diciembre 5, 2020

¿Qué hacer ante el tarifazo e impuestazo de Revilla?

por: Edmundo J. Nogales Arancíbia

En el municipio de La Paz nos subieron el pasaje un 33%, sin contar el incremento del mismo con la reducción del horario nocturno que antes era a partir de las 21:30 y ahora desde las 20:30. Durante la semana aumentaron el precio de los impuestos a las transferencias de bienes inmuebles y vehículos, sin embargo, eso no es lo más preocupante en tanto lo que más debería inquietarnos es que la población paceña reaccione pasivamente.

Igualmente, no nos estamos percatando de la política que promueve Revilla para la desaparición de mercados a ser reemplazados por supermercados, que en los últimos años han tenido un gran crecimiento; en los hechos adoptó una política normativa que facilita la creación de supermercados y el ejemplo más ilustrativo está en el mercado Camacho, que fue arrinconado para dar prioridad el patio de comidas que tiene el Centro Comercial Camacho.

Por otro lado, mientras parte de la población salió a reclamar por el tarifazo, el Alcalde, desde el 29 de febrero al 4 de marzo, realizó la feria de contrataciones en beneficio del sector empresarial, poniendo a disposición 80 millones de bolivianos.

No observamos que la lógica de administración del municipio paceño se basa en la tercerización de servicios y contratación de empresas privadas –junto a la concepción de que el único ingreso deben ser los impuestos–, es decir, el ciudadano de a pie sustenta un tipo de administración pública que pone los recursos que genera a disposición de los empresarios privados; es un municipio al servicio de empresarios.

Sin duda nos dirá que los empresarios pagan impuestos, pues bueno, en realidad los termina pagando el ciudadano que consume el producto o servicio final, porque el costo de los impuestos ya está contemplado en los costos de producción y comercialización del empresario.

La tercerización permite desconocer derechos laborales, por ejemplo, de un sector social bastante grande que es el de los trabajadores constructores, que al trabajar para un empresario o contratista que tiene un contrato con el municipio, no tienen estabilidad laboral y en la mayoría de los casos no cuenta con atención médica ni aportes para su jubilación.

La administración del municipio paceño no admite la lógica de que el Estado pueda ser actor de la economía y generar recursos a través de empresas públicas. Tampoco apoya la economía social comunitaria, a la cual observa como un tipo de economía que debe desaparecer para dar paso a la economía empresarial que es en sí la economía capitalista.

¿Qué le queda al pueblo? En términos crudos, a la casera del mercado le queda convertirse en desempleada y buscar trabajo en algún supermercado u organizarse y movilizarse para ponerle un punto final a esta lógica que está destruyendo su trabajo en beneficio de los empresarios.

Al pueblo nos queda movilizarnos y organizarnos para que el municipio esté al servicio del pueblo y no de los empresarios, porque el dinero que invierte en beneficiar a éstos bien puede servir para apoyar y fortalecer la economía popular, mejorando infraestructura y condiciones de salubridad en los mercados y comedores, impulsando la constitución de empresas sociales en el municipio, reconociendo a los trabajadores con todos sus derechos.


* Integrante de la Escuela Nacional de Formación Política.

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