diciembre 2, 2020

El retorno de la partidocracia

La insistencia en “enterrar el caso terrorismo” no es un pedido de justicia, solamente los ingenuos y algunos “abogados defensores de oficio” pueden creer semejante sinsentido. Detrás de esta persistente campaña se esconde toda una estrategia política, veamos:

Para nadie es desconocido que en Santa Cruz se creó, a partir de sus autoridades principales, una corriente de opinión para terminar con el gobierno de Evo Morales, todo lo planificado se realizó en ésta secuencia cronogramada.

A saber: primero los discursos encendidos del gobernador Costas, luego la concentración y finalmente las agresiones físicas públicas, la toma de instituciones de representación estatal, el asalto y escarnio público de representantes de la policía nacional y finalmente la separación física con acciones armadas para lo cual se contrataron mercenarios.

La contratación de mercenarios no es difícil en un mundo con diferentes escenarios de guerra creados por el imperialismo, lo difícil es conseguir el dinero para solventar este grupo de mercenarios por el tiempo que dure el conflicto.

Aquí es donde toda las instituciones afines al pensamiento racista se pusieron de acuerdo y formaron una muralla con su torre para conseguir el dinero, las armas y montar toda la logística que ésta empresa requería.

En diferentes grados la mayoría de la élite pública de Santa Cruz se comprometió en este acto de locura colectiva. Solamente la actitud serena del gobierno frenó tamaña afrenta, por supuesto para esto había que terminar con el germen de una milicia separatista, poniendo en práctica lo que señala la Constitución Política del Estado en su Artículo 10 numeral II, que señala:

“Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre estados y se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión que comprometa la independencia y la integridad del estado”.

Y también se puede citar el Artículo 9 en su numeral 2 que dice: “Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe”.

Las anteriores citas definen las tareas del gobierno y protegen el bien común y la integridad del Estado como punto nodal de sus preocupaciones, eso es obrar en consecuencia cuando existen brotes de violencia que ponen en peligro el bien común.

Ahora, ¿a quién beneficia este insistente pedido de “enterrar” el caso de los mercenarios? Sólo existe un gran beneficiado: Juan del Granado, porque todos sus potenciales aliados se encuentran enredados en ese lodazal separatista del 2008.

No existe posible “notable” candidato a Concejal, Alcalde, Diputado, Senador, Gobernador, de su eventual alianza que no se encuentre salpicado por este juicio a los mercenarios. Para no tener una fuga, como la que ya ocurrió, el MSM precisa “limpiar” muchos rostros para pasearlos como “demócratas” y “nuevas alternativas”.

Por supuesto que la élite maltrecha del racismo en Santa Cruz, internamente tiene sus propios objetivos.

En cambio, el Frente Amplio, obra de manera más pragmática, ha logrado rearticular al MIR en sus filas y ya se encuentra en pleno proceso de hacer que funcione el “aparato” con el nombre de “consulta”.

En síntesis, por la angurria de tener un poco de protagonismo político, muchos dirigentes que renegaban de la partidocracia, hoy pretender quebrar una tarea fundamental del Estado que es proteger la integridad territorial y subjetiva de los pueblos que habitan en el territorio.


*    Camilo Katari, es escritor e historiador potosino

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