octubre 20, 2020

Salud, educación y subvenciones estatales

por: Ernesto Castillo

A solo un par de meses de mayo y las rutinarias marchas de la COB por un incremento salarial mayor a la tasa de inflación anual, que este año se espera no sea mayor al 5% en relación al año pasado, es útil reflexionar un poco acerca de cómo se está utilizando la bonanza económica de los últimos seis años.

Partamos del hecho de que Bolivia es un país que depende casi enteramente de la exportación de materias primas, cuyos precios no han parado de crecer en los últimos seis años, resultando en una bonanza económica sin precedentes en nuestra historia. Los impuestos y la exportación de productos con valor agregado aún son una muy pequeña porción de nuestros ingresos.

No obstante y gracias a ello, Bolivia pasó de ser un país con un déficit fiscal enorme de casi 6% de su PIB que lo ponía a merced de organismos internacionales como el BM o el FMI, a una nación de naciones con superávit fiscal que se mantuvo sostenido durante estos últimos seis años en un promedio de 2,5% anual, además de una acumulación de Reservas Internacionales Netas realmente alta.

Este crecimiento inusitado de los ingresos del Estado se tradujo en una política redistributiva a través de bonos que han logrado, de acuerdo a las últimas declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, reducir la brecha entre ricos y pobres en 60 veces. Algo que s nota en vista de la reducción de la pobreza extrema, dato admitido y corroborado por organismos internacionales como la CEPAL o el BM.

Y aunque el pensamiento económico neoclásico atribuya estos logros del gobierno de Morales a la simple y llana suerte de haber asumido la presidencia justo a inicios de esta bonanza sostenida por la economía china, es claro que la política de nacionalización de los hidrocarburos influyó en el incremento de las ganancias que percibía el Estado frente a las transnacionales que explotaban recursos naturales como los hidrocarburos.

No obstante, muchas de las críticas que algunos analistas económicos dirigen contra el gobierno no son carentes de fundamento. Una publicación de la fundación Milenio a inicios de este mes titulada “La economía en el vecindario” parece dar cuenta de que no fue sólo Bolivia la que se benefició del alza de los precios de las materias primas en los últimos años, sino toda Latinoamérica (incluyendo a países donde no hubo cambios políticos sustanciales), en especial aquellos países más dependientes de la exportación de materias primas.

Hay tres observaciones durante las primeras páginas de la publicación que merecen ser tomadas en cuenta. La primera es que, a pesar del aumento del valor en las exportaciones por concepto de materias primas, los volúmenes de exportación no aumentaron al mismo nivel, a diferencia de Paraguay, que mostró un crecimiento positivo tanto en valor como volumen de exportaciones.

La segunda es que Bolivia no pudo atraer Inversión Extranjera Directa en las proporciones que lo hicieron países como Chile, Perú, Brasil o México. No obstante, es muy probable que la atracción de IED no sea una prioridad para el gobierno de Morales, que de todos modos pudo mantenerla en niveles suficientes como para asegurar la explotación de las reservas de gas existentes e incluso la exploración de otras nuevas.

Y la tercera es que a pesar del crecimiento económico del PIB de casi 4% anual (crecimiento medio en comparación con otros países de la región como Perú, Argentina y Uruguay que fue arriba del 6%) y la reducción del desempleo en casi un 9%, Bolivia no ha logrado aumentar el valor real de los salarios, cuyo poder adquisitivo se ve afectado negativamente por las tasas anuales de inflación.

Lo que nos lleva a reflexionar sobre algo que los economistas conocen como “enfermedad holandesa”, un síndrome que se caracteriza por el aumento de los ingresos por exportación de materias primas al mismo tiempo que altas tasas de inflación y un aumento del empleo en sectores no transables (es decir no exportables o productivos).

Es el último aspecto el que más nos preocupa, puesto que es sabido por todos que el aumento de la informalidad laboral ha pasado a comprender a siete de cada diez trabajadores, lo que quiere decir que más del 60% de la población económicamente activa está atrapada en empleos sin ningún beneficio social, estabilidad o mínima productividad.

Un panorama laboral que frustra las esperanzas de muchos jóvenes que desean encontrar un empleo estable, productivo y que habrá posibilidades para su realización personal, puesto que la mayor parte del sector informal se caracteriza por empleos rutinarios, alejados de la ciencia o el arte, más cercanos a un chofer de autobús o a un cuentapropista.

Y así, a pesar del boom económico que nos permiten las materias primas, la formalización del empleo y el aumento de la productividad son aún retos inmediatos para la economía boliviana. Sin embargo, debemos admitir que la informalidad es un problema que preocupa a casi toda Latinoamérica, incluso a países como Cuba, que ha liberado su economía a la libre iniciativa de sus individuos, con el peligro de caer justamente en este problema.

De todos modos, no está demás señalar algunos defectos del actual modelo fiscal. En primer lugar, aunque las políticas redistributivas de bonificaciones a la población más vulnerable han incidido positivamente en la reducción de la pobreza extrema, no dejan de ser medidas con muy poca sostenibilidad en el tiempo, aun así los precios de las materias primas se mantengan estables durante los próximos años.

Las reformas de los sistemas de salud y educación son, en este sentido, una prioridad que seguramente dará mucho para reflexionar una vez que se ponga en marcha la planificación de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025. En el caso de la salud tenemos un sistema disperso demográfica y socialmente, dependiente tanto del Estado, como del sector privado e incluso de la Iglesia y la cooperación internacional. Un sistema único de salud, por muy resistido que sea por los sectores de ingresos medios y altos de la sociedad, es urgente.

Lo mismo va para la educación, que necesita más que bonos para reducir la deserción escolar. Empezando por otras políticas como la sanción penal a las familias que permitan a sus hijos no asistir regularmente a la escuela. Además de una completa renovación del sistema universitario, que debe dirigirse más hacia la investigación y la producción de profesionales necesarios para el Estado, antes que consumir grandes cantidades del IDH en sus sectores administrativos y docentes.

Finalmente, ahora que estamos cerca de mayo, no está de más considerar algo que en la literatura sobre el Estado corporativista se conoce como “salario social”. Es decir, que ante la imposibilidad de aumentar el poder adquisitivo del salario nominal (la propuesta de un aumento de casi 6 mil Bs. de la COB es poco seria) se podría compensar dicho poder adquisitivo con servicios sostenidos en gran parte por el Estado, sobre todo en sectores como transporte, educación, salud y alimentación.

La actual bonanza de los hidrocarburos hace posible pensar en estas alternativas que se complementan mutuamente.

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