septiembre 27, 2021

Los derechos de los y las migrantes

La movilidad es una característica del mundo actual. Los mercados mundiales integrados y los progresos en las tecnologías de comunicación y trasporte contribuyen a mayores movimientos de migrantes a nivel global.

La estructura social y demográfica del mundo industrializado ha dado lugar a una demanda de trabajadores/as y profesionales de otros países. La migración en gran escala con fines laborales presenta en algunos casos la vulneración de derechos, fundamentalmente de las mujeres que migran en varios países del norte.

En Bolivia, alrededor de 2,5 millones de la población ha migrado al exterior e internamente la migración sigue en aumento. La aplicación de la Ley No 370 de Migración, promulgada recientemente es fundamental para proteger los derechos y condiciones de vida de las y los migrantes del país.

Ante la creciente feminización de las migraciones, donde las mujeres representan un 70% de los migrantes de Bolivia, es urgente la implementación de la nueva Ley y la elaboración e implementación de políticas públicas efectivas que permitan superar la vulnerabilidad a la cual se encuentran expuestas por condiciones de trabajo precarias, inseguridad social y violencia.

Representantes de 31 instituciones y organizaciones sociales que trabajan por los derechos de las mujeres en el país a nivel nacional, elaboraron colectivamente propuestas para una Ley de Migración con Perspectiva de Género, para garantizar que la norma promueva los derechos humanos de las personas migrantes teniendo en cuenta las necesidades específicas de las mujeres. De esa manera, según una síntesis de los artículos que contemplan los derechos de las mujeres incorporados en la Ley elaborada por el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, los principales avances y desafíos son: “El Estado garantiza la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, generando las condiciones y los medios que contribuyan al logro de la justicia social, la igualdad de oportunidades, la aplicación de acciones afirmativas y la eliminación de estereotipos contra las mujeres migrantes”. (Art. 2); Contempla como responsabilidad de la Dirección General de Migración, gestionar la información y datos estadísticos migratorios para un correcto diseño de las políticas públicas, asegurando la disponibilidad de indicadores diferenciados por género. (Art. 7); El Estado garantiza a las personas migrantes extranjeras el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, a la salud, a vivienda adecuada, al trabajo, a la seguridad social; a educación, a la reunificación familiar con sus padres, cónyuges, hijos dependientes o hijos mayores con discapacidad; y, en específico a que se prevenga la violencia de género y situaciones de vulnerabilidad que pueda sufrir la mujer por su condición de migrante, entre otros. (Art.12)

Son exentas de la prohibición de ingreso[4] las personas solicitantes de refugio y víctimas de delitos de Trata y Tráfico de Personas, además de las personas extranjeras que demuestren el vínculo familiar hasta el primer grado de consanguinidad, filiación, adopción o tutela legal con personas nacionales, debiendo como consecuencia subsanar los motivos o causas que hubiesen originado la prohibición de su ingreso (Art. 26,); Si en casos de expulsión de persona migrante extranjera en territorio nacional, como efecto de la salida obligatoria se afectaré derechos de las niñas, niños, y adolescentes, la Dirección General de Migración deberá comunicar inmediatamente el caso a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y a la representación consular del país de origen en los casos que correspondan. (Art. 37)

Las trabajadoras y los trabajadores migrantes además de los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado, Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Estado y leyes nacionales, tendrán derecho a no ser sometidos a servidumbre, esclavitud, explotación ni trabajos forzados; a que se prevenga la discriminación de género, la vulnerabilidad de la informalidad, la temporalidad, la brecha salarial con las trabajadoras nacionales, el acoso sexual y acoso laboral por razón de sexo, promoviendo su acceso a redes de información y apoyo social, entre otros. (Art. 49). El Ministerio de Relaciones Exteriores promoverá el respeto y protección de los derechos fundamentales de las bolivianas y bolivianos en el exterior. Las Misiones Consulares atenderán a las bolivianas/os abriendo espacios a denuncias de violación a los derechos, principalmente de las mujeres pudiendo denunciarse el acoso sexual, laboral y otras formas de violencia, en y desde los consulados, garantizando la capacitación y sensibilización del personal consular en los derechos de las mujeres migrantes, a efecto de su remisión a las autoridades competentes. (Art. 57). Las bolivianas y bolivianos que se acojan al beneficio de retorno, podrán presentarse al Ministerio de Educación, para que en función de su experiencia laboral, previa acreditación de la misma, se le extienda un certificado de competencia laboral que le permita acceder a un trabajo. (Art. 62).

Es de esperar que también los países industrializados promulguen leyes que protejan los derechos de millones de migrantes de los países del sur.

Be the first to comment

Deja un comentario