por: Miguel Justiniano
El único camino válido para erradicar la delincuencia juvenil son las políticas sociales inclusivas e integrales.
Las contradicciones o tensiones creativas dentro de los procesos revolucionarios, acarrean ciertos paradigmas que evidencian a algunas instituciones gubernamentales, tal es el caso del Ministerio de Gobierno y toda la parafernalia mediática que le rodea.
De un tiempo acá hemos visto una escalada considerable de aspectos conservadores y, en algunos preocupantes casos, hasta reaccionarios, que culminan su ciclo en un único aspecto: “la criminalización de la juventud”.
Tal cuestión se enraíza aceleradamente dentro de la estructura estatal, hecho que en un gobierno revolucionario es absoluta y totalmente contradictorio, puesto que el concepto de revolución, y más aún en el caso boliviano, adquiere fuertes matices generacionales que deberían verse reflejados en la toma de decisiones estatales; lo que al día de hoy extrañamos por su ausencia en el campo de la seguridad interna del Estado.
Rebaja de la imputabilidad penal
El salto cuantitativo sobre la temática que nos atañe estuvo, hace algunas semanas, en la mediatización de una golpiza propinada por unos jóvenes asaltantes a una pareja indefensa en predios públicos, hecho que con una fuertísima cobertura mediática, y algunas concepciones reaccionarias en nuestro Ministerio de Gobierno, terminó reflejándose en la propuesta de la disminución etaria de la edad penal aplicable.
Esta furtiva propuesta nos abre las puertas de varias interrogantes y contradicciones que debemos abordar seriamente para sentar precedentes sobre lo racional e irracional dentro de una estructura estatal en una época de cambios como la actual.
Antes veremos algunos antecedentes que prepararon el terreno para esta “cacería de brujas generacional”:
● Hace aproximadamente un año el joven Daniel Rodríguez, de 16 años de edad, fue el responsable directo de un accidente de tránsito que culminó con la muerte de los tres integrantes de una familia, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La mediatización del caso posicionó el tema en el imaginario público y el Ministerio de Gobierno a través de su Viceministerio de Seguridad ciudadana, en búsqueda del protagonismo, anunció la aplicación del Dto. 2636, con la supuesta finalidad de barrer con las licencias de conducir de la totalidad de los menores de edad; esto en complicidad con gobernaciones, alcaldías, Ministerio Público y la policía, ante el estupor de jóvenes estudiantes y trabajadores.
¿La raíz del conflicto?
Las medidas aplicadas para el anterior caso no contribuyeron en absoluto para resolver el problema de fondo que identificamos como “el excesivo consumo de alcohol en grupos poblacionales menores a 18 años ante la escasez de propuestas de ocio juvenil reales”.
Pero, ¿quiénes son aquellos que tienen que brindar estas alternativas de ocio juvenil? Irónicamente los mismos agentes que de la mano del Ministerio de Gobierno optaron por doblegar de una manera “ejemplarizadora” a los jóvenes, en otras palabras, gobernaciones, alcaldías, etc.
Sin sentidos de la tragedia
Según declaraciones del propio Ministro de Gobierno, realizadas en octubre de 2015, se declaró que “Bolivia tiene el índice más bajo de criminalidad de Latinoamérica”. [1]
Pero, paradójicamente, de manera paralela, empezó a sembrarse coordinadamente una campaña por parte de Policía, Ministerio de Gobierno y los grandes oligopolios mediáticos (como podemos observar en uno de los titulares del diario Página Siete: “El 90% de los bolivianos teme ser víctima de la delincuencia”, según una encuesta realizada por Captura Consulting) [2], para sembrar la desconfianza de gran parte de la población hacia los jóvenes, tachándolos de violentos, subversivos, drogadictos, problemáticos, postura que ha ido avanzando de manera escalonada y preocupante.
Así, una vez que la población interiorizó aquellos discursos, se procedió a la cacería indiscriminada sobre todo grupo de jóvenes que se encontraran en horas “no apropiadas” en la calle reunidos; no importaba el motivo ni el por qué, lo que importaba era dar la carne para que el monstruo mediático se alimente. (Ver nota: “Arrestan a 30 personas en acción policial en La Paz. Se intensificaron los operativos para dar con integrantes de pandillas. Se anticipa que se desplegarán a más uniformados en determinadas regiones, sobre todo en frontera”, 14 de Marzo 2016. Fuente: El Deber). [3]
Los telediarios pedían a gritos más jóvenes presos, trepados como ganado en camiones policiales, estaban sedientos de aquellas ruedas de prensa a las que nos tiene acostumbrado el Ministro, mostrando el peligro inminente para la sociedad y la seguridad del Estado, nada más y nada menos que adolescentes inadaptados por factores sociales. (Que en efecto cometieron delitos no por su condición de adolescentes sino por su extracción social de pobreza).
Desafíos de la juventud
Toda esta trama lo que busca no es acabar con la delincuencia juvenil ni mucho menos proteger a la desamparada juventud boliviana, por el contrario, procura disciplinarnos, domesticarnos y darnos una demostración ejemplarizadora de qué nos puede pasar si contradecimos a la vieja guardia del orden y la seguridad republicana colonial y fascista. Sin mencionar que vulnera un conjunto de resoluciones sobre DD.HH. y nos podría acarrear problemas como país ante organismos de justicia internacionales.
Según datos oficiales del INE, más de la mitad de la población boliviana es legalmente joven [4], es decir, las personas menores de 28 años se encuentran en la categoría jurídica de “persona joven”, por tanto hemos de incidir verdaderamente sobre la toma de decisiones que afecta directamente contra los grupos poblacionales que representamos, y más aun tratándose de juventud que es uno de los bolsones más representativos y relevantes referente a todos los aspectos que aluden al manejo del Estado y la sociedad.
Si como jóvenes no logramos una articulación efectiva para la denuncia de proyectos conservadores-fascistas que nos penalizan, se nos plantean escenarios mucho más difíciles.
Al finalizar esta semana tenemos la realización de la Cumbre de Justicia [5], luego de realizadas las pre-cumbres, que probablemente ha de marcar el tratamiento de los jóvenes que hayan delinquido y los protocolos de actuación de la policía boliviana en las diferentes problemáticas que pudieran suscitar. Si en la cita no se deja oír la voz de los jóvenes bolivianos se producirá una hecatombe para la realización de futuras políticas públicas con una visión generacional, lo que materialmente significaría el retroceso de décadas en la conquista de derechos y libertades.
El único camino para erradicar la delincuencia juvenil son las políticas sociales inclusivas e integrales, y la implementación plena de la Ley 342, “Ley de la Juventud”. Su criminalización es una conducta propia de la ultraderecha reaccionaria y moralista. Ser joven no es delito.
* Militante del movimiento juvenil Columna Sur.
1 Las declaraciones de la autoridad de gobierno fueron realizadas al término de la Semana de la Seguridad Ciudadana, en Quito Ecuador, evento en el que participaron representantes de 21 países de América Latina y Europa. http://www.eldeber.com.bo/bolivia/bolivia-indice-mas-criminalidad-latinoamerica.html
2 Página Siete: “Una encuesta revela que ningún lugar es completamente seguro.- El 90% de los bolivianos teme ser víctima de la delincuencia”, publicado en Lunes 13 de abril del 2015.
3 El Deber: “Arrestan a 30 personas en acción policial en La Paz”, publicado el Lunes 14 de marzo del 2016. http://eldeber.eldeber.com.bo/bolivia/arrestan-30-personas-accion-policial.html
4 Instituto Nacional de Estadística (INE). http://censosbolivia.ine.gob.bo/
5 http://cumbredejusticia.bo/convocatoria/
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