septiembre 23, 2021

Parejas de algunos políticos callan situaciones de violencia

Ante los innumerables casos de femicidios y violencia, se aprobó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre de Violencia promulgada el pasado 9 de marzo, por el Presidente Evo Morales Ayma. La misma es el resultado de la larga lucha de organizaciones de mujeres, asambleístas y activistas que impulsaron el tratamiento y su aprobación.

Está claro que la violencia como núcleo central del poder patriarcal no se podrá erradicar solo por leyes, sin embargo la Ley 348 es un avance que define las bases normativas para poder implementar políticas públicas que lleguen a la vida de mujeres y hombres. Para su implementación es fundamental su socialización y control para garantizar su cumplimiento en todos los niveles de gobierno y los ámbitos de la vida pública y privada.

Uno de los aspectos centrales de la Ley es la concepción de la erradicación de la violencia como prioridad nacional y como un problema de salud pública, desde un enfoque de prevención, protección de las mujeres y la sanción de los agresores.

Reconoce el rol preponderante del Estado para articular acciones en las diferentes entidades territoriales autónomas. Se establecen nuevos tipos penales como el feminicidio, el acoso sexual y la violencia familiar. Además se incorporan como delitos contra las mujeres la violencia económica, patrimonial y la sustracción de utilidades de actividades económicas familiares. Determina que los delitos de violencia contra las mujeres son delitos de orden público, por lo cual la investigación de los hechos, se debe realizar de oficio por el Ministerio Público en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia dependiente de la Policía Nacional.

A pesar de la existencia de esta importante norma, existen varios casos de violencia contra las mujeres donde están implicados políticos y autoridades que deben ser investigados y sancionados como establece la Ley. Las victimas de violencia por parte de algunos políticos y autoridades de diferentes niveles de gobierno se ven obligadas a callar para evitar un escándalo público y por temor al poder de sus esposos. Estas victimas se enfrentan a la disyuntiva de denunciar a su pareja y perder los privilegios económicos y sociales que implica ser la esposa de un funcionario o personalidad pública o quedarse en un silencio cómplice.

Difícil situación por la que atraviesan estas mujeres cuyos agresores son los proveedores familiares y ellas deben seguir a su lado simulando ser parte de una familia feliz por las apariencias y las dádivas que les otorga un poco de poder. Algunas no quieren perder el chofer, la seguridad, la vida social y quizás la popularidad que ofrece a sus vidas un cargo o ser la esposa de „un señor importante”.

Pocas son las mujeres que valientemente rompen el silencio, denuncian y optan por su dignidad y su derecho a vivir una vida sin violencia y sin humillaciones de ningún tipo.

En ese sentido, se debe trabajar mas en las medidas que contribuyan a la prevención de comportamientos violentos, que toleran, naturalizan y reproducen la violencia, en los ámbitos familiar, comunitario, educativo, de salud, laboral y comunicacional de cumplimiento obligatorio.

No se debe olvidar la prohibición de la conciliación, para precautelar la vida y la integridad sexual de las mujeres, sancionando a los funcionarios/as que la promovieran para lograr una efectiva trasformación de las situaciones de inequidad, subordinación y opresión que viven las mujeres, que se expresan en la violencia fáctica y simbólica.

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