noviembre 25, 2020

Evo, la Ley Marco y las autonomías

por: José Luis Exeni Rodríguez

“Nos hemos equivocado, hay que reconocerlo, la anterior Asamblea (Legislativa) se equivocó, me equivoqué”. Con esas palabras de autocrítica, el Presidente Evo Morales planteó hace poco la necesidad de una pronta reforma en la Ley Marco de Autonomías (de julio de 2010). Claro que la confesión presidencial del error asumido en dicha norma se refería solamente a la composición y reuniones del flamante Consejo Nacional de Autonomías, que tiene la responsabilidad de discutir el esquivo Pacto Fiscal.

El anuncio de Morales fue rápidamente asumido como mandato por el Ministerio de Autonomías, anunciando la elaboración de un Proyecto de Ley de reforma, que seguramente será aprobado sin ninguna observación ni demora en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es evidente que cuando existe decisión y, sobre todo, voluntad política, se pueden encaminar sin trabas reformas normativas necesarias para el andamiaje institucional y territorial del todavía inexistente Estado plurinacional con autonomías.

¿Pero cuáles son las anunciadas reformas en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización? Son dos ajustes bastante (auto)evidentes y razonables. El primero es la inclusión del ministro de Economía y Finanzas en el citado Consejo Autonómico. ¿Acaso podría haber Pacto Fiscal sin su presencia? El segundo ajuste, en tanto, se refiere a la periodicidad de reuniones del Consejo que, según la Ley, es de dos veces al año. Demasiado burocrático. El Consejo debiera reunirse cuantas veces sea necesario.

Más allá de estos dos cambios normativos, que son simples y libres de discusión, lo más importante en la autocrítica presidencial tiene que ver con el reconocimiento de la lentitud en el avance del proceso autonómico en el país. Y es que, transcurridos seis años de vigencia de la Constitución Política (ya no tan nueva), si bien se han dado importantes pasos en la elaboración de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, el horizonte de nueva organización territorial del Estado es todavía lejano.

Me refiero en especial al irrenunciable anhelo de autonomías indígena originario campesinas, cuya realización está sembrada de obstáculos en la citada Ley Marco. Si a ello se añade la negligencia de los órganos del poder público (en especial del Tribunal Constitucional Plurinacional, primero, y del Tribunal Supremo Electoral, ahora) para viabilizar el proceso, coincidiremos en que hace falta mucho más que una constatación de languidez para darle un renovado impulso a las autonomías (en plural).

Lo que quiero decir es que el proceso autonómico en el nuevo modelo de Estado va más allá del Pacto Fiscal y, claro, de la composición y reuniones del Consejo Nacional. La autocrítica presidencial sobre los errores en la Ley Marco debiera referirse también a los candados y escollos que la propia norma (im)puso al proceso. La buena noticia es que el Ejecutivo y el Legislativo están ante una inmejorable oportunidad para incluir reformas sustantivas que realmente viabilicen el hoy fatigoso recorrido.

Con todo, pese a las complejidades y tropiezos, el segundo semestre de este año bien puede ser un momento de inflexión y salto en el camino autonómico con la realización de muchos referendos para la aprobación y puesta en vigencia de estatutos y cartas orgánicas. Ganas y voluntad política, es la consigna.

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