Conforme transcurren los días, la Central Obrera Boliviana (COB) va dejando en evidencia la falta de una estrategia única de carácter sindical. Todo lo contrario, lo que pone de manifiesto es la disputa en su interior de proyectos políticos que apuntan a aprovechar la movilización entorno al tema de la jubilación para llevar agua a su molino.
Es decir, a diferencia del sentimiento mayoritario de los trabajadores de base, que aspiran a lograr una buena renta al momento de su jubilación, lo que está haciendo un grupo reducido de activistas políticos es maximizar sus esfuerzos por colocar en la escena una agenda política que desplace a un lugar secundario la reivindicación que dio origen a la protesta.
La apuesta de esos grupos radicalizados es que la siguiente semana se registre en el país un escenario de golpe de estado como ocurrió el año pasado, para lo cual requieren de un motín policial que hasta el momento no han podido organizarlo ni desarrollarlo.
Por un lado está el esfuerzo de una corriente de izquierda para involucrar a los policías de base en la protesta, con el objetivo de derrocar al gobierno. Esta corriente parte de la premisa de que la movilización urbana, sumada a la presencia de trabajadores mineros con dinamita y maestros rurales en la ciudad de La Paz, agravaría el ambiente en los siguientes días hasta tal extremo de que crearía condiciones favorables para un desenlace insurreccional.
La situación es tal que el propio dirigente de la COB, Juan Carlos Trujillo, ha decidido curarse en seco al declarar que la máxima organización sindical no se prestará a un golpe de Estado.
De otro lado están los promotores —todos extranjeros— del Partido de los Trabajadores, cuyo congreso de fundación está previsto para el 24 de mayo en el distrito minero de Huanuni. Entonces, para estos activistas, la idea es salir con una victoria de la actual movilización de la COB o mantener un ambiente de movilización activo durante su reunión partidaria.
En medio de ambas tendencias de esa izquierda está la propuesta, no escuchada por la mayor parte de los trabajadores, de tomar los aeropuertos de Santa Cruz y Beni. Aunque no existe una clara idea de la filiación política de los que impulsaron ese planteamiento, orientado a “tumbar” al gobierno —tal como ha señalado un dirigente sindical cruceño—, es altamente probable que se trate de activistas de ultraderecha que en 2008 llevaron adelante similares tácticas no democráticas para desestabilizar al gobierno de Evo Morales.
Como se pueda constatar, la lógica predominante en muchos dirigentes es más política que reivindicativa, en un contexto político caracterizado por el trabajo de los partidos en la perspectiva de las elecciones generales de 2014.
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