noviembre 29, 2020

Colombia da un paso definitivo hacia la paz

por: Carlos García Enrique

Para la guerrilla, las garantías de no volver a las armas pasan por abordar los cambios estructurales que Colombia requiere para salir de la pobreza, desigualdad y violencia que generaron la guerra.

El pasado 23 de septiembre de 2015 quedará como una fecha histórica en Colombia. La guerrilla de las FARC-EP, la más antigua de América Latina, y el Gobierno acordaron los principales elementos que regirán la aplicación de justicia y amnistía sobre los actores armados en cuanto a delitos de tipo político y conexos, convenio conocido como “acuerdo de creación de una jurisdicción especial para la paz”.

Puntos del acuerdo

El acuerdo no fue sencillo, según los propios expertos juristas que ayudaron a desencallarlo, pues se estaba tratando el tema de la justicia desde hacía dos años y no se había podido avanzar en ningún punto. Los guerrilleros manifestaron en varias ocasiones que no cumplirían ni un año de cárcel y la fuerza pública no quería escuchar hablar de recibir condenas de ningún tipo.

Sin embargo, el grueso de puntos se elaboró en este último mes, evidenciando, por una parte, que las partes cedieron y, por otra, la madurez del diálogo. Es la primera vez que un proceso de paz arroja una hoja de ruta jurídica tan detallada en un contexto donde se prevé acabar de manera definitiva, no con un grupo armado ni con una guerra, sinó también con el conflicto social y político que arrastra Colombia desde hace más de cinco décadas.

El acuerdo destaca por su visión restaurativa, dejando de lado las corrientes más punitivas que contemplan largas penas de cárcel que en definitiva no contribuyen a poner fin al conflicto ni a reparar a las víctimas, situadas en el centro de las conversaciones.

Con la ley de “justicia y paz”, sancionada durante el gobierno del ultraderechista Álvaro Uribe, donde el objetivo final era dar apariencia transitoria, el paramilitarismo protagonizó una falsa desmovilización y una mutación hacia las mal llamadas bandas criminales, que tienen hoy en día un preponderante componente mafioso y económico vinculado al narcotráfico, contrabando y desestabilización –por la vía militar– de otros países.

Los máximos líderes de las “autodefensas” cumplieron tan sólo ocho años de prisión, a pesar de cometer terribles crímenes, algunos comparables con los del nazismo, a cambio de una verdad raquítica, sesgada, sin responsabilidad del Estado –ni ninguno de sus funcionarios–, ni garantías de no repetición. No en vano, hasta agosto de este año fueron asesinados 69 defensores de Derechos Humanos, la gran mayoría por parte de grupos “neoparamilitares”.

El acuerdo final, frente a la justicia, que deberían asumir los guerrilleros y los miembros del Estado comprometidos en la guerra, está centrado en la satisfacción de los derechos de las víctimas que han participado del proceso reclamando, principalmente, verdad y garantías de no repetición. Por parte de las FARC-EP hubo un compromiso claro de participar activamente en ese sentido, señalando que para la guerrilla las garantías de no volver a las armas, o que aparezcan nuevas expresiones insurgentes, pasan por abordar los cambios estructurales que Colombia necesita para salir de la pobreza, la desigualdad y la violencia que generaron la guerra.

Aspectos novedosos del acuerdo

Igualmente, en el mentado texto hay elementos que se utilizaron anteriormente en Colombia y en otros países, como una amplia amnistía, y, también, elementos nuevos y revolucionarios, como la creación de todo un sistema de justicia alternativa, liderado por tribunales especiales, que podrían tener presencia de magistrados internacionales, centrados principalmente en la investigación y recuperación de la verdad. Otro elemento novedoso es la restricción de la libertad en condiciones especiales durante los trabajos de restauración y reparación del daño (desminados, protección del medio ambiente, entre otras) en el marco de penas alternativas y el tratamiento diferenciado entre los que asuman y colaboren para la recuperación de la verdad y los que se nieguen. Las penas de cárcel en condiciones especiales podrían alargarse de 5 a 8 años para los que participen del proceso, dependiendo de diferentes elementos jurídicos, y de 20 años en reclusión ordinaria para los que no quieran dar versiones en las que se pueda obtener verdad plena.

De la misma manera, el acuerdo pone encima de la mesa la participación activa en la guerra por parte de personas no armadas y el papel que han cumplido en el conflicto, abriendo una nueva dimensión en la visión de la guerra interna y presentándose como uno de los principales elementos que permitirían un proceso inclusivo y amplio al cual se podrán acoger civiles que reconozcan culpa.

Un elemento importante e imprescindible para las partes es la conversión de las FARC en un movimiento político legal en igualdad de condiciones a cualquier otra fuerza política en Colombia. Durante los periodos de reclusión especial los miembros de la guerrilla podrán participar activamente en política, lo cual es una novedad jurídica que rompe con el paradigma de condena y limitación de derechos públicos, en este caso al voto, reunión y a la participación política.

Consideraciones respecto a las FARC

Hay que recordar que a los diálogos de La Habana se llega porque ninguna de las dos partes consiguió sus objetivos militares pero, a pesar de eso, la corriente de opinión que se quiere propagar de manera interesada en la opinión pública es que las FARC deben tener un mayor castigo que los entes del Estado, especialmente el ejército y la policía, como si hubiesen sido derrotadas. Se pretende legitimar la guerra sucia y el todo vale, desconociendo que las reales víctimas de ese operar ilegal del Estado, supuestamente contra la guerrilla, fueron los civiles, y que la motivación de esos atropellos tuvieron un componente principalmente económico –con el despojo de tierras y el desplazamiento forzado como principal herramienta– y la introducción a sangre y fuego de la agroindustria y la minería trasnacional, además de la consolidación definitiva de la industria del narcotráfico.

Precisamente el desmantelamiento del paramilitarismo, que opera con total impunidad y en connivencia con la fuerza pública todavía hoy, es uno de los puntos más candentes que pone en entredicho las garantías de no repetición ya que esos grupos ilegales son los responsables, junto al Estado, del genocidio cometido contra cinco mil integrantes de la Unión Patriótica, partido político con el cual las FARC-EP intentaron integrarse a la vida civil durante las negociaciones de paz con el presidente Belisario Betancur, a finales de los ochenta.

A pesar de que el proceso, como cualquier otro, tiene fuertes opositores, sobre todo entre la fuerza pública, los partido políticos tradicionales y de derecha, latifundistas, y los grupos neoparamilitares (algunos de los cuales ya han advertido de que si llegan reinsertados de las FARC a su territorio los declararán objetivo militar), el acuerdo tiene un componente fuerte de lucha contra la impunidad y de recuperación de la verdad, lo cual es la mejor garantía de una transición sin olvido hacia la paz, que será difícil y dolorosa pero que acerca a Colombia hacia la anhelada justicia social.


* Psicólogo, periodista.

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