diciembre 4, 2020

La denuncia revolucionaria

La semana pasada dedicamos una editorial al tema de la corrupción, alarmados por la serie de arrestos que se sucedieron ininterrumpidamente en menos de tres días. Nuestra preocupación inicial era el temor a que el país estuviera sufriendo este fenómeno de forma estructural. La pregunta fue dejada abierta al estimado lector y seguirá siendo así hasta que abordemos esta cuestión en nuestros artículos centrales.

No obstante, a raíz de los hechos de esta semana, vale la pena apuntar algo. Aunque la corrupción ha sido un problema recurrente, esta es posiblemente la primera vez que las autoridades son enjuiciadas a poco tiempo de destaparse su caso. ¿O se olvidan de Tonchy Marinkovic? ¿Walter Guiteras? ¿Jaime Paz Zamora? ¿Yerko Kukoc?

Se trataba de casos de corrupción no solamente conocidos, sino que impunes. Las estructuras partidarias de aquellos tiempos no sólo ocultaban este tipo de actos, sino que los promovían. Se trataba, después de todo, de un fenómeno previsible, tomando en cuenta la separación que existía entre la sociedad civil y el Estado en aquel entonces. No es casualidad que se haya llamado oligarquía a esta vieja clase política.

Por esto, aplaudimos la celeridad con la que se está tratando de resolver los actuales casos, aunque condenable la existencia misma de éstos. No obstante, las investigaciones deben continuar, hasta que cada uno de los implicados sean castigado.

Los gobiernos de izquierda no podemos darnos las mismas libertades que se dieron nuestros antecesores neoliberales. Ellos tenían una reputación elitista y despreciadora del pueblo, nosotros nos debemos a él y sólo a él… Por eso, es importante solucionar estos problemas dentro de nuestro Estado. Es una cuestión política. La legitimidad de las organizaciones sociales debe ser protegida a como de lugar.

Algunos líderes de la opinión pública utilizan estos casos para criminalizar a las organizaciones sociales que encabezaron este proceso de cambio, y es lógico que hagan eso. Es consecuente con sus intereses de clase. Pero los analistas y militantes de este proceso no deben quedarse con la boca cerrada. Es su deber revolucionario criticar estos actos de corrupción y defender la legitimidad de este proceso, sobre todo cuando los cargos están dirigidos contra de personas particulares.

Porque es así, fueron personas particulares las que incurrieron en ilícitos. No se puede negar el componente sistémico de este caso. Por supuesto que hay un entramado institucional que facilitó que estas personas lucren con las necesidades del pueblo, pero este componente no se asemeja en nada a las infames aventuras de muchos corruptos de la derecha que gobernaron este país desde siempre.

Con esta afirmación no estamos dorando la píldora, estamos diciendo que se pueden encaminar reformas profundas al respecto. De no hacerse, les estaremos dando la razón a nuestros enemigos.

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