por: Tatiana Dalence Montaño
Las políticas públicas nacionales no debieran buscar la aprobación internacional ya que el cumplimiento de los compromisos internacionales se los hace a voluntad y no por disposición de algún país o el deseo de congraciarse con otro país.
Los cambios en la política nacional, a partir de 2006, empiezan a demostrar los logros, ya que estos no son inmediatos sino más bien productos de mediano y largo plazo que además deben tener sostenibilidad.
El incremento en la producción de cocaína no debe relacionarse mecánicamente con el incremento en la producción de la hoja de coca, y su incremento no se debiera analizar, como corte, desde el año 2006 porque existen factores externos que también hacen parte de esta problemática.
El incremento en la producción de hoja de coca se ha considerado como una debilidad de la política antidrogas del gobierno de Bolivia,
Pese a que el crecimiento ha sido sostenido en los años 2009 y 2010, este año se ha logrado disminuir, aproximadamente 12%, la producción de hoja de coca (Ver gráfico).
El abordaje al problema mundial de las drogas está relacionado con los compromisos internacionales que se centran en las convenciones de las Naciones Unidas:
- Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes (1961), modificada por el Protocolo de 1972;
- Convención de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas (1971); y
- Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988).
Bolivia, protesto la Convención del 61, su re-adhesión está sujeta a una observación, sobre el acullico de la hoja de coca
En otros compromisos asumidos en las relaciones multilaterales, regionales o subregionales y/o bilaterales como con la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas de los Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unidad de Naciones del Sur (UNASUR) o la Comunidad Andina (CAN).
Cómo y quiénes califican a Bolivia en su quehacer contra las drogas
Cada año, la Junta Internacional de Fiscalización sobre Estupefacientes (JIFE) difunde un informe anual, que se publica a principio de año, en este se comenta, califican las acciones y se emiten recomendaciones, se recordará que los últimos cinco años estas recomendaciones han llegado a abordar el akulliku y el consumo de mate de coca.
El JIFE es un órgano independiente y cuasi jurídico compuesto por 13 miembros que supervisa el cumplimiento de los tratados de fiscalización internacional de drogas por parte de los gobiernos y presta apoyo a estos en ese ámbito. La JIFE tiene entre sus objetivos:
- Garantizar que las drogas se destinen a fines médicos y científicos
- Impedir su desviación hacia canales ilegítimos
- Establecer límites máximos aplicables a las cantidades de estupefacientes que los países necesitan para fines médicos y científicos.
- Organizar misiones de investigación y visitas técnicas en los países que sufren el problema de la droga
La Oficina de la Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), en junio emite un informe sobre las drogas a nivel mundial y también aborda el cumplimiento de los países.
En Bolivia, Colombia y Perú entre junio y julio por lo general (a excepción de los años 2011 y 2012) se publican los informes d Monitoreo de Cultivos de Hoja de Coca, los que comentan la situación de la hoja de coca en cada país, con estos informes Bolivia recibe una asignación entre el primer y tercer puesto en relación a la producción de hoja de coca, y se infiere a la oferta potencial de clorhidrato de cocaína.
Entre marzo y septiembre Estados Unidos, califica los avances en materia de drogas y derechos humanos.
En los últimos cuatro años los informes del Departamento de Estado (International Narcotics Control Strategy Report, 2009 al 2012) emitidos en marzo de cada año (http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2012/vol1/184098.htm#Bolivia) y en las presentaciones al Congreso, en septiembre de cada año, el Presidente de los Estados Unidos anunció consecutivamente que el Gobierno de Bolivia ha “fracasado demostrablemente” al no hacer los esfuerzos suficientes para cumplir con sus obligaciones a los convenios antidrogas.
En estos informes se califica al Gobierno, y ubica a los países en listas separadas a quienes cumplen y a quienes no lo hacen, en los últimos años a Bolivia le ha tocado estar en la “lista negra”, porque no cumple además de la certificación o descertificación
Estas calificaciones, como repercusiones para el país, económicamente no ha sido un freno, socialmente no han generado un problema con el sector de productores de hoja de coca, a nivel mediático puede que tenga un efecto de desprestigio, internacionalmente.
UNASUR y la CAN no emiten evaluaciones. Al parecer las evaluaciones y calificaciones que se hacen al país han dejado de ser objetivas en relación a los logros obtenidos por las políticas que se vienen implementando y que han logrado, principalmente:
Mantener una paz social,
Establecer espacios de diálogo con los productores,
Implementar una política, propia, con presupuesto local, y
Contar con participación de la cooperación internacional, basada en el respeto y la soberanía.
Seguramente hay una serie de aspectos en este abordaje que deben ser mejorados o deben ser considerados, ya se ha iniciado, si bien los logros en la disminución en la producción de hoja de coca son admirables, estos conlleva un esfuerzo del país tanto en lo económico como en lo social, así como en aspectos de la interdicción, las incautaciones y la destrucción de fabricas y pozas son llamativas.
Debe recordarse que el sector de cocaleros, reaccionaba a las políticas al ser los directos afectados, actualmente son parte de la política y son sujetos activos.
Como esta tarea es amplia, queda pendiente el abordaje en el control de precursores, la incorporación de la marihuana en los planes de erradicación, el monitoreo y/o detección de esta.
Ahí no termina el problema mundial de las drogas, el país tiene una deuda con quienes consumen y con quienes no se quiere que consuman. No se sabe cuántos consumen y qué sustancias son las de mayor consumo.
Estas no son tareas fáciles, pero son responsabilidades que no se pueden eludir, sobre todo cuando existe una legislación que le da obligaciones al Estado, la población beneficiaria no calificara como lo hace la JIFE, el Departamento de Estado o la UNODC, pero sentirá la mejora en su calidad de vida cuando pueda acceder a Centros de Tratamiento acreditados, estos tengan protocolos validados, es esta la parte del compromiso nacional que debe también ser importante y debe recibir atención y por lo tanto presupuesto.
El mirar el problema a través del consumo ayudara, también, a tener una personalidad en este abordaje, si ya se ha cambiado a nivel estructural es necesario que se evidencie el detalle, que no gane el consumo, el poli-consumo o el vacío de datos, todavía existen retos y pendientes en el abordaje al problema mundial de las drogas.
Se espera que este año también se erradiquen/racionalicen otras 10 mil hectáreas, se continúe con el ritmo que tiene en las incautaciones y destrucción de fabricas y pozas, y se incorporen mejores mecanismos de control de precursores así como programas de prevención y tratamiento del consumo de drogas para que se pueda hablar de una política sostenible.
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