La India cuenta con varias mujeres en importantes cargos políticos, tal el caso de la ex presidenta Pratibha Patil, la líder del gobernante Partido del Congreso, Sonia Gandhi, y la presidenta de la Cámara de Representantes del Parlamento, Meira Kumar. También la líder de la oposición Sushma Swaraj del BJP, es mujer.
Según el Informe Mundial sobre la Brecha de Género del Foro Económico Mundial (WEF), el país de Gandhi ocupa el lugar número 24 en una lista de 134 países ordenados por mayor participación política de mujeres. Sin embargo, ésta destacada posición no se refleja en mejoras para las mujeres en la educación, salud, en la inclusión en el mercado de trabajo, ni en una vida libre de violencia.
Casi un tercio de los 1.300 millones de habitantes de India están gobernados directamente por mujeres. Tras las elecciones del 2011 en algunos Estados, dos mujeres más ocuparon cargos políticos importantes, como gobernadora de Bengala Occidental Mamata Banerjee y Jayalalithaa Jayaram en Tamil Nadú, un estado al sur con más de 72 millones habitantes. El estado más poblado de India, Uttar Pradesh, con casi 200 millones de habitantes, tenía como gobernadora a Mayawati. También la capital india, Delhi, con sus casi 17 millones de residentes, está gobernado por Sheila Dikshit.
De esa manera, alrededor de 380 millones de habitantes, cerca de una tercera parte del segundo país más poblado del mundo, está directamente gobernado por mujeres.
El gobierno de la coalición Alianza Progresista Unida adoptó una cuota de 50 por ciento de los cargos electos en los consejos rurales y los municipios urbanos para las mujeres. Estos avances son destacables para un país cuya política siempre ha estado dominada por hombres.
Sin embargo, la participación política de las mujeres no garantiza por sí sola la mejora para la vida de las mujeres. No basta con ser mujer para luchar por los derechos de las mujeres. En ese sentido, es fundamental el control social de las mujeres que están siendo representadas por otras mujeres para que reivindiquen y trabajen por mejorar sus vidas y agendar sus derechos. Paralelamente son fundamentales mecanismos y políticas públicas que garanticen la igualdad y equidad de oportunidades en la educación, salud, trabajo y en la vida integral de las mismas.
Cabe remarcar que la discriminación y violencia contra las mujeres en India comienza antes de su nacimiento, posteriormente las niñas son las que realizan las tareas más duras; luego o bien son vendidas para la prostitución o casadas a cambio de dinero.
El pago de la dote —tradición India, que no es más que una compra de la esposa— implica que las familias mas pobres lleven a cabo el llamado feticidio de sexo femenino, o aborto selectivo de las mujeres. Desde 1996 existe una ley que prohíbe las pruebas de determinación de sexo en las ecografías. Sin embargo, es común que se procure confirmar el sexo del bebé con otros motivos. La exigencia de dotes elevadas también ha provocado un aumento de los casos de “burning wives” para deshacerse de aquellas esposas cuyas familias no pueden pagar, el marido o sus familiares, incendian con gasolina sus saris, alegando un accidente doméstico.
Las esposas, además de cargar con la subsistencia de la familia se enfrentan a la prohibición de usar métodos anticonceptivos que las obligan a tener un hijo cada uno o dos años desde una juventud muy temprana.
Toda esta situación explica porque la India es uno de los pocos países del mundo en el que el número de mujeres es inferior al número de hombres y por qué la esperanza de vida femenina es tan baja. Así las malas condiciones de vida, la pobreza, al entorno familiar discriminatorio, el infanticidio femenino se suma a la ausencia de mujeres comprometidas que luchen por sus derechos en el Parlamento y diferentes órganos gubernamentales.
Por su parte, el gobierno indio ha creado el primer juzgado especializado en violencia contra la mujer y una nueva ley contra la violencia sexual. La nueva ley incluye algunas mejoras al sancionar como delitos ciertas formas de violencia que todavía no estaban incluidas como los ataques con ácido y el acoso sexual. También elimina la exigencia de un permiso gubernamental para poder llevar a juicio a funcionarios acusados de violación.
A pesar de estos avances, la nueva ley no elimina totalmente la inmunidad de los miembros de fuerzas de seguridad que cometan violaciones, y sigue permitiendo la violación dentro del matrimonio, que se considera delito sólo cuando los cónyuges viven separados. Además, dado que el matrimonio está permitido a partir de los 15 años, la violación de menores de edad dentro del matrimonio sigue quedando impune.
Además son continuas las agresiones sexuales hacia las mujeres de castas inferiores, dalit o «intocables» y adivasi, por parte de hombres de castas superiores, como brahamanes o rajputs, además de mahometanos. La violencia hacia empleadas de la casas, normalmente, dalits, por parte de otras mujeres de estas castas superiores llega hacia la violencia extrema y a un régimen de servidumbre completamente medieval. El Estado no ofrece a estas castas inferiores protección, sufriendo discriminación tanto racial como sexual.
La terrible agresión que sufrió Amanat, (nombre ficticio) de una mujer de 23 años que fue violada y torturada por un grupo de hombres, falleciendo posteriormente por las graves lesiones provocadas, logro movilizar a miles de personas contra la violencia, exigiendo más seguridad para las mujeres y denunciando la inacción de la policía.
A pesar del llamado de atención internacional, diariamente se siguen escuchando los gritos de horror de mujeres y niñas indias que siguen siendo victimas de violaciones, abusos sexuales y feminicidios.
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