noviembre 25, 2020

Una teoría mística del derecho

por: Franco Sampietro

“Los abogados de mi país me dan vergüenza” 

Evo Morales, entrevistado por CNN 

“Dios te salve, Bolivia, de los tinterillos” 

Pedro Shimose: Quiero escribir, pero me sale espuma 

El modo más sencillo de crear un monopolio es inventar un lenguaje y unos procedimientos que resulten ininteligibles para el lego. Tal ilusión de complejidad ha constituido, en todos los tiempos, la profesión de incontables estafadores. Ha sido también, de muchas formas, la práctica de la antigua y muy noble profesión del Derecho. 

La extensión de dicho monopolio es tan grande, que más que asombro inspira pavor: el derecho afecta la vida cotidiana en todos los aspectos imaginables, desde la conformación de nuestra educación hasta las formas de la moralidad, pasando por las diversas ramas de las relaciones y la vida social. Esta transferencia de poder hacia los abogados se ha producido sin estridencias, en virtud de nuestro perruno respeto por la ley. Y ahora la administración de cada asunto humano, hasta el más corriente, cae en la firme posesión de la abogacía. 

Se diría que la asistencia legal ha pasado a tener una importancia similar a la hospitalaria, y que la determinación profesional de los derechos de cada uno se ha vuelto tan grave como un chequeo médico producto del SIDA. 

Tan pronto como una parcela del esfuerzo o el interés humano cobran carácter de actividad comercial, como un herpes infeccioso aparecen los abogados. ¿Siempre necesitamos un abogado?, en realidad su fetichismo se debe a la propaganda: la combinación de una credulidad enorme y de una prudencia cuidadosamente inducida explican en gran medida el progreso de este negocio. 

Más aún: los sistemas legales no ofrecen al litigante la confianza precisa para acudir a ellos por propia cuenta, sino que promueven y fomentan la dependencia. Correcto: la complejidad del procedimiento anterior al juicio, el estilo ritualizado de las demandas, el foro público, la opacidad de su lenguaje mágico, todo ello contribuye a transfigurar la más sencilla de las reclamaciones en una oscura tarea esotérico-facultativa. No estamos educados para contender en tales casos (quizás hasta la escuela se esfuerza en evitarlo), de modo que, dejada a sí misma, la gente nunca está segura de sus derechos, y lo está menos sobre el modo de presionar para defenderlos. 

El sistema legal de una república es materia de exhibición solemne, es una apelación a la credibilidad internacional. Pero el gasto que semejante aparatosidad genera es espantoso. En países en pañales como los nuestros, rebalsados de prioridades, esas exhibiciones representan un despropósito. 

Y sobre todo está lo chocante, lo obsceno de su mistificación burda. Los tribunales son lugares en los que imperan la ceremonia y la forma. Se sostiene que son la impoluta justicia y el respeto sagrado por la ley la razón de ser del ritual de los abogados. Pero la realidad es otra: los ornamentos y la prosopopeya sirven como investidura del proceso legal convertido en religión, en secta celosa, en vez de presentarlo simplemente como un código aplicable para regular el comportamiento social y comercial y para arreglar conflictos. 

Cuando se aconseja dejar por completo el caso en manos de sus sacerdotes aduciendo que como laicos desconocemos lo que nos conviene, somos relegados a la posición de observadores de un drama real que podría alterar radicalmente el curso de nuestras vidas. 

Quienes integran esta pequeña elite no se limitan a condonar y a sentenciar, sino que mediante un rosario continuo de juicios, configuran también nuestras normas sociales y establecen los límites de la moralidad pública. Después de Dios, será el juez el individuo más omnipotente. Son los jueces los fabricantes principales de leyes, porque son el asiento último de la autoridad: es su sentido de la probidad y la decencia, y sobre todo, la educación cerradamente conservadora que han recibido, lo que fija nuestras normas. En sus manos el status quo se congela. 

La dimensión de su poder sólo puede apreciarse teniendo en cuenta que toman posesión del cargo-al que acceden por mera designación- sin cuestionamiento alguno, habitualmente sin que siquiera trascienda. 

¿En qué otra carrera toleramos semejante forma de ascenso, semejante todopoder, semejante falta de control público?. ¿Quiénes son estos hombres y cuáles son sus méritos?. A lo que debe sumarse la cuestión política: no es el juez la personificación de un conjunto de reglas que se aplican objetivamente, sino el caldo de cultivo del gobierno que lo puso, el resultado del trueque de oscuros favores. 

Ya es momento de preocuparse por las consecuencias de este consorcio kafkiano, de esta conjura tácita, del hecho de que entreguemos un poder tan grande y una confianza tan basta a un grupo de personas que no han hecho otra cosa que estudiar una profesión. Más aún: sería hora de perderles todo respeto a los abogados –en virtud que lo desconoce su práctica para con nosotros- para que el árbol de la vida social no siga dando sucias flores de privilegios desfasados, semillas de impotencia y decepción.

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