noviembre 29, 2020

¿A quiénes beneficia la Beca Comedor?

El pasado martes 13 de octubre, dos grandes filas rodeaban los alrededores de la Universidad Pública de El Alto (UPEA); una de estudiantes trasnochados y otra de automóviles y minibuses de muy buena apariencia. La curiosidad me llevó a averiguar cuál era el suceso que explicaba esta gran concentración.

La famosa “Beca Comedor” estaba siendo pagada a los universitarios de la UPEA. Este beneficio asciende a Bs. 2.750 por año y es otorgado a estudiantes de bajos recursos que por lo general llegan de las provincias; su entrega supone un estudio social previo, empero jóvenes que se apostaron con sus vehículos –algunos de último modelo– también cobraban esta beca.

¿Quién es responsable de otorgar este beneficio y definir qué estudiantes realmente necesitan este apoyo para proseguir su formación académica profesional? El Artículo 92 de la Carta Marga dispone el carácter autonómico de las universidades públicas, que consiste en la libre administración de sus recursos, el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo, así como la elaboración y aprobación de sus presupuestos anuales, entre los aspectos de mayor relevancia.

Esta administración es encarada bajo el principio del “cogobierno” que no es nada más que el gobierno compartido entre docentes y estudiantes; aunque un amigo me confesó que es un secreto a voces que lo que existe en la UPEA es una “dictadura estudiantil” comandada por la Federación Universitaria Local (FUL).

No hay una página institucional que proporcione información oficial del número de estudiantes de la UPEA, pero lo que se sabe es que superan los 30.000, de los cuales tampoco se conoce cuántos se benefician de la “Beca Comedor”. Para aproximarnos revisemos el presupuesto de la partida de gasto 77220 “Becas de Estudios Otorgadas a los Estudiantes Universitarios”, que incluye además del pago a los auxiliares a la beca en cuestión; menos mal que desde el 2010 el presupuesto de la UPEA es consolidado al Presupuesto General del Estado.

El 2010 el presupuesto de la señalada partida de gasto era de Bs. 6,3 millones, el 2011 se duplicaba llegando a Bs. 12,3 millones, el 2012 a Bs. 23,7 millones, hasta llegar al 2015 con una asignación de Bs. 36,5 millones. No estoy en contra de este beneficio, sin embargo, al ser recursos generados por todos los bolivianos su destino debiera permitir que jóvenes de escasos recursos y ganas de superarse reciban este apoyo hasta que obtengan su titulación.

Alguien tiene que fiscalizar la labor administrativa de la UPEA, “son autónomos” pero reciben recursos públicos. Hago un llamado a las autoridades de Gobierno para que vuelquen una mirada a este tema y condicionen la asignación de recursos extraordinarios del TGN, otorgados en calidad de subvención, a un manejo transparente y responsable por parte de la comunidad universitaria.


* Economista.

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