de drogas (TID).

Finalmente, sugiero que en el debate actual sobre las drogas y las actividades ilícitas en general, es indispensable ampliar el concepto de “reducción de daños” para discutir también sobre la crisis del “ofertismo” basado en la llamada guerra contra las drogas y el prohibicionismo fundamentalista contenido en las Convenciones Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) suscritas por los países y copiado en sus legislaciones nacionales. Propongo ampliar el concepto por uno de Reducción Integral de Daños (RIP), es decir domesticar el problema no sólo por el lado de la demanda, sino también por el de la oferta y el tráfico.

Lamentablemente, a nivel oficial, los gobiernos de la mayoría de los países del continente, siguen insistiendo en las absurdas y fracasadas estrategias prohibicionistas, ofertistas y de guerra contra las drogas, tal como se establece con meridiana claridad en la última reunión “cumbre” de Lima realizada el 25 y 26 de junio del 2012 2 y, estamos seguros, se ratificará en la reunión que han convocado los gobiernos del Perú y Tailandia sobre el tema del “desarrollo alternativo” —que no ha sido alternativo y tampoco desarrollo— el próximo 15 y 16 de noviembre también en Lima 3.

Nuevamente la danza de las cifras

Cada año la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) publica junto con el organismo encargado de la lucha contra las drogas en cada país 4, el informe sobre “Monitoreo de Cultivos de Coca”. Normalmente esto se realiza de manera coincidente con el Día Internacional de Lucha contra las Drogas que es el 26 de junio. Sin embargo, algo sucedió este año ya que en los casos de Bolivia y el Perú esto se hizo con tres meses y medio de retraso y en el caso de Colombia con mes y medio.

Con tres meses de retraso en el caso del Perú 5 y Bolivia 6 y con un retraso de un mes en el caso de Colombia 7, ya se han publicado los tres informes anuales. Junto con ello, el Departamento de Estado de los Estados Un idos ha publicado sus propias cifras y, para variar, ha colocado en la lista negra a Bolivia exculpando al Perú y Colombia. 8

El “ofertismo” hace agua

Tanto la guerra como el prohibicionismo se basan en un concepto “ofertista”, es decir que el problema de las drogas es “externo”, “viene de afuera”, no es parte de lo interno. La estrategia de control de la oferta busca tres objetivos: 1) que los precios de las drogas en calles sean cada vez más altos para afectar el bolsillo de los consumidores y así disminuir el consumo; 2) que la calidad o pureza de las drogas en calles sea cada vez peor con lo que se afecta la salud de los consumidores inhibiendo su consumo; y, 3) que al circular menos drogas la seguridad ciudadana mejora al eliminarse micro-comercializadores y dealers.

En esta concepción lo interno, es decir la demanda y la crítica al modelo de vida hedonista, consumista e irrespetuoso de las culturas y plantas nativas, brilla por su ausencia en las políticas públicas. Existe una estrategia internacional, inamovible hasta ahora pero en crisis terminal, que es promovida por el Gobierno de los Estados Unidos, sus socios en esta guerra y los organismos internacionales que controla, básicamente la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas, organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (CICAD) y organismos especializados en otras regiones del mundo.

Casi todos los países del mundo impulsan esta estrategia, incluyendo el Perú salvo el breve interregno en el que se discutió y aprobó una estrategia diferente. Me refiero a los meses entre agosto del 2011 y enero del 2012 durante los cuales el Dr. Ricardo Soberón, desde la Presidencia Ejecutiva de DEVIDA y aplicando los principios contenidos en el Programa de La Gran Transformación (LGT), impulsó una estrategia integral sobre este tema, pero duró poco en el cargo.

¿Qué decía este programa de LGT? Pues algo sensato: “Es necesario que el próximo gobierno adopte políticas públicas efectivas, sensatas (realistas), medibles, verificables, respetuosas de los derechos humanos, autónomas (no dependientes de la cooperación de un país), sostenibles, que se distancien de los conceptos equívocos de prohibición/legalización, para enfrentar las causas y no solo los efectos del fenómeno de las drogas y el narcotráfico” (página 55 del programa de LGT). Esta línea estratégica fue arrojada por la borda en enero del presente año al poner a cargo de DEVIDA a la Dra. Carmen Macías, es decir a la Embajada de los Estados Unidos.

Como el problema, dicen los prohibicionistas, sería de oferta y no de demanda, la estrategia fracasada está basada en tres políticas: 1) prohibir el consumo penalizando, persiguiendo y aplicando la ley a consumidores y micro-comercializadores; 2) erradicar cultivos de coca, amapola o marihuana, fumigando y/o con métodos manuales como condición previa para promover el llamado “desarrollo alternativo”; y, 3) policializar y/o militarizar ciudades, territorios y países completos para incautar drogas, apresar “narcotraficantes” y combatir al “narcoterrorismo”.

El ofertismo, el prohibicionismo y las tres políticas que acompañan esta estrategia, han sido un fracaso anunciado desde que en 1974 el Presidente Richard Nixon de los Estados Unidos lanzara la llamada “guerra contra el flagelo de las drogas”.

Respecto a los objetivos buscados por los ofertistas/prohibicionistas, el tema ha sido estudiado por Washington Office On Latin America (WOLA) en base estadísticas proporcionadas por fuentes del gobierno de los Estados Unidos y los resultados son los siguientes 9: 1) los precios de las drogas en calles son cada vez más bajos; 2) la pureza de las drogas en calles es cada vez mayor; y, 3) la inseguridad en los barrios se ha incrementado.

Este fracaso anunciado por muchos, es reconocido internacionalmente por los más altos exponentes que las defienden y aplican, comenzando por la Organización de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Deliro (ONUDD o UNODC por sus siglas en inglés). Es así como Yuri Fedotov, el Director Ejecutivo de esta agencia reconoció el 26 de junio que cada vez más “la delincuencia organizada y las drogas ilícitas obstaculizaban el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, añadiendo que “las drogas ilícitas alimentan la delincuencia y la inseguridad al tiempo que socavan los derechos humanos y platean riesgos considerables para la salud pública”. Dijo asimismo que: “La heroína, la cocaína y otras drogas siguen matando a unas 200.000 personas al año, destruyen familias y causan sufrimiento a otros miles de personas, crean inseguridad y contribuyen a la propagación del VIH”.

Respecto al consumo de marihuana, el funcionario informó que: “Se calcula que en todo el mundo existen entre 119 millones y 224 millones de consumidores de cannabis. Europa es el principal mercado mundial de resina de cannabis (hachís), que la recibe principalmente de Marruecos, aunque su importancia relativa está disminuyendo. La mayoría de los países de la Unión Europea comunican que está aumentando el cultivo de hierba de cannabis (marihuana) en interiores, lo que refleja tal vez una creciente preferencia por la marihuana respecto del hachís. En la actualidad, la planta de cannabis es el cultivo comercial más lucrativo del Afganistán, donde las familias que cultivan cannabis ganan 9.000 dólares, en comparación con los ingresos de 4.900 dólares que percibían las que cultivaban adormidera en 2010” 10.

En el Informe Mundial sobre las Drogas 2012 presentado en Viena y Nueva York el último 26 de junio Día Internacional de la Lucha Contra las Drogas, se sostiene que: “Actualmente el consumo de drogas ilícitas se caracteriza por su concentración entre los jóvenes —en particular los hombres jóvenes de entornos urbanos— y por una creciente gama de sustancias psicoactivas. Aunque en muchos países desarrollados los mercados establecidos de drogas ilícitas han mostrado señales de estabilización, el aumento del consumo de drogas parece seguir siendo una constante en muchos países en desarrollo” (pág. 4 del Resumen Ejecutivo) 11.

El informe añade en la misma página un galimatías para justificar su estrategia: “Si bien la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas siguen siendo motivos de preocupación, gracias al sistema de fiscalización internacional de drogas parece haberse logrado mantener el consumo de drogas ilícitas bien por debajo de los niveles de consumo comunicados respecto de las sustancias psicoactivas lícitas”.

En la parte final y para que no quede ninguna duda respecto el informe dice que: “La evolución del complejo problema mundial de las drogas ilícitas se ve impulsada claramente por una serie de factores. Entre éstos, cabe mencionar la influencia de las tendencias socio-demográficas, como los equilibrios de género y de edad en la población y la tasa de urbanización. Si el perfil demográfico de una determinada sociedad se modifica, es posible que el comportamiento frente al consumo de drogas refleje a su vez esos cambios. Inciden asimismo en esa evolución los factores socioeconómicos, como los niveles de ingreso disponible, desigualdad y desempleo. Un nivel más elevado de ingreso disponible puede hacer que un mayor número de personas esté en condiciones de adquirir drogas ilícitas, mientras que una alta tasa de desigualdad o desempleo puede aumentar la propensión a consumir drogas ilícitas entre los grupos afectados. Una extensa categoría de fuerzas motrices de índole sociocultural —incluidos los cambios en los sistemas de valores tradicionales y el surgimiento de una “cultura juvenil” relativamente uniforme en muchos países— también influye en la evolución del problema, aunque de formas a menudo difíciles de cuantificar. El análisis muestra asimismo que la existencia de peligros inherentes a las drogas y las percepciones conexas figuran entre las variables clave que determinan el consumo de drogas.”

Hacia un enfoque integral sobre el crimen organizado

Un enfoque orientado exclusivamente a la política de drogas, soslaya uno más amplio que debe ser orientado a encarar todos los delitos y tráficos que nos aquejan a los países andino-amazónicos y los impactos del crimen organizado sobre los derechos de los pueblos indígenas, la biodiversidad, el ambiente y la gobernabilidad democrática.

Al respecto señalo seis hipótesis que me parece importante investigar ahora y en el futuro:

1. Considero que no menos del 25% de la economía mundial y el 30% de la población del planeta es acosada por actividades ilícitas y crimen organizado, no solo drogas y TID 12.
2. Las actividades negras se refugian y desarrollan en las fronteras de los países que generalmente son porosas, con poca población y alejadas de donde se toman las decisiones.
3. Estas actividades negras, depredan recursos naturales —bosques, agua y biodiversidad— y violan derechos de pueblos indígenas y ciudadanos en general, más que las actividades informales o empresariales son controles socio-ambientales.
4. La militarización-policialización de la lucha contra la delincuencia organizada no resuelve el problema sino lo dispersa y transforma en un blanco móvil. Existen actualmente al menos cuatro mitos sobre cómo encarar la criminalidad, a saber 13:

1. a)el problema es policial y se resuelve con mano dura: hasta ahora la “tolerancia cero” y la tesis de la “ventana rota” ha llevado a la criminalización de la pobreza, a la feminización de la violencia y a resultar un exitoso instrumento electoral;
2. b)los países exitosos han conseguido resultados porque han aplicado mano dura: esta tesis no es cierta en los países nórdicos y en el caso de los Estados Unidos lo ha convertido en el país con más presos del planeta —2 millones— que resultan siendo las mejores escuelas de criminalidad organizada;
3. c)las causas últimas de la criminalidad son poco conocidas: esto no es exacto ya que se conoce desde hace años que aparte de las razones “estructurales” la combinación de jóvenes excluidos que no tienen por donde entrarle a la vida laboral, de baja educación y familias desarticuladas, creo un inmenso grupo de jóvenes expuestos, como por ejemplo las “maras”; y,
4. d)el enfoque integral sólo produce resultados a largo plazo: no es verdad o en todo caso inexacto ya que existen cientos de experiencias locales exitosas y de corto plazo en las principales ciudades latinoamericanas y europeas.

5. Se debe impulsar una estrategia basada en el concepto de Seguridad Humana y/o Seguridad Ciudadana y no de Seguridad Nacional 14.

1. a)La Seguridad Humana, aunque todavía es un concepto impreciso y en debate, está centrada en el bienestar y libertades de las personas en su vida cotidiana, que cuestiona la visión clásica dominante concebida como la seguridad armada de la soberanía y la territorialidad de los Estados. Se trata de un cambio de paradigma de lo macro a lo micro, del Estado a las personas y sus entorno local.
2. b)La Seguridad Nacional, es un concepto propio de la época de la guerra fría —en realidad de todas las épocas— que aún subsiste y se trata de una estrategia reactiva, militarista, territorial y estado-céntrica que soslaya a las personas y no aborda las causas de la violencia del crimen organizado – ni su afrontamiento mediante el desarrollo.

6. En estas condiciones e importancia de las actividades negras, es una quimera hablar de “economía verde” y “desarrollo sostenible”, temas a ser abordados en Río+20 y probablemente en la Cumbre de las Américas de Cartagena en abril 2012. Para ello, es central la consulta y participación de la sociedad civil y los pueblos indígenas para lograr la seguridad ciudadana y humana contra el crimen organizado.

Actividades ilícitas y economía: círculo vicioso falso

Entre funcionarios públicos, técnicos contratados por la cooperación internacional, académicos interesados y formuladores de políticas macroeconómicas y sectoriales, existe una fórmula sencilla que la llevan en la cabeza expresada en el gráfico.

El diagnóstico es elemental: las actividades son informales o ilícitas y por lo tanto hay que erradicarlas y/o fumigarlas con criterio policial, judicial y sobre todo militar ya que se trata de un problema de Seguridad Nacional que debe encararse con métodos de guerra. Con esta concepción, se trata de males que hay que extirpar. Y, una vez erradicado el delito o la informalidad, la solución también es sencilla y estriba en: conseguir un producto exportable como “bandera” y resolvemos el problema.

Con un enfoque economicista-productivista orientado a la exportación, nuestros hacedores de políticas y cooperantes internacionales, les ha planteado por años a los cultivadores de coca, a los taladores de madera, a los traficantes de flora y fauna en extinción, a los lavadores informales y delictivos de oro en los ríos y a cuanto personaje marginal, informal o delictiva se les ocurra, la quimera del producto de exportación bandera para salir de la pobreza y no caer en manos de la delincuencia.

Sin embargo, el resultado de más de 40 años de aplicación de esta fórmula ha sido el de un absoluto fracaso o éxitos parciales no sostenibles en el tiempo, además de impactos sociales y ambientales de magnitud catastrófica.

Con otra concepción, con otra racionalidad, el problema resulta siendo socio-cultural y económico por el lado de la producción, la poca presencia del Estado que además es corrupto y con “soroche” —no pasa la cordillera ni llega a todos los territorios—, con ningún trabajo de inteligencia, con políticas anti-rurales, con acciones contra los pueblos indígenas y con estrategias adscritas a las transnacionales y gobiernos extranjeros.

Obviamente, las soluciones pasan por consultar con los pueblos indígenas, campesinos, bosquecinos, colonos ribereños y pobladoras urbanos y lanzar una estrategia que hemos denominado Las 5 B, especialmente el Buen Dormir, y no orientarnos por la llamada “economía verde” que se ha discutido y aplaudido por la transnacionales en Rio+20.

La estrategia de “Marcola”

Es bueno conocer y reflexionar en torno a qué es lo que piensa de nosotros Marcos Camacho “Marcola”, máximo dirigente del Primer Comando Capital (PCC), preso por traficante de drogas y criminal en la cárcel central de Sao Paulo: “Antes éramos pobres e invisibilizados, pero ahora somos ricos con la multinacional de la droga y ustedes se están muriendo de miedo. Somos el inicio tardío de vuestra conciencia social. Solo habría solución con muchos millones de dólares gastados organizadamente, con un gobernante de alto nivel, una inmensa voluntad política, crecimiento económico, revolución educativa, urbanización general y todo bajo la batuta de una “tiranía esclarecida” que saltase por encima de la parálisis burocrática secular, del Legislativo cómplice y del Poder Judicial que impide puniciones. Tendría que haber una reforma radical del proceso penal de país, comunicaciones e inteligencia entre policías municipales, provinciales y federales (nosotros hacemos hasta “conference calls” entre presidiarios…), lo que costaría billones de dólares e implicaría una mudanza psicosocial profunda en la estructura política del país.”

Salvo por lo de “pasarse por encima” a las instituciones de la democracia como el Parlamento y el Poder Judicial, ¿no será esto lo que decimos y defendemos cuando planteamos modificaciones a las actuales estrategias de lucha, de “guerra contra las drogas” que hasta ahora van de fracaso en fracaso?

RID y Debate a tres bandas

En este contexto considero limitado el debate centrado en las dicotomías prohibición vs. legalización o militarización vs. policialización o guerra vs. liberalización. Más bien, junto con otros y otras, planteo una indispensable estrategia de Reducción Integral de Daños RID, o políticas públicas “a tres bandas”. Este enfoque implica impulsar lo siguiente.

Por el lado del consumo de drogas, tema central de este 1er Encuentro, se trata impulsar la despenalización de las drogas suaves, marihuana entre ellas. Asimismo, la des-satanización de las plantas maestras con propiedades medicinales y/o “alteradoras de la conciencia” —la coca entre ellas—, la administración regulada de drogas fuertes como cocaína y heroína en centros hospitalarios y farmacias autorizadas, así como el uso de terapias de sustitución (metadona, cocaína oral, etc.). Implica también la regulación de las “comunidades terapéuticas” especialmente aquellas que usan y abusan de la religión.

Un abordaje de este tipo implica una fuerte campaña preventiva/informativa desde el Estado, en medios y la sociedad civil sin mensajes tipo “a la droga dile no”, rechazando la satanización, especialmente contra la coca como “de cada 10 hojas 9 van al tráfico…”, los cocaleros tratándolos de “narco cultivadores” y “tontos útiles de los narcos”, los consumidores de coca señalándolos como “adictos desnutridos” o diciendo que el consumo es “cosa de indios” y contra los que defendemos estrategias diferentes por supuestamente ser “cómplices del narcotráfico”.

En suma, se debe concebir el problema como médico-sanitario y aplicar políticas de prevención educativa, 15 que incluyan planes de rehabilitación de usuarios mediante métodos terapéuticos de sustitución e integración social del paciente. Pero sobre todo, concebir el consumo de drogas en tanto que fenómeno socio-cultural, como parte integrante de la defensa de los derechos humanos.

Por el lado de la producción y cultivos, debe impulsarse el desarrollo humano sostenible inclusivo con la gente y con la coca legal, respetando las culturas y saberes locales, protegiendo la ecología, manejando los recursos naturales, fortaleciendo institucionalidad social y pública siendo la Estatal una de ellas y con actividades económicas en general no sólo productos o commodities, apuntando a los mercados locales y regionales, no exclusivamente hacia la exportación y, menos aún, a los biocombustibles.

Es necesario impulsar con agricultores y autoridades locales estrategias participativas de desarrollo rural integral sostenibles y sustentables que combatan la pobreza, construyan institucionalidad local, fortalezcan gremios y permitan que las familias campesinas construyan culturas productivas diferentas a la monoproducción de coca u otras plantas. 16

Por el lado del tráfico ilícito de drogas, la estrategia de RID implica aplicar inteligencia operativa para la ubicación y apresamiento de capos, firmas, banqueros y empresarios lavadores de dinero. Implica también aplicar sanciones fuertes verificables y monitoreables, para autoridades policiales, militares, magistrados y políticos involucradas en delitos de TID y “jaladores” de niños y jóvenes mochileros y/o burriers para involucrarlos en el “negocio”. No debe haber sin impunidad contra estos delitos, especialmente de policías, militares y políticos.

De acuerdo con ello, se debe apuntar a los verdaderos blancos y no a consumidores y/o micro-comercializadores, buscando vaciar las cárceles de delitos menores. Se debe combatir de verdad los eslabones intermedios de la cadena del TID, es decir, a los cabecillas de las bandas, firmas y cárteles, a los traficantes de insumos químicos y a los funcionarios y empresarios financieros de cuello blanco o uniforme verde que permiten el «lavado» de dinero y activos.

Lo anterior implica en el Perú la derogatoria deL Decreto Ley 22095 de febrero de 1978 aún vigente, por obsoleta y por promover el TID más que combatirlo. Implica también derogar sus disposiciones complementarias y modificatorias, sobre todo las que se promulgaron durante la dictadura de Fujimori y Montesinos. Esto debe llevarse a cabo en el marco de una campaña permanente nacional e internacional por la despenalización de la hoja de coca y su retiro de la Lista 1 de estupefacientes de la ONU apoyando la reivindicación boliviana.

Esta es, palabras más palabras menos, la misma estrategia de “domesticación de las drogas” que planteaba hace más de 15 años la jurista venezolana Rosa del Olmo y recoge en buena parte de sus escritos Ethan Nadelman desde la Drug Policy Alliance 17 y, por cierto el TNI de Holanda, WOLA de Estados Unidos y el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) 18. Lo propuesto no es algo nuevo, salvo insistir que hay que impulsar la estrategia no sólo por el lado del consumo, sino simultáneamente por el de la producción y el tráfico ilícito de drogas.

Hoja de ruta y viraje radical

Constatado lo anterior, debe impulsarse una estrategia RID cuya hoja de ruta mínima debería ser la siguiente: 1) evaluar seriamente las políticas impulsadas hasta ahora; 2) revisar los tratados internacionales sobre drogas, especialmente en lo relativo a la ubicación de la hoja de coca en la lista I de estupefacientes; 3) desechar la satanización mundial que existe contra consumidores y productores, y respetar a los que las producen y consumen tradicionalmente o por razones culturales; y, 4) promover los cambios necesarios a nivel de la producción, el tráfico y el consumo de drogas

Una nueva estrategia como la que está implícita en esta hoja de ruta, implica abordar integralmente el tema y dar por lo menos seis virajes radicales en el caso del Perú, viraje que intentó impulsar Ricardo Soberón desde DEVIDA en aplicación del Programa de La Gran Transformación:

1. Primero, cambiar la actual política sobre drogas ofertista, prohibicionista y militarista que impulsa para todo el mundo el gobierno de los Estados Unidos y elaborar, consensualmente, una Política de Estado Propia (PEP) sobre drogas y sobre coca.
2. Segundo, desarrollar, discutir y aprobar un marco legislativo e institucional nuevo que reemplace el del vigente decreto ley 22095 y sus dispositivos ampliatorios y modificatorios.
3. Tercero, sistematizar y recoger los planteamientos reivindicativos y propositivos que han formulado los agricultores cocaleros en las más de 50 actas que han firmado desde 1999 con autoridades gubernamentales.
4. Cuarto, diseñar e impulsar una estrategia de desatanización y revalorización nacional e internacional de la hoja de coca para su uso tradicional e industrial benéfico.
5. Quinto, construir una base de datos realista y propia sobre extensión de cultivos de hoja de coca, productividades, calidades, precios, volúmenes y usos legales e ilegales.
6. Sexto, cambiar la estrategia de «desarrollo alternativo» y «sustitución de cultivos» por una de desarrollo rural integral sostenible y sustentable orientada a la construcción de mercados locales, regionales y nacionales.

*          Economista peruano, coordinador del Área de Desarrollo Sostenible, Cambio Climático y Derechos Indígenas del CIDDH, investigador asociado del Transnacional Institute (TNI) de Amsterdam y ex -Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM.

1          Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos.

2          Véase: http://embamex.sre.gob.mx/peru/images/pdf/ConferenciaMundialAntidrogas/declaraciondelima.pdf.

3          El documento de base para esta reunión fue aprobado en Tailandia en noviembre del 2011 y el Perú quiere colocar como paradigma del desarrollo alternativo el llamado “milagro de San Martín”. Véase: http://www.inforegion.pe/portada/137658/peru-y-tailandia-organizaran-cita-internacional-sobre-desarrollo-alternativo-en-noviembre/, http://www.siete.pe/2012/06/23/util-experiencia-en-region-san-martin-desarrollo-alternativo/ y para un crítica de este “milagro” ver mi artículo del 2010 en: http://www.tni.org/es/briefing/el-milagro-de-san-martin-y-los-sindromes-del-desarrollo-alternativo-en-el-peru.

4          En Bolivia es el Estado Plurinacional de Bolivia a través de varias instituciones, principalmente los Vice-ministerios de Defensa Social y Sustancias Controladas (VDS-SC), de la Coca y Desarrollo Integral (VCDI) y la Dirección Nacional de Desarrollo de las Áreas Productoras de Coca (DIGPROCOCA). En Colombia es el Gobierno de Colombia a través de varias instituciones, principalmente el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Policía Nacional – Dirección Antinarcóticos (DIRAN), el Ministerio de Defensa Nacional, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales UAESPNN. En el Perú es la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) y el proyecto Control y Reducción de la Hoja de Coca en el Alto Huallaga (CORAH). En este caso, ambas instituciones son totalmente dependientes funcional y financieramente de los lineamientos que impone el gobierno de los Estados Unidos a través de la Sección de Asuntos de Narcóticos (NAS, por sus siglas en inglés) de la Embajada de los Estados Unidos en Lima.

5          El informe sobre el Perú fue publicado el 27 de septiembre del 2012. Véase: http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Peru/Informe_cultivos_coca_2011_septiembre2012_web.pdf.

6          El informe de Bolivia fue publicado el 17 de septiembre del 2012. Véase: http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Bolivia/Bolivia_coca_survey_spanish_2012_web.pdf.

7          El informe de Colombia fue publicado el 25 de julio del 2012. Véase: http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Censo_cultivos_coca_2011.pdf.

8          Véase:.

9          Véase de John Walsh “Ya llegamos? Midiendo el progreso obtenido en la guerra contra las drogas en Latinoamérica; WOLA, marzo 2005: http://www.wola.org/media/ya_llegamos.pdf

10       Véase la Nota de Prensa en: http://www.unodc.org/unodc/es/press/releases/2012/June/unodc-chief-calls-for-health-development-and-rights-based-approach-to-drug-problem.html.

11       Véase el más reciente World Drug Report 2012 en: http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2012/Executive_summary_spanish.pdf.

12       Un cuadro al respecto es presentado por el estudio mencionado por el ONUDC.

13       Ver Bernardo Kligsberg en Mitos y realidades sobre la criminalidad en América Latina: Algunas anotaciones estratégicas sobre cómo enfrentarla y mejorar la cohesión social (FIIAPP, Guatemala 2007).

14       Para una sistematización de este debate ver “Seguridad humana: el cruce entre la seguridad y el desarrollo” de Karlos Pérez de Armiño en: De los derechos y de la seguridad humana de tod@s o de nadie (PTM-Gakoa, Bilbao, 2006)

15       Ello implica rechazar las confusas y satanizadoras campañas del tipo «Coca igual corrupción y violencia» o «A la droga dile no», permitidas por DEVIDA y promovidas por CEDRO y la Alianza para un Perú sin Drogas.

16       La disminución de cultivos con fines ilícitos sin erradicación y fumigación debe ser una consecuencia y no una precondición para el desarrollo. O, como sostiene la misma UNODC en un informe: “La erradicación de los cultivos de drogas ilícitas en los establecimientos de los campesinos que carecen de alternativas viables socava el desarrollo.” (p. vii): http://www.unodc.org/pdf/Alternative_Development_Evaluation_Dec-05_S.pdf

17       Véase: http://www.drugpolicy.org/about/keystaff/ethannadelma/

18       Véase: http://www.idpc.info/php-bin/documents/IDPC_UngassNews_v6_Jan09_EN.pdf