noviembre 29, 2020

Una lectura política del caso: “red privada de extorsión” Las herencias nocivas de lo viejo

La desarticulación de una red privada de extorsión ha puesto de manifiesto los grandes problemas que enfrenta el proceso de cambio en el tránsito del Estado colonial al Estado Plurinacional. Las lógicas y prácticas todavía se resisten a morir y, peor que eso, abren el riesgo de contaminar a lo nuevo que está naciendo.

La desarticulación de una red privada de corrupción y extorsión judicial que operaba mimetizada y encubierta desde al menos tres Ministerios del gobierno boliviano (Presidencia, Gobierno y Transparencia), ha puesto en evidencia las dificultades y amenazas que enfrenta el proceso de transición del viejo estado monocivilizatorio y liberal hacia el nuevo Estado Plurinacional y comunitario, pero también ha confirmado la radical diferencia que existe al momento de enfrentar la corrupción entre los que gobernaron durante dos décadas de neoliberalismo y el liderazgo de Evo Morales en estos siete años de Revolución Democrática y Cultural.

Por lo tanto, el análisis de los orígenes y alcances de esta red de extorsión y corrupción se lo debe hacer desde dos dimensiones que se inter-relacionan: la estructural y el hecho delictivo propiamente dicho.

Vayamos por partes

Desde el punto de vista de la dimensión estructural, el punto de partida es no dejar de considerar que el Estado es una relación social. Esto quiere decir que el Estado es un campo de disputa entre clases sociales y/o bloques sociales a los cuales les son inherentes sistemas de creencias, símbolos y prácticas políticas. Unas apuestan a reforzar las relaciones de dominación y otras a caminar hacia la emancipación.

Otra consideración no menor es que la construcción de una nueva estatalidad se está haciendo no solo desde las entrañas del viejo orden estatal, sino de forma paralela. Es decir, que por las condiciones en las que se está desarrollando la revolución boliviana, la construcción de un nuevo Estado requiere tiempos políticos mayores de los que tendría si la vía hubiera sido distinta.

Por lo tanto, otra consideración final es que a pesar de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en enero de 2009, la realidad concreta -cruda como es-, muestra las grandes complejidades que acompañan a la construcción de un Estado Plurinacional, como expresión de la hegemonía -no siempre lineal- de un nuevo bloque en el poder.

Un primer dato de esa complejidad es que las estructuras (organización técnica) de los distintos órganos del poder (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral) no han experimentado mayor variación respecto del pasado. Los criterios de organización y trabajo de los Ministerios (la MAE, los viceministerios, direcciones y unidades), de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Cámara de senadores y cámara de Diputados, comisiones y otros) y del Órgano Judicial (cortes superiores de distrito y otros) mantienen las formas que tuvieron siempre.

Esto significa que el nuevo bloque en el poder -que conduce a caracterizar este proceso como una revolución política- ha instalado un nuevo sistema de creencias y de estructuras simbólicas y discursivas radicalmente distintas a las del pasado, pero que está en constante contradicción con viejas formas de organización y de funcionamiento estatal. Si bien el viejo bloque en el poder ha sido desplazado, aún permanecen arraigadas sus lógicas y prácticas (la manera de concebir y organizar el mundo, el poder, la cotidianidad, etc.).

Está claro que la organización y función técnica del Estado representan envolturas ideológicas de la naturaleza de clase y condición colonial del estado. Por tanto, la presencia de esas lógicas y prácticas del pasado son una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de los conductores del proceso. Los cambios en la manera de pensar y actuar no se logran en pocos años, más aún en las condiciones en las que se produjo y se desarrolla la revolución más profunda de la historia boliviana.

Un segundo dato de la complejidad es que el proceso de cambio, casi de manera similar a los registrados en Venezuela y Ecuador, no es el resultado de la conducción de un partido y de una clase social universal predestinada, tal como cierto marxismo de capilla y los manuales de ladrillo afirmaban con una mirada bastante reduccionista y, porqué no decirlo, colonial de la formación social boliviana. La revolución es más bien un reflejo concreto de la particular articulación entre un bloque indígena-campesino-popular y el indiscutible liderazgo social y político de Evo Morales.

Esto tiene ventajas, pero también limitaciones. Las ventajas se condensan en que las formas sindicato, comunidad y movimientos sociales han quebrado uno de los principios ordenadores de la modernidad: la separación entre la lucha social y la lucha política estratégica. A diferencia de lo que pasa en los sindicatos urbanos (donde los “ciudadanos” se radicalizan por la izquierda en la lucha reivindicativa pero dan su voto a los partidos de la derecha), el bloque indígena-campesino actuó desde la izquierda en la lucha social y desde la izquierda en la lucha política, aunque progresivamente, a partir de mediados de los 90, cuando dio a luz a su Instrumento Político. En ese sentido superó la forma partido.

Las limitaciones se encuentran, sin embargo, en que esas formas no partidarias de organización de la lucha política (sindicato, comunidad y movimientos sociales) no parecen aportar, al menos en función de las exigencias del proceso, una cantidad de cuadros revolucionarios con alta capacidad de conducción y formación técnica, como para sustituir rápidamente a los gestores hechos a imagen y semejanza del viejo estado capitalista y colonial.

Un tercer dato de la complejidad es que la redefinición en la relación entre Estado y Sociedad Civil no se desarrolla a un mismo ritmo y más bien refleja avances y retrocesos. A momentos se produce una relación de correspondencia armoniosa entre el gobierno y su principal base social, que juntos configuran el nuevo bloque en el poder, pero también hay momentos de desencuentros (relaciones de correspondencia no armoniosa) que producen desaceleraciones y peligros.

En los momentos de articulación la revolución no solo que avanza a mayor ritmo, sino que se encuentra más protegida por el protagonismo social en el proceso de construcción del nuevo poder. Los movimientos sociales están más vigilantes, quizá a veces cometiendo excesos, pero cuidando celosamente su revolución y su oportunidad histórica para avanzar hacia la emancipación plena (ser humano y naturaleza).

En los momentos de desarticulación, ya sea propiciado por la tecnocracia estatal o por el retorno de los sectores sociales a sus particularismos, se abren condiciones favorables para la reproducción de las seniles prácticas que acompañaron a un estado viejo que no termina de ser desmantelado.

Un cuarto dato es el desencuentro, que por lo general existe en toda revolución en sus primeros años, entre el ímpetu revolucionario de su núcleo hegemónico para “tomar el cielo por asalto” y los que conducen ese aparato del Estado, donde la burocracia tiene un papel central.

La experiencia histórica muestra que al “tomar el poder”, por la vía que la situación concreta aconseje, las clases subalternas -elevadas a la categoría de bloque dominante, por parafrasear a Marx-, no cuentan con un alto porcentaje de hombres y mujeres capacitados para gestionar y mucho menos transformar el Estado. De ahí que el nuevo bloque en el poder se ve obligado a recurrir a los funcionarios del viejo estado para encarar los desafíos de la gestión y, por lo tanto, no solo asume una posición de tolerancia frente a sus prácticas, sino también abre el riesgo inevitable de que lo nuevo sea contaminado por lo viejo. No es extraño que, bajo ciertas circunstancias, la nueva burocracia -necesaria en todo Estado-, termine contaminada por las prácticas del pasado y devenga dando paso al burocratismo.

Este desencuentro entre los que “toman” el poder político y una parte de los que “gestionan” el aparato del estado -principalmente ubicados en sus mandos medios-, es lo que explica muchas veces los grandes frenos al desarrollo de una revolución e incluso los riesgos de su estancamiento y muerte. Han sido varias las veces en que el presidente Evo Morales -que corre a más de 100 kilómetros por hora y visita al menos cinco municipios por día- ha expresado su disgusto por decisiones y ordenes que se toman en gabinete, pero que no se cumplen o se demoran en su ejecución.

Una revisión más o menos mediana de las causas que demoran el cumplimiento de programas, proyectos y planes conduce a la posición técnica de muchos servidores públicos que, amparados en normas de gestión adecuadas para un estado distinto del que se quiere construir, colocan obstáculos para la materialización de decisiones políticas orientadas a romper el viejo orden.

Un quinto dato es el estado de descomposición en que está la administración de justicia en el país. La elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional por voto popular en septiembre de 2011 ha sido un salto cualitativo respecto del pasado (cuando cinco personas elegían a los magistrados), pero es absolutamente insuficiente frente al enorme desafío que se tiene en el presente y el futuro para garantizarle una justicia de calidad a la gente.

El campo de la justicia en el país es el que más atraso experimenta en los cambios estructurales y hay bastantes elementos como para afirmar que en sus venas todavía circulan los genes y células con cualidad colonial que han caracterizado al Estado boliviano desde su fundación. La mercantilización y la presencia de prácticas extorsivas, abiertas y encubiertas, es lo que predomina en ese campo frente a las renovadas corrientes de hombres y mujeres que luchan en su seno para cambiarlo radicalmente.

En síntesis, en el comportamiento de las sociedades y los estados no hay casualidades. Lo que se ha puesto de manifiesto con el caso de la red de extorsión desarticulada por el gobierno, es el camino minado por el que transita la revolución boliviana, pero al mismo tiempo la irrebatible voluntad del presidente Morales de no retroceder en la lucha contra la corrupción.

La corrupción, entendida en su acepción más amplia, como un proceso de descomposición, es el rasgo característico del viejo orden estatal y la revolución no puede menos que proponerse su derrota.

El hecho concreto

 

Mucho se ha dicho en los últimos días sobre la desarticulación de una red privada de extorsión y corrupción. La oposición no ha perdido el tiempo en reeditar la estrategia de aprovechar cualquier oportunidad para desgastar al gobierno y llevar agua a su molino.

Sin embargo, una mirada a la posición de los gobiernos que surgieron dentro de la democracia representativa permite establecer algunas conclusiones contundentes:

Primero, no existe antecedente alguno desde 1982 (cuando por voluntad de la mayor parte de los bolivianos recuperaron las libertades democráticas) hasta 2005 (fin de dos décadas de neoliberalismo) de que un gobierno haya denunciado y desarticulado bandas o redes de corrupción en el ejercicio de su mandato.

Los casos que se conocieron siempre fueron después de que un partido o coalición electoral dejara su condición de gobierno. Los presuntos “narcovínculos” del mirismo fueron denunciados en el gobierno del MNR, el asesinato de los militantes de la Comisión Néstor Paz Zamora durante la gestión de Paz Zamora han quedado en la impunidad, la corrupción en la venta fraudulenta de las empresas estatales y la extorsión del entonces ministro Alfonso Revollo a un empresario de la banca producidos en la administración de Sánchez de Lozada fueron denunciados por la oposición mirista que luego archivó los informes para co-gobernar en el segundo mandato del líder del MNR (2002-2003).

Segundo, a diferencia de esas prácticas de encubrimiento y complicidad del pasado, el presidente Evo Morales no solo ha procedido a dignificar la política destapando esos hechos de gobiernos anteriores, sino que viene actuando implacablemente en los casos de corrupción que se registran en el proceso de cambio.

Tercero, la desarticulación de la red privada de extorsión no es el resultado, por lo tanto, de una denuncia de la oposición partidaria, ni de la oposición mediática que no pierde la oportunidad de querer aprovechar cualquier problema que enfrenta el proceso de cambio y su conducción estatal.

Cuarto, lo que se ha desmantelado no es una red gubernamental de extorsión sino una red privada de extorsión, integrada por no más de media docena de personas que se articulaban en casos específicos y actuaban por la solitaria en otros, según se desprende de la lectura de los hechos.

Se trata de funcionarios públicos que aprovechando su condición de tales se dieron a la tarea de desarrollar prácticas extorsivas contra personas acusadas de cometer delitos contra la seguridad del Estado y, si las denuncias se confirman, incluso en casos típicos de dominio privado. Junto a ellos, fiscales y jueces.

Quinto, los involucrados en esta denuncia no tienen militancia conocida en el MAS o en algún partido de izquierda. Se trata de personas que se han incorporado a la burocracia estatal antes de que Evo Morales asumiera la conducción del Estado en enero de 2006, producto de una victoria político-electoral sin precedentes.

Sexto, no ha sido la intervención de la embajada de Estados Unidos, ni de la agencia de inteligencia estadounidense FBI ni las visitas de congresistas de ese país o la presencia de un actor de cine lo que destapó el caso de extorsión y corrupción. Ha sido una decisión soberana del gobierno boliviano y el resultado de una tarea investigativa del Ministerio de Gobierno.

En conclusión, la desarticulación de la red privada de extorsión y corrupción es una iniciativa del presidente Morales y el gobierno. Es otra de las radicales diferencias con el pasado.

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