noviembre 24, 2020

La regulación de las tasas de interés y la gestión de riesgos en el sistema financiero

por: José Auad Lema

Durante la vigencia del modelo económico anterior el riesgo de mercado, es decir el riesgo de la tasa de interés y el tipo de cambio, donde ambas variables dependían de la oferta y demanda, recaía con mayor responsabilidad sobre las entidades financieras y por tanto el Estado, tenía el rol de realizar una supervisión prudencial.

La situación ha cambiado de modo radical con la aplicación del nuevo modelo de economía plural, social y comunitaria. Ahora, tanto la fijación de la tasa de interés como del tipo de cambio, no los realiza la libre oferta y demanda, por tanto, la gestión del riesgo de mercado, sin que deje de ser una responsabilidad de las entidades financieras, pasa a ser una mayor responsabilidad del Estado.

El funcionamiento del sistema financiero es altamente sensible a la fijación de tasas de interés porque tiene un efecto directo sobre sus ingresos (tasa activa), sus costos (tasa pasiva) y por tanto, en su rentabilidad y sostenibilidad.

Tanto es así, que si no hay una fijación adecuada del nivel de la tasa de interés, al punto que disminuya la rentabilidad de las entidades financieras y su capitalización, puede ponerse en duda su solvencia y sostenibilidad en el largo plazo.

Hasta el momento el Estado ha realizado la regulación de la tasa de interés de los créditos dirigidos a la vivienda social, dando el mensaje que los créditos hasta ese momento colocados con tasas variables, en los casos que corresponda, pueden ser renegociados entre las entidades financieras y sus clientes, en los márgenes establecidos por la nueva norma o en su caso, pueden ser comprados por otras entidades.

Sin dudas que es una norma muy bien intencionada y que desde luego beneficiará a un sector de la población. Sin embargo, es bueno advertir algunos aspectos.

Aparentemente los topes de tasas fijadas para este propósito, estaban cerca de las tasas que estaban vigentes en el mercado, particularmente en los bancos tradicionales y las entidades financieras de vivienda (mutuales) más grandes, y por tanto, se espera que los efectos para esas entidades financieras no sean muy relevantes, al menos en el corto plazo.

Un primer aspecto a tener cuidado por parte de nuestras autoridades, es aquel que si en el mediano plazo el nivel de inflación es mayor al que se ha tenido en los últimos años y, si hay una devaluación del boliviano frente al dólar americano, las instituciones financieras se verán afectadas si acaso el Estado no sube el nivel de la tasa de interés, pues de no hacerlo la posibilidad de un riesgo de carácter sistémico estará presente.

Si nos concentramos en el corto plazo, donde la situación del entorno no se modificará, es bueno advertir algunos otros aspectos. La fijación de la tasa de interés para vivienda social tiene una lógica inversa a la lógica financiera tradicional, es decir, que fija una tasa menor para los créditos de menor tamaño, cuando técnicamente lo aplicable es una tasa menor a créditos de mayor tamaño. Ahora bien, se entiende que la intencionalidad de fondo es la de beneficiar con una tasa menor a la población de menores recursos que demandaran créditos más pequeños.

Por el momento, toda la atención está puesta en cuantos créditos bajo las nuevas condiciones la banca y otras entidades financieras están colocando y todo parece indicar que hay un volumen creciente de operaciones. Sin embargo, aquí nuestras autoridades tienen que prestar atención a lo siguiente, por ejemplo una decisión “razonable” para un Asesor de Créditos y cualquier entidad financiera, es que si realiza operaciones con la tasa regulada más baja, intentará que los montos sean lo más próximos al límite máximo permitido, por un tema de eficiencia y rentabilidad. En términos numéricos, se preferirá colocar un crédito de $us 70.000 a una tasa del 5,5% que 10 créditos de $us 7.000 a la misma tasa, caso en el que claramente se puede advertir que acción es la de mayor costo y menor rentabilidad. Si acaso esto ocurre en la práctica, de todos modos habrá un sector de la población, más propiamente la clase media emergente que se verá beneficiada.

Por tanto, nuestras autoridades tienen que tener presente que si no se toman las previsiones del caso, puede suceder que un segmento de la población, específicamente la base de la pirámide, que no cuenta con sus documentos de propiedad perfeccionados, pueda quedar desatendida de créditos pequeños para el mejoramiento progresivo de su vivienda, por ejemplo, créditos menores a los $us 10.000 o $us 5.000; pero para no caer en un análisis especulativo, será necesario verificar estadísticamente esta situación, esto significará agregar en el transcurso del tiempo las operaciones de vivienda social por tamaño de crédito, para que con los resultados que se vayan observando se puedan introducir los correctivos que nuestras autoridades consideren pertinentes.

Otro elemento que nuestras autoridades deben atender y clarificar, es que pasa con las entidades financieras de menor tamaño y de estructuras de costo más altas, que si bien no están alcanzadas por el Decreto Supremo N° 1842, es el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito y las Instituciones Financieras de Desarrollo; sin embargo, realizan créditos menores orientados al mejoramiento progresivo de la vivienda pero a una tasa mayor que la establecida, por cuanto solo sus costos financieros son más altos que la tasa activa regulada por el DS mencionado. Cabe preguntarse entonces: ¿estas entidades deben dejar de dar esos créditos si acaso no son capaces de hacerlo a las tasas reguladas?, ¿deben seguir dando esos créditos en las condiciones anteriores al DS considerando que no están alcanzadas por esa norma?, ¿si hay clientes que no califican para las entidades que otorgan los créditos de vivienda social, deben recurrir al crédito informal?, ¿el crédito de mejoramiento y construcción de vivienda es solamente una actividad para los bancos y las entidades financieras de vivienda más grandes?.

Si acaso se advierte que con solo la regulación de la tasa de interés de vivienda social, la rentabilidad de las instituciones financieras está disminuyendo, habrá que tener mayor cuidado al momento de regular la tasa de interés para el sector productivo. Más aún cuando es una actividad que conlleva un riesgo inherente mayor, porque depende fuertemente de eventos que están fuera de control de cualquier actor (Estado, institución financiera, productor) tal como los fenómenos climatológicos.

Actualmente varias zonas han sido afectadas por diferentes fenómenos climatológicos y por tanto, hay clientes de las instituciones financieras que temporalmente están imposibilitados de honrar sus deudas. Tal como ha ocurrido en otros años las instituciones financieras están evaluando caso por caso, para dar el mejor tratamiento a su clientela incluyendo la posibilidad de un crédito adicional para que pueda reactivar su actividad económica. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ha emitido normas que precautelan a los clientes, indicando que quienes han sido afectados y no tienen capacidad temporal de pago, se les concederá una pausa de 6 meses en el pago de sus compromisos, pero también precautela la salud del sistema indicando que esta medida es tan solo para esas personas y no otras, mostrando una postura muy equilibrada.

De todos modos, estas acciones afectan los ingresos y la rentabilidad de las instituciones financieras, que conscientemente las realizan porque estos son momentos de solidaridad.

Todos los años se producen estos desastres naturales, por ello, la regulación de la tasa para el sector productivo no puede pretenderse que tengan el mismo nivel que el de vivienda social, por cuanto el riesgo es absolutamente diferente, sobre todo si se quiere tener mecanismos de financiamiento sostenibles para él.

Dado que las instituciones financieras tendrán una porción de su cartera que no esté limitada por una regulación de la tasa de interés, se puede pensar que todas optarán por realizar un subsidio cruzado entre productos de crédito. Por ello, -por ejemplo- se considera que la tasa de interés deberá cubrir al menos los costos de administración, costo financiero y las previsiones para incobrables (cartera en mora).

Considerando que los distintos tipos de entidades financieras tienen estructuras de costos diferentes, que responden al tamaño promedio de sus operaciones de crédito, es deseable que haya una regulación considerando esta variable fundamental, desde luego cuidando de no cubrir las ineficiencias de las instituciones. Para ello, es deseable –por ejemplo- que la tasa de interés fijada para las instituciones financieras sea construida por la suma del indicador costo administrativo/cartera promedio (expresado en %), más el porcentaje de la tasa pasiva (que en su momento también será regulada por nuestras autoridades) y más el porcentaje de previsiones para incobrables que corresponden al grupo de instituciones que tienen tamaños promedio de crédito similares. Los otros costos que hacen a la determinación de la tasa de interés como margen de ganancia, exposición al tipo de cambio, inflación, etc. deben ser cubiertos por el subsidio cruzado mencionado antes, es decir, por los ingresos provenientes de la porción de cartera de créditos que no tienen una tasa regulada.

Por lo anotado, no se considera aconsejable la fijación de una tasa única como en el caso de vivienda social, sin considerar el tamaño y estructura de costos de las entidades financieras, porque de ocurrir esta situación la actividad financiera quedará en manos de pocas entidades que serán las que vayan absorbiendo a las de menor tamaño, conformándose un oligopolio. Sin duda que ésta sería la consecuencia más liberal que pueda ocurrir en el marco del nuevo modelo económico, que se compromete a generar las condiciones para que haya una pluralidad de oferentes de bienes y servicios, tanto en naturaleza jurídica como en tamaño. Es un principio constitucional que seguramente nuestras autoridades cuidarán.

Sin duda, que la alternativa de determinación de la tasa para el sector productivo antes planteada es posible, pero es obvio que deben estar en análisis muchas otras más, de todos modos, cualquiera que sea por la que opten nuestras autoridades, debe tener la misma premisa, esta es la de preservar la solidez y estabilidad del sistema financiero en el corto y largo plazo.

Por lo que se percibe, las instituciones financieras están dispuestas a apoyar la aplicación de las nuevas políticas de Estado, tan solo esperan que la regulación del nivel de la tasa de interés para el sector productivo no ponga en riesgo su sostenibilidad.

No cabe duda tampoco del nivel de profesionalidad y responsabilidad con que las autoridades de gobierno se conducen, por cuanto, se está logrando un mayor desarrollo socioeconómico con estabilidad, es de esperar entonces que sus decisiones en torno al sector financiero se tome sin perder de vista que las instituciones financieras administran recursos del público y con la prudencia que ha caracterizado a nuestras autoridades.

Todos los actores (Estado, instituciones financieras y clientes) debemos contribuir a tener un sistema financiero que responda a las políticas de Estado, manteniendo su solidez y solvencia para que sus servicios sean útiles a la sociedad y sostenibles en el tiempo.

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