noviembre 26, 2020

La Chiquitania en marcha

por: Vicente Pesoa Mendoza

Se lucha por el ejercicio y respeto a la democracia comunitaria de acuerdo a sus normas y procedimientos, para su participación efectiva en la toma de decisiones.

La Organización Indígena Chiquitana (OICH), matriz representativa del pueblo indígena chiquitano, a través del directorio a la cabeza de su 1er. gran cacique general Justo Seoane Parapaino; 2do. gran cacique general, de organización y control social, Ignacio Macoño Añez; cacique de economía y desarrollo Rodolfo Arayuro Silva; cacique de tierra, territorio y recursos naturales Alicia Alegre Amancio y cacique de género y salud Benita Mariela Machicado Pesoa, que aglutina a las 10 centrales y 2 asociaciones de cabildos indígenas, con sus aproximadamente 800 comunidades chiquitanas de las provincias de Ñuflo de Chávez, Velasco, Chiquitos, Gérman Busch y Ángel Sandoval, forman parte activa de la estructura orgánica del movimiento indígena a nivel local, regional, nacional, afiliados a las matrices Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, Oriente, Chaco y Amazonía (CIDOB).

Los fines

El pueblo indígena chiquitano, con la finalidad de demandar y conseguir el reconocimiento a sus derechos a la tierra, el territorio, derechos políticos, económicos, sociales y culturales, así como para fortalecerse organizativamente, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), tratados y convenios internacionales, y normas legales vigentes, entiende que su misión en la representación a nivel municipal, departamental, provincial, regional nacional e internacional, tiene por objetivo el fortalecimiento de las organizaciones de base en torno de la unidad del pueblo chiquitano, ejerciendo y respetando la democracia comunitaria de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, para su participación efectiva en la toma de decisiones, en el marco de la dinámica social y política que genera nuestro Estado Plurinacional.

En este sentido la OICH viene desarrollando actividades y fortaleciendo a sus centrales y asociaciones de cabildos indígenas que sufren atropellos y discriminación de los grupos de poder atrincherados en el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, sub-gobernaciones y algunos gobiernos municipales de la chiquitania, los cuales saben que estamos avanzando en el fortalecimiento del proceso a través de la revolución democrática y cultural, apoyando las políticas sociales que implementa nuestro hermano Presidente para que sigamos construyendo juntos este Estado Plurinacional que tanto soñamos, incluyente, equitativo y con justicia social, establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), el cual garantiza la igualdad de derechos sin discriminación, con el objetivo de seguir avanzando en la consolidación de la redistribución de la riqueza y cumplir con el Buen Vivir para todas las bolivianas y bolivianos y nuestros pueblos indígenas.

Las dificultades

Lamentablemente los intereses privilegiados de las “logias” a la cabeza de Rubén Costas Aguilera, no permiten que avancemos y nos fortalezcamos como pueblos indígenas, así sus políticas sociales van dirigidas a los intereses de grupos y los recursos que genera nuestro Estado Plurinacional se concentran y mal reparten porque en nuestras comunidades y en el pueblo indígena chiquitano no conocemos la autonomía al andar, sí el gatito que aúlla y no él tigre que ha despertado para dar desarrollo a las provincias y sus comunidades.

Consideramos que los porcentajes de distribución no son equitativos, por ello el pueblo ha planteado la modificación de los porcentajes que se aprobaron de forma autoritaria y sectaria en el Proyecto del Estatuto Autonómico Cruceño, que se envió al Tribunal Constitucional Plurinacional, y que no tiene otro propósito que eternizar los privilegios de una élite que tiene el poder en Santa Cruz.

Las medidas

Nuestra lucha es justa y estamos haciendo uso de los derechos constitucionales que garantizan el respeto de nuestros derechos. Junto a nuestra plataforma de marcha durante 29 días caminando por nuestra dignidad y respeto a nuestros derechos, a partir del 31 de agosto del presente año desde la Casa Grande, ubicada en la localidad de Concepción, seguimos sin cansancio y con otros 29 días de vigilia a las afueras de la Gobernación de Santa Cruz, orientados y enfocados en los principios, misión y valores del pueblo indígena chiquitano, enmarcados, en nuestra plataforma de demandas que el pueblo nos dio como mandato en la asamblea extraordinaria, de la cual no claudicaremos.

De esa forma pedimos:

1. Respeto a la democracia comunitaria de acuerdo a los procedimientos propios y sus normas, y respeto a las estructuras orgánicas del movimiento indígena y a sus dirigentes.

2. Reconocimiento e incorporación de la propuesta de estatuto autonómico presentado por el pueblo indígena chiquitano ante la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, que recoge todas nuestras demandas y el reconocimiento de nuestros derechos.

3. Modificación parcial de los artículos de la ley departamental 013 con fecha 22 de diciembre de 2009, aprobada por el Consejo Departamental, la cual establece la mala distribución de 50%, 40% y 10%.

4. Devolución de los recursos económicos adeudados a los gobiernos autónomos municipales y organizaciones indígenas.

5. Demandamos también el reconocimiento de los siete pueblos indígenas originarios en el Estatuto Autonómico de Santa Cruz.

En estos 29 días de vigilia, sufriendo inclemencias del tiempo, lluvia, frío y calores que alcanzan los 42ºC, junto a nuestros hermanos y hermanas chiquitanas que con hijos en brazos siguen soportando la discriminación del gobernador Rubén Costas, que prefiere divertirse y viajar y no atender a un pueblo indígena ni sus demandas, actuando como un dictador sin la capacidad de dialogar, denunciamos que se miente cuando se informa de la distribución del 10% del presupuesto supuestamente destinando a proyectos de desarrollo en los cinco pueblos indígenas del departamento, cuestión que no pueden refutar ni siquiera señalando en qué fase están esos proyectos pues no existen.

Asimismo, revelamos la mala distribución que están haciendo de los recursos económicos que son destinados para el desarrollo de nuestras comunidades y pueblos para el Vivir Bien.

No quieren dialogar, no respetan nuestras estructuras orgánicas, nuestra democracia comunitaria, violan la CPE, convenios y tratados internacionales, y siguen discriminándonos en tanto sólo reconocen a los cruceños y cruceñas, como lo manifiestan a cada momento.

Por esas razones pedimos a la Asamblea Legislativa Plurinacional que intervenga ya que la ley le compete para que lo haga; pedimos a la Contraloría que haga auditoría a los proyectos que se ejecutan en los pueblos indígenas de Santa Cruz; y al Ministerio de Transparencia para que le dé seguimiento a los proyectos que supuestamente se están ejecutando.

Esta movilización ha logrado unir y participar a los pueblos: chiquitano, guaraní, yuracaré, mojeño y guarasube. Los pueblos guarayo y ayoreo todavía no se han integrado plenamente por las influencias prebendales, pero son varias las representaciones de comunidades que participan, principalmente ayoreas.


* Asambleísta departamental electo.

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