por: José Luis Exeni Rodríguez
Una de las reformas fundamentales del proceso (pos)constituyente en Bolivia, en el horizonte del complejo/contradictorio camino de refundación estatal, es la nueva arquitectura institucional, en especial el rediseño de los órganos del poder público. En este campo, la nueva Constitución trajo una importante innovación: transformar la exCorte Nacional Electoral (CNE) en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP). El cambio fue asentado en las correspondientes leyes de desarrollo constitucional.
Transcurridos casi seis años de vigencia del texto constitucional y más de cuatro años de existencia, al menos nominal, del OEP, la constatación/sensación es que el “Órgano Electoral Plurinacional” no es todavía ni Órgano ni, menos, Plurinacional. Parece que la actual institucionalidad electoral en el país sigue siendo la CNE, esto es, la entidad creada y especializada por el sistema político para administrar elecciones. Con el agravante de que ni ese mínimo está logrando hacer con eficiencia.
¿Por qué es tan cuestionable que el OEP, por voluntad-vocación de sus principales autoridades, siga siendo CNE? O mejor: ¿cuáles son las consecuencias, el resultado, de este estancamiento –cuando no retroceso– institucional? El dato más evidente y preocupante es que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se quedó muy rezagado respecto al horizonte normativo de la democracia intercultural. Es como si a las y los vocales nacionales solo les interesara concentrarse en (mal) organizar comicios. Nada más.
¿Y qué pasa con las otras formas de democracia reconocidas en la Constitución? ¿En qué está su complementariedad con igual jerarquía? ¿Dónde quedó arrinconada, negada, la demodiversidad? Aquí radica el corto circuito institucional: el nuevo OEP fue creado con el propósito de impulsar el ejercicio pleno de la democracia intercultural en el país. Ello implica administrar elecciones, cierto, pero también gestionar la democracia participativa y, en especial, acompañar la democracia comunitaria.
El balance general es que, pese a valiosos esfuerzos realizados en solitario por el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) –con el compromiso personal de su director recientemente destituido por cinco vocales marca CNE–; el balance, digo, es que como institución el OEP pareciera que aún no entiende, ni le interesa hacerlo, que es eso de “democracia intercultural”. Para algunos vocales se trata de prescindible “filosofía”. Lo serio, señoras y señores, es organizar comicios.
Tenemos entonces un escollo básico: el órgano del poder público que por mandato normativo, como razón de su existencia, debiera alentar la democracia intercultural en el país, no lo está haciendo (al menos en sus cabezas). El saldo es tan lamentable como evidente: se corona la democracia liberal-representativa, se bloquea la democracia participativa, se invisibiliza la democracia comunitaria. Así no hay horizonte democrático posible en el trazado largo de un Estado plurinacional con autonomías.
¿Qué sigue? ¿Qué hacer? La democracia intercultural no es un regalo de la Ley ni una concesión del órgano electoral. Es un campo de lucha. Por ello corresponde presionar y movilizarse. Solo así el año 2015 tendremos no solo elecciones subnacionales, sino también referendos para la aprobación de estatutos de la autonomía indígena y celebración de las democracias comunitarias en la elección directa de asambleístas departamentales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
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